Tras el veto del gobernador justicialista pampeano y ex funcionario de la última dictadura militar, Oscar Mario Jorge, de la ley que reglamentaba la atención de los abortos no punibles, el diputado socialista Adrián Pe-ppino, impulsor de la normativa, anunció que insistirá en el próximo año para ratificarla, a través del voto de los dos tercios de la Legislatura unicameral de la provincia. Entre tanto, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, oriundo de La Pampa, opinó en diálogo con Página/12 que “no hay ningún tipo de objeción constitucional para la sanción de ese protocolo”. El principal argumento del mandatario para voltear la ley fue que la consideró “inconstitucional”, en coincidencia con el planteo del obispo de Santa Rosa, Rinaldo Fidel Bredice, que el mismo día de la sanción de la ley, el 29 de noviembre, salió a repudiarla, a pedir su veto y a tildarla de “inconstitucional”.

La ley fue aprobada por amplia mayoría: 18 votos contra 5. La apoyaron legisladores de todas las bancadas y también contó con el respaldo del Ministerio de Salud de la gestión de Carlos Verna, el gobernador justicialista saliente, que llamativamente no la promulgó. Para Gil Domínguez, el veto de Jorge es “una decisión muy desafortunada, porque desconoce toda la normativa internacional constitucional y legal que aborda esta temática”. El constitucionalista, profesor de la Universidad Nacional de La Pampa y de la UBA, apuntó que las excepciones contempladas en el Código Penal en materia de aborto tienen más de 80 años: no se considera punible cuando el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la mujer o si la gestación proviene de una violación o un atentado al pudor a una mujer discapacitada mental. “Lo que hizo La Pampa, como también lo hicieron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosario y la provincia de Buenos Aires, es reglamentar esas excepciones, es decir, establecer un procedimiento para que se efectivice lo que dice el Código Penal; no es invadir ninguna esfera concreta del Congreso nacional”, argumentó.