Por Arturo Iglesias Echegaray *

La convertibilidad con cambio fijo en uno subordinó a la Argentina dentro de la división internacional del trabajo y provocó el mayor retroceso productivo que registren nuestras cuentas nacionales. Los años de crecimiento 1991-1994 y 1996-1998 fueron la expresión de la reestructuración forzada por el retraso cambiario, la privatización y desnacionalización de empresas, la pérdida de derechos laborales y la regresión distributiva. En junio de 1998 se desencadenó la depresión que anidaba en la falta de competitividad industrial y la pérdida de ingresos de los trabajadores. Se cerró entonces el crédito externo, obligando a reequilibrar el Presupuesto nacional en niveles inferiores de actividad y salarios. La profundidad de la crisis y su repercusión en el sistema financiero barrieron con el ministro Cavallo, el gobierno radical y la dolarización, que es el modelo acabado del bimonetarismo inicial.
Pero una devaluación de gran magnitud que no es parte de un plan de cambio estructural favorece la acumulación concentrada en los oligopolios, hace caer el empleo productivo y se convierte en un elemento de actualización del modelo neoliberal. La flotación cambiaria con intervención del Banco Central y la adecuación de las cuentas públicas a las necesidades de expansión de los Grupos Económicos son dos medidas largamente reclamadas por el FMI, con las que Cavallo no pudo cumplir por seguir un esquema demasiado rígido de globalización, imprescindible para desmantelar la economía nacional en 1991, pero que debía ser readecuado porque la depresión había afectado la rentabilidad de las grandes empresas.
Es grave que se ponga como eje de la política monetaria el envío del préstamo del FMI. La devaluación fue compensada con retenciones muy bajas a las exportaciones. En realidad, el tipo de cambio actual justificaría gravarlas con un porcentaje mucho mayor. Hace años, los gobiernos latinoamericanos devaluaban la moneda y, con toda naturalidad, gravaban las exportaciones primarias con elevadas retenciones que mitigaban los efectos inflacionarios e incrementaban los ingresos fiscales. Así, la medida devaluatoria del 40 por ciento que tomó el gobierno de Onganía en 1967, llevando el dólar de 250 a 350 pesos, fue neutralizada con retenciones compensatorias del 25 por ciento sobre las exportaciones agropecuarias.
Como afirmaba en aquel entonces el actual secretario de Finanzas:
“La devaluación fue acompañada de retenciones a la exportación de productos tradicionales, lo cual implicaba mantener la paridad para estos productos en el mismo nivel que antes de la devaluación. Con esta medida se evitaba la conocida traslación de los precios externos al mercado interno, de modo que no presionaran sobre el nivel de salarios”. (Lisandro Barry, Coyuntura económico-financiera y coyuntura política, 1971).
El criterio central de la secretaría de Hacienda es que el gasto debe adecuarse a la recaudación, acompañar el nivel de actividad económica; con una alteración deficitaria que, gracias al recorte de 11 por ciento del gasto en personal, podría llegar a convertirse en superávit. Sólo se consideran las partidas que estén acompañadas de financiamiento y una emisión monetaria limitada. Como sabemos, un presupuesto equilibrado que disminuye el gasto público en los años de depresión, convalida la reducción del gasto global y acelera la espiral recesiva. Sería preciso aplicar lo que desde la posguerra se conoce como “programa fiscal de tipo compensatorio” y convertir el presupuesto en una herramienta para crear empleo, lo que exige transformar la economía. Pero, conceptos como éste parecen ser parte de un saber perimido. En cambio, en una situación de emergencia, se busca el superávit primario para cumplir con los vencimientos de deuda.
Los censores norteamericanos no se dan por satisfechos, pues pretenden sustentar la generación y transferencia de sus ganancias con equilibrios fiscales y externos. Hay una fuerte presión para limitar los gastos provinciales a los recursos propios, sin importar que se ensanche la desigualdad entre distritos. Detrás del objetivo de aumentar la productividad de la administración pública, se disimula el intento de desfinanciar las instituciones del Estado a fin de degradar la actividad política y sujetarla al poder económico.
En la Argentina hay un problema de deficiencia en la demanda agregada, que el ofertismo de Cavallo no hizo sino empeorar. Pero, en realidad, el problema es simultáneo. Nunca habrá suficiente demanda si no se crean nuevas actividades productivas donde tengan cabida trabajadores que accedan a la educación. El único trabajo con futuro es el que utiliza la capacidad intelectual de las personas, en empleos con buenas retribuciones, para producir bienes que tengan demanda y satisfagan necesidades sociales. Pero en este momento, no hay demanda de consumo, no hay exportaciones con encadenamientos productivos internos, no hay capacidad exportable de bienes con alto valor agregado, no hay capacidad de abastecer con insumos complejos, bienes y equipos el mercado interno. Tal como dijo Paul O’Neill: “la Argentina debe solucionar sus problemas domésticos antes de recibir asistencia”. Le tomamos la palabra. El plan para salir de esta situación “sólo lo pueden hacer los argentinos”. Pero no hagamos un plan de equilibrio en el presupuesto y el balance de pagos que sirva de sustento a las ganancias extraordinarias y la transferencia de ahorro interno a su país, sino un plan que dé sustento al pueblo argentino, desarrolle y emplee sus capacidades laborales, y que tenga la consistencia interna que se consigue superando las condiciones sociales que bloquean ese desarrollo. De nada sirve reactualizar el tipo de cambio si no es una medida instrumental en el marco de un plan de desarrollo fundado en la redistribución del ingreso y el cambio del perfil productivo.

* Economista