Por Leonardo Bleger *

El mundo sigue con atención el proceso de reestructuración de la deuda externa argentina. Se trata del mayor default de la historia financiera mundial –por su monto– y de una extrema complejidad, dada la cantidad de bonos, monedas y jurisdicciones involucradas. Como escribió recientemente el ministro Roberto Lavagna esta reestructuración se está llevando a cabo sin una “carta de navegación” que permita guiar el rumbo del proceso.
Tras la asunción del gobierno republicano de Bush, se modificó la política de salvatajes a los acreedores privados, realizados con recursos de los organismos financieros internacionales. Según el nuevo enfoque, para evitar el denominado “riesgo moral”, los tenedores de títulos deben afrontar las pérdidas derivadas de sus arriesgadas apuestas o errores de juicio. Sin embargo, esta posición no se tradujo en un nuevo conjunto de reglas. La iniciativa de Anne Krueger, subdirectora gerente del FMI, de crear un régimen de quiebras para países insolventes, fue descartada por los propios Estados Unidos, que desistieron de apoyar cualquier actividad posterior en la materia.
En el documento final de la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre la Financiación del Desarrollo (Monterrey, 2002) se dice que “a fin de promover una distribución equitativa de la carga y reducir al mínimo los riesgos morales, acogeríamos complacidos el examen, por todas las partes interesadas, de un mecanismo internacional de renegociación de la deuda en los foros apropiados, que permitiera que los deudores y los acreedores se reunieran para reestructurar las deudas insostenibles, oportunamente y en forma eficiente”. Sin embargo, la recomendación no se ha concretado en iniciativas concretas.
El mencionado cambio en la posición de Estados Unidos, ahora contraria a los salvatajes, no se explica por el afán de construir un sistema financiero internacional más justo. Responde a la mayor influencia en los círculos de gobierno de la fracción de corporaciones vinculadas al complejo militar industrial, a la producción y los servicios y a una cierta declinación –relativa– del peso de los intereses financieros de Wall Street. En línea con este rebalanceo de intereses, las prioridades de la agenda estadounidense para Latinoamericana pasan por los acuerdos comerciales bilaterales (como el firmado recientemente con Chile) o multilaterales, como el ALCA.
El tratamiento de la deuda externa por parte del gobierno argentino podemos resumirla en los siguientes puntos:
n La fijación de un límite al pago de intereses de la deuda pública, equivalente al 3 por ciento del Producto. De ese “bolsillo único” debe salir la totalidad de los pagos a los distintos tipos de acreedores. Este monto equivale a tres veces la partida anual del Programa Jefas y Jefes de Hogares. El crecimiento de la base de cálculo –el PBI– abriría la posibilidad de aumentar el monto de los pagos en el futuro.
n El reconocimiento del status de acreedor privilegiado a los organismos financieros multilaterales. Esas instituciones no sólo no sufren quitas de capital, sino que redujeron su exposición y cobran la totalidad de los intereses con las condiciones originales.
n Se pagaran en los términos previstos las deudas emitidas (Boden) luego de la crisis.
n Una propuesta a los acreedores privados con una quita de valor nominal del 75 por ciento, muy superior a los antecedentes en la materia (por casos, Rusia y Ecuador). Para ponderar exactamente la magnitud de la quita y el consiguiente esfuerzo de pago, la oferta a los acreedores requiere de precisiones mayores, tales como la tasa de interés de los bonos –se han definido rangos– y la confirmación de que no se reconocerán los intereses atrasados y de que no habrá pagos adelantados.
Mientras tanto, los acreedores están escalando su respuesta. Avanzaron en su coordinación conformando un Comité Global (esa coordinación quenunca pudo concretarse en el caso de los países deudores), redoblan las presiones sobre sus gobiernos para que éstos las trasladen al FMI, al tiempo que despliegan acciones judiciales.
El gobierno de Estados Unidos y el Fondo, “sensibilizados” por esas presiones, estarían aconsejando reducir el monto de la quita nominal. Es decir, aumentar el esfuerzo nacional para engordar el “bolsillo único”. Seguramente, con motivo de la renegociación de las metas del stand by para los años 2005 y 2006, redoblarán sus exigencias. El juez Thomas Griesa se ha lanzado a relevar activos del gobierno argentino en el exterior, susceptibles de ser embargados. La tarea no resulta fácil, menguando el poder de sanción de los acreedores.
Todo hace prever que la reestructuración será un proceso conflictivo y complejo. Barry Herman, un funcionario de Naciones Unidas, ha escrito en la última edición de la revista de Cepal: “Como la reestructuración de la deuda soberana es en verdad un proceso político, debería dar lugar a que todos los interesados lleven a cabo el más amplio debate posible sobre las condiciones en que se efectúan”. Es decir, una mayor participación de la sociedad a través de sus organizaciones representativas fortalecería la capacidad de negociación en defensa del interés nacional.

*Economista Banco Credicoop Coop.