Por Leonardo Goldberg *

El artículo de Oscar Sbarra Mitre en el Cash del 11/4/04 lleva por título “¿Quién debería pagar la deuda? Justicia y ficciones”. Leí y releí el artículo y, sin ánimo de polemizar con él –estoy seguro de que estamos del mismo lado–, se ha reforzado mi convencimiento de que el tema de la deuda externa no admite la formulación de ficciones borgeanas, proyecciones econométricas, lamentos o explicaciones. Tampoco soporta nuevas investigaciones. Todo fue investigado y demostrado en el juicio “Alejandro Olmos c/Estado Nacional” que sustanció el juez Ballestero. Lo que requiere es tomar decisiones políticamente correctas ubicadas, también correctamente, en el momento histórico concreto que nos toca vivir. El de la deuda es un problema relacionado con el poder y éste se disputa políticamente. Para encararlo, hay que rechazar de plano la concepción de que “la política es el arte de lo posible” y entender que es la ciencia para el cambio de las correlaciones de fuerzas en la sociedad. Es el instrumento para modificar la conciencia colectiva.
Quiero coincidir con Sbarra Mitre con que “las deudas deben pagarse, tal como las leyes deben cumplirse”. Debe hacérselo en los términos fijados por el gobierno nacional. Unos pocos y primarios cálculos confirman que un 60 por ciento de quita equivale a los intereses cobrados de más por refinanciaciones a tasas de interés inadmisibles, aunque las mismas contengan una prima de riesgo. Es necesario que la quita sea importante, por motivos económicos y también por cuestiones éticas: comprometer al país con epopeyas ficticias sería un nuevo engaño. Lo que no debe hacerse con esta forma de pago es establecer una suerte de “punto final”; como obtuvimos una reducción importante dejemos de escarbar para atrás.
Creo que Sbarra Mitre coincidirá conmigo en que el endeudamiento público contraído en divisas con agentes económicos residentes y no residentes sufrió incrementos cuantitativos y saltos cualitativos en tres etapas.
La primera fue durante la dictadura militar. Cabe la duda acerca de si el endeudamiento de la entonces YPF, hasta más allá del límite de tolerancia para sostener la famosa “tablita”, es materia judiciable. Me inclino a pensar que es solamente moral y políticamente reprochable, repudiable y condenable. Restaría comprobar si los importes que nos fueron prestados en esa ocasión contienen algún tipo de “fee” abonado a funcionarios argentinos, por haber intervenido en el aumento incivilizado de los pasivos nacionales. Si ello fuese cierto, cabría un enjuiciamiento por infame traición a la Patria.
La segunda etapa fue en 1982, durante la gestión de Domingo Cavallo como presidente del BCRA y Dagnino Pastore como ministro de Economía, cuando con autoría intelectual del primero y consentimiento y convencimiento del segundo estatizaron la deuda en divisas del sector privado residente. Por ese entonces, la deuda del sector privado superaba a la del público. La mayoría de esos préstamos se habían contraído con la figura del “back to back” y ninguno de esos “inocentes” deudores estaría hoy en condiciones de demostrar que, en aquel momento, no podía cancelar una parte importante de sus pasivos externos o que, en el mejor de los casos, no estaba capacitado para advertir qué era lo que podía suceder con una situación como la que puso a Cavallo en el Banco Central; me atrevo a sospechar que estaban en conocimiento de que sus deudas serían endosadas al conjunto social, sólo por no firmar que ellos mismos llevaron esta iniciativa al Ministerio de Economía.
La tercera etapa fue el Plan Brady, que consolidó el mecanismo de endeudamiento y fuga de capitales.
Resulta difícil imaginarse cómo se podían anular los efectos que provocaron la acción de Martínez de Hoz o el Plan Brady. Posiblemente, la quita del 75 por ciento, en la cual parece estar afirmado el gobierno nacional, sea parte de la mecánica adoptable. Sin embargo, es posible exigir a las empresas de capital local y extranjero e individuos cuyos pasivos externos fueron socializados por Cavallo, que paguen lo que hasta ahora el Estado estuvo pagando por ellos. En pesos o en divisas, ¡pero que paguen! Se va a decir que es imposible obligarlos a pagar o que, de lo contrario, dejarían todo y se irían. Por supuesto, que nadie habla de forzar situaciones ni quiere echarlos. Hace falta voluntad política y dejar de lado la retórica y todo tipo de falsos discursos. Comprensión internacional no va a faltar. Apoyo popular va a sobrar.

* Economista (UBA).
[email protected]