Por Fernando Krakowiak

Miguel Quarleri es dueño de un campo de 107 hectáreas en la localidad de Bragado. Allí comenzó a trabajar ordeñando vacas junto a su padre cuando tenía 12 años. En 1989 industrializó parte de la producción montando una pequeña fábrica de quesos. Llegó a tener 110 vacas, pero el inequitativo reparto de las ganancias entre los productores, la industria y los supermercados hizo insostenible el negocio. “Hubiera querido continuar con el tambo, pero los productores recibimos sólo el 20 por ciento de lo que paga el consumidor por los lácteos y así es imposible sobrevivir”, afirmó ante Cash Quarleri, quien a fines de 2000 vendió las vacas como carne y se dedicó a cosechar maíz. Su situación sigue siendo complicada pues en el negocio de los granos los productores también pierden. En este caso, a manos de un selecto grupo de empresas exportadoras que le compran la tonelada de maíz a un 15 por ciento menos del precio fijado por el mercado internacional, ganancia extra que se suma al 10 por ciento que de por sí obtienen los exportadores con la reventa de los granos.
La distribución desigual de los beneficios entre los productores y la cadena de comercialización no es un problema reciente. La apertura de los mercados, la desregulación y las privatizaciones concretadas durante el gobierno de Carlos Menem favorecieron a los exportadores y a los supermercados en detrimento fundamentalmente de los pequeños y medianos productores. Sin embargo, la devaluación del peso instrumentada en enero pareció aplacar las críticas, pues con el nuevo tipo de cambio los ingresos del campo se triplicaron. La calma duró hasta que el Presidente Eduardo Duhalde decidió aplicar un 20 por ciento de retenciones agrícolas. Fue entonces cuando resurgieron los reclamos.
Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina, afirmó a Cash que “debido a las retenciones la rentabilidad de los pequeños y medianos productores se redujo a cero y en algunos casos es negativa”. El experto en economía agraria Osvaldo Barsky relativizó ante este suplemento la postura de las organizaciones agrarias al señalar que “el argumento no es muy consistente porque en términos generales el nivel de precios postdevaluación es favorable”. Según Barsky, lo que debe cuestionarse es la aplicación de retenciones con porcentajes genéricos y su mantenimiento fijo cualquiera sea la evolución del tipo de cambio y de los precios internacionales porque “eso se hizo durante el gobierno de Alfonsín y provocó una espectacular caída de la producción de granos y oleaginosos en la región pampeana”.
Los pequeños y medianos productores hoy parecen estar más dispuestos a cuestionar el impuesto a las exportaciones antes que a problematizar la distribución desigual de la riqueza al interior del campo. Desde que el Estado abandonó su rol de control a comienzos de los 90, las grandes exportadoras comenzaron a operar de modo cartelizado para ampliar su margen de ganancia imponiéndoles precios más bajos a los productores. En el caso de la soja, las multinacionales Cargill, Dreyfus, Bunge y Nidera llegaron a ofrecer recientemente 120 dólares por tonelada cuando el precio internacional estaba cercano a los 170 dólares.
Este tipo de irregularidades, sumadas a las dificultades generadas por la fluctuación de los precios internacionales y la evolución de los precios relativos durante la Convertibilidad, complicó la subsistencia de los pequeños productores favoreciendo la concentración de la tierra. La desaparición de numerosas cooperativas agrarias que nucleaban a los pequeños campesinos es una evidencia de la crisis del sector. En 1978 esas organizaciones económicas sumaban 1433, mientras que en 1998 quedaron 890, de las cuales sólo funcionaban activamente cerca del 50 por ciento.
El costo del gasoil, de los insumos y de las tarifas del transporte de carga se volvieron imposibles de afrontar para las pequeñas explotaciones agrícolas mucho antes de la devaluación. Los grandes grupos fueron los únicos capaces de sobrevivir, pues su enorme nivel de producción les permitió negociar descuentos y facilidades de pago. Para los pequeños productores la opción consistió en iniciar una fuga hacia adelante. Muchos arrendaron nuevas tierras para incrementar la producción con el objetivo de evitar la quiebra. Sin embargo, el intento por revertir la caída de ingresos los terminó por condenar definitivamente. El aumento del valor de la tierra y las exorbitantes tasas de los créditos bancarios hicieron que les fuera imposible obtener rentabilidad.
En un trabajo publicado el año pasado por Mario Lattuada, investigador del Conicet, se afirma que entre 1967 y 1997 desaparecieron de la estructura agraria de la provincia de La Pampa 2600 explotaciones equivalentes al 25 por ciento del total. Este proceso se aceleró durante la década del 90, período en que se registró el mayor número de transacciones debido a que una gran cantidad de pequeños propietarios debieron vender sus tierras, de entre 100 y 500 hectáreas, para hacer frente a las deudas contraídas. En esa última etapa el Estado no aplicó retenciones, pero la ausencia de regulación posibilitó una distribución desigual de los excedentes que condenó a la mayoría de los productores y que todavía se mantiene.