El gobierno que prometió devolver los depósitos en su moneda original pretendió forzar la colocación de un bono que cerraba definitivamente a los pequeños ahorristas la posibilidad de recuperar su dinero. El bono apuntaba a lograr “The resolution of the corralito” que exigen los banqueros y el FMI, porque la inmovilización de los depósitos ya no alcanza para proteger a los bancos del drenaje que provocan las extracciones cotidianas y las sentencias judiciales. Durante los últimos cuatro meses, el Gobierno continuó financiando con dinero del Banco Central (redescuentos) la pérdida de depósitos y avaló así la negativa de las entidades a afrontar estos retiros con fondos propios, con la recepción de dólares de las casas centrales o con la recuperación de créditos. La entrega de este dinero público a los bancos será recordada como una de las mayores estafas de la década.
Con el Bónex, el Estado auxiliaba a los banqueros haciéndose cargo de los compromisos con los ahorristas, como si los depositantes hubieran colocado sus fondos en entidades públicas. Los financistas no sólo limpiaban sus balances de las obligaciones que tienen con los ahorristas, sino también de los títulos públicos desvalorizados que devolvían al Estado, como retribución por el nuevo rescate.
Atemorizados por el alcance de una reacción popular, los legisladores no se atrevieron a aprobar el Bónex pero aprobaron un proyecto equivalente: la “ley tapón”, que impedirá a los ahorristas recuperar su dinero hasta tanto no obtengan una sentencia judicial firme a su favor. Esta medida vuelve a inmovilizar los depósitos y fortifica el corralito, brindándole a los bancos el tiempo que necesitan para tramar algún nuevo mecanismo de confiscación de los depositantes.
Para comenzar a socorrer a los pequeños ahorristas y deudores estafados por los banqueros hay que nacionalizar las entidades sin ninguna indemnización y afectando las propiedades de sus directivos y empresas asociadas. Esta nacionalización debe incluir explícitamente los bienes de los banqueros y no limitarse a reorientar el crédito, porque el sistema financiero ha dejado de existir y sólo quedan dos alternativas para reconstruirlo: la subvención o la expropiación de los financistas.
Con la caída del Scotiabank comienza la escalada de cierres que corona la pérdida de depósitos y la incobrabilidad de los créditos. Se estima que en los próximos meses desaparecerán entre el 30 y 50 por ciento de las 4580 sucursales que existían a fines del 2001 y que los despidos afectarán entre 20.000 y 40.000 de los 100.000 empleados bancarios.
En estas condiciones de colapso no existe ninguna alternativa de solución favorable a los pequeños ahorristas y deudores que no transite por la expropiación de los banqueros. El tiempo de las promesas grandilocuentes ya se agotó y las alternativas son sólo dos: o se estatiza la banca para rescatar a los banqueros a costa del conjunto de la población o se confisca a los financistas para defender los puestos de trabajo.