La Comisión considera que tiene elementos más que suficientes para manifestar que en la economía argentina existe un problema estructural que consiste en la práctica de muchos particulares y de sectores empresarios altamente concentrados de colocar sus excedentes financieros en el exterior. Las (otras) conclusiones obtenidas a lo largo de la investigación pueden sintetizarse en los siguientes puntos:
- Una parte muy importante de esos fondos son, presumiblemente, producto de la evasión y/o la elusión impositivas, lo que a su vez explica, en parte, la vocación por la fuga.
- El fenómeno ha existido (aunque con variaciones cuantitativas) desde hace décadas. De allí que no resulte correcto vincular el fenómeno sólo con las situaciones de inestabilidad política o económica.
- Se conformó un aceitado mecanismo para favorecer y facilitar la fuga de divisas que incluye una participación directa de bancos en vinculación con entidades off shore en el exterior, lo que es de conocimiento abierto por los operadores y participantes del sector financiero.
- Durante la vigencia de la Ley de Convertibilidad la salida de capitales era legal y, en consecuencia, las críticas deben realizarse desde el punto de vista de la política económica o de la ética. Sin embargo, no era legal facilitar la salida de fondos como producto de delitos fiscales, del lavado y otros.
- Finalizado el proceso de privatizaciones (esto es, a mediados de la década del ‘90), muchos empresarios locales comenzaron a vender sus empresas. Las ganancias obtenidas no fueron invertidas en el país sino que fueron remitidas en su mayoría al exterior.
- En otras palabras, el componente coyuntural y asociado a la emergencia de una crisis financiera tiene un piso estructural de salida de capitales que se relaciona fundamentalmente con el comportamiento de los sectores concentrados del capital local. Durante los primeros años de la década del ‘90 los principales grupos económicos locales participaron activamente del proceso de privatizaciones, conformando consorcios inversores junto a grandes operadores transnacionales y bancos de inversión. Por cada dólar invertido por empresas extranjeras existió aproximadamente otro dólar perteneciente a residentes (en rigor, 90 centavos de dólar) que se fugó de la economía. En otras palabras, los procesos de inversión se parecieron más a un mero canje de activos que a una verdadera expansión de los horizontes productivos del país.
- El Estado, en general, y el BCRA, en particular, tampoco implementaron medida alguna para desalentar y restringir la salida de capitales y, con ello, resguardar a los ciudadanos. El sostenimiento de la liberalización absoluta de los flujos financieros resultó altamente inequitativa para la sociedad, por cuanto permitió a unos pocos retirar sus fondos de la economía y sometió al resto de la sociedad a pérdidas de magnitud en el valor de sus activos y al empobrecimiento generalizado.
- La muestra seleccionada (que presenta información sobre un total de 96.794 operaciones que implicaron salidas de divisas por un total de 29.913 millones de dólares) representa aproximadamente un 64,5 por ciento del total de las divisas que salieron de la economía argentina durante el año 2001.
- El alto grado de concentración de las transferencias que denota la elevada internacionalización financiera y productiva del capital local, se comprueba al observar que:
- El 70 por ciento de las transferencias realizadas por empresas corresponde a firmas que integran la cúpula de las primeras 200 empresas del país. Esto confirma el estrecho grado de correlación entre la fuga de capitales y el capital concentrado interno.
- El 42 por ciento corresponde a las grandes firmas exportadoras.
- El 26 por ciento pertenece a las empresas privatizadas de servicios públicos y petróleo. En este caso, cabe agregar que se trata del subconjunto que posee el mayor nivel promedio de giros al exterior por empresa (112 millones de dólares).
- Las primeras 10 empresas explican el 35 por ciento de los montos transferidos, las primeras 20 el 44 por ciento y las primeras 100 el 70 por ciento.
- El 24 por ciento corresponde a compañías agropecuarias y agroindustriales.
- 410 personas transfirieron un millón de dólares o más.
- 19 personas transfirieron 10 millones de dólares o más.
- Hubo responsabilidad de las entidades financieras toda vez que no se denunciaron maniobras sospechosas o cuando los procedimientos utilizados burlaron las leyes nacionales.
- Parece indiscutible el escasísimo nivel de supervisión por parte del BCRA, así como de distintas dependencias de la AFIP.
- La Ley 24.156 obliga al BCRA a informar al Ministerio de Economía acerca del impacto de las colocaciones de deuda sobre el balance de pagos. El hecho de no haber informado sobre la presión en dicho balance implica haber desobedecido la expresa indicación de defender el valor de la moneda, evidente en el nuevo régimen monetario.
- El BCRA facilitó o favoreció el creciente endeudamiento del sistema financiero local con el exterior y generó una mayor fragilidad del sistema de crédito, incumpliendo con lo establecido por la legislación vigente.
- La falta de control y supervisión sobre el sistema financiero ha sido evidente desde el momento en que el Banco Central nunca pidió a las entidades financieras información relacionada con movimientos de capitales, a pesar de que las normas legales existentes autorizaban expresamente al Banco Central e incluso a la Superintendencia de Entidades Financieras, sin necesidad de acuerdo del Directorio del Banco.
- De allí que sea necesario modificar la legislación vigente y, fundamentalmente, las instancias de control, para evitar que se repitan episodios como los del año 2001.
- Asimismo, resulta altamente probable que una parte importante de los fondos que salieron de la economía no se encuentren correctamente declarados, con su consecuente evasión fiscal. En tal sentido, se trabajó para ensanchar la base tributaria y analizar posibles evasiones fiscales, y se dio curso a las AFIP de la información relevada.
Finalmente, debe mencionarse la necesidad de acudir a la cooperación internacional para identificar adecuadamente los fondos argentinos ilegalmente evadidos de la economía local.