Por Alejandro Bercovich

El mes que viene cumple tres años al frente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, pero nunca tuvo tanta exposición pública como en la última semana, cuando se anunciaron las multas más severas aplicadas hasta ahora en el país por concertaciones de precios y prácticas oligopólicas. Las primeras castigadas fueron las cuatro firmas que abastecen de oxígeno medicinal a todos los centros de salud de la Argentina. Luego fueron las cuatro cementeras que se reparten la totalidad de las obras en construcción. El abogado Ismael Malis, al mando de la comisión, asegura que todavía hay varios sectores bajo la lupa, como el de garrafas (manejado por Repsol-YPF) y el de hierro redondo para la construcción (dominado por Acindar). También advierte que la comisión, facultada por ley para objetar compras y fusiones de empresas, todavía no autorizó la sociedad de celulares entre Telefónica y Bell South, y que no lo hará hasta que la flamante Movistar no devuelva al Estado la porción del espectro radioeléctrico que le ordenaron abandonar. En una entrevista con Cash, Malis se quejó de los “abusos” en los que incurren las compañías para burlar los controles antimonopólicos, y negó que las sanciones recientes se hayan aplicado exclusivamente para enviar señales políticas de combate contra la inflación.

Las cementeras ya anunciaron que van a apelar las multas y algunos analistas sugirieron que van a terminar sin pagar nada.

–Primero, todavía no apelaron, aunque están en plazo para apelarlas. Obviamente van a ejercer su derecho de defensa como hicieron en todos los casos anteriores. Pero así es el sistema republicano de gobierno. Generaría una inseguridad jurídica enorme si un órgano administrativo fijara una multa que no fuera revisable judicialmente. Ahora bien, eso es muy diferente a decir que la investigación ya estaba prescripta, como indicaron algunos medios. Esto lo niego totalmente, la multa está dentro del plazo que fija la ley.

El problema es que hay dos leyes con dos plazos distintos.

–La nueva ley impone cinco años y la vieja seis, pero en cualquier caso la imputación fue hecha antes de los cinco años.

¿Cuál es el plazo en el que se termina aplicando una multa si apelan las empresas?

–Depende de la Cámara. Algunos casos van a la Cámara en lo Penal Económico y otros a la Cámara Civil y Comercial Federal. No hay plazos diferentes al del resto de la Justicia, la única diferencia es que no comienza en primera instancia sino que va directamente a la Cámara, y después eventualmente a la Corte. La multa a YPF por el GLP de 1999, por ejemplo, tuvo que ser confirmada por la Cámara, después por la Corte, y recién se aplicó en 2002.

Algunos empresarios dijeron que las multas de las últimas dos semanas por prácticas anticompetitivas son “pirotecnia electoral”. ¿Qué les responde?

–Una carpeta como la del cemento que viene siendo investigada desde 1999 con un enorme esfuerzo, que incluye allanamientos, testimonios, informes económicos, presentación de pruebas de partes, y que termina con un dictamen de 200 páginas en el que probamos la conducta en 2004, ¿a quién le puede parecer pirotecnia electoral? Eso es desvalorizar el trabajo técnico, y no mío, porque yo sólo coordino a un grupo de profesionales de planta de la comisión que se capacita, se perfecciona, viaja al exterior.

Las multas salieron justo cuando la inflación repunta y el Gobierno necesita enviar señales de que la combate con alguna herramienta.

–No hubo ni una llamada desde el Gobierno. La presión la pusimos nosotros. Incluso hubo casos en los que los medios nos acusaban de frenar una sanción y nosotros la estudiábamos igual antes de recomendarla. Cuando hay determinados problemas de precios en algún sector y alguien cree queese problema de precios se debe a conductas anticompetitivas, nosotros recibimos las denuncias y las investigamos.

¿Le parece que la economía argentina está demasiado concentrada?

–Cuando asumimos en 2002 empezamos supervisando procesos de fusión por salida de algunos grupos empresarios de la actividad, en un contexto de crisis. Después empezamos a seguir fusiones que estaban originadas en un nuevo flujo de inversiones hacia el país, en el que las empresas ya no se venden a precio de remate.

¿Cree que hay sectores estratégicos demasiado concentrados?

–Hay sectores que en el mundo se van concentrando. Cuando estudiamos la fusión de Brahma con Quilmes, por ejemplo, nos encontramos con que Brahma después se asocia con un grupo cervecero belga más grande. Pasa en todo el mundo.

Pero también los obligan a desinvertir y los castigan duro cuando se extralimitan.

–También los obligamos a vender marcas, activos. Cuando se fusionaron Brahma con la belga no podíamos hacer nada. Son una grande de Europa y una grande de Latinoamérica. Además eso no influía en el mercado argentino.

La fusión entre Movicom y Unifón influye sobre el mercado argentino, y sin embargo tuvo luz verde del Gobierno.

–Todavía no la aprobamos. La condicionamos a que devuelvan una parte del espectro radioeléctrico, que es el eje que consideramos crítico para garantizar la competencia en el mercado. Señalamos que no es inocuo para la competencia el momento en el que devuelvan el espectro. Y no la vamos a aprobar hasta que no lo devuelvan.

¿No la podían haber frenado hasta que devolvieran esa parte del espectro?

–La operación no está autorizada, está condicionada. Si no devuelven el espectro queda sin aprobar la operación y es nulo su efecto. El plazo lo fija la Secretaría de Comunicaciones, y todavía no fue fijado.

¿En lo único en que se fijaron es en el manejo del espectro y no en la cantidad de clientes?

–Usted no puede forzar a una empresa a que no crezca. Eso es contrario a las reglas del capitalismo. Tiene que limitar las condiciones y que compitan.

¿Pueden llegar a sancionar también a Acindar por el precio del hierro redondo para la construcción?

–Se analizó el mercado para ver si había una maniobra anticompetitiva. Lo que detectamos es que estarían por modificar su sistema de distribución, lo cual nos genera alguna alerta, porque cuando alguien concentra una porción tan importante del mercado, que controle el sistema de distribución no es inocuo para la competencia. Podría servir por ejemplo para desalentar la posible importación con efecto disciplinador del mercado.

Algunos analistas dicen que la inflación es generada por los grupos concentrados que controlan los mercados de bienes de consumo básicos. ¿Coincide con eso?

–Muchos países de Latinoamérica dicen que no hay que hacer control previo de fusiones porque las economías son chicas y están concentradas de por sí. Nosotros decimos que hay que hacer controles previos porque permiten evitar abusos futuros de posición dominante. Pero eso tiene que estar adaptado a la realidad argentina, porque no se puede analizar la economía argentina del mismo modo que la de Estados Unidos. Igual hay que ver caso por caso.

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Sanciones europeas

Multas millonarias

Las multas que anunció el Ministerio de Economía y que ocuparon las primeras planas son corriente en las economías industrializadas. Desde la estadounidense Ley Sherman, que se aprobó en 1890 para cuidar la invisibilidad de la mano mercantil de Adam Smith y que usó Theodore Roosevelt en 1911 contra la mismísima Standard Oil de Rockefeller, toda una rama de la ciencia se dedicó al combate de las prácticas monopólicas. La Comisión Europea, de hecho, aplicó sanciones en los últimos tres años por varios miles de millones de euros contra empresas de los rubros más variados. Nintendo fue castigada en 2002 con 149 millones de euros por mantener “artificialmente elevado” el precio de sus consolas y del simpático SuperMario, y cuatro fabricantes de placas de yeso tuvieron que pagar ese mismo año 478 millones por repartirse el mercado europeo en reuniones secretas. El record para una compañía individual lo ostenta Microsoft, que el año pasado debió pagar a Bruselas 497 millones de euros, aunque en 2001 ya se había impuesto una multa de 855 millones al denominado “cártel de las vitaminas”, compuesto por ocho empresas de cinco países diferentes.

Cambios a la ley

Más decisión al poder político

El Ministerio de Economía aprovechó la publicidad que tuvieron las megamultas de los últimos días para lanzar un proyecto de reforma de la Ley de Defensa de Competencia, cuya versión actual data de 1999, cuando se modificó la original redactada por la dictadura militar en 1980. La idea de Economía es que el poder político pueda decidir por sí solo si autoriza o no una fusión, cuando la misma afecte a sectores estratégicos o a servicios públicos esenciales. Para Malis, la normativa vigente “está un poco fuera de línea con respecto a la del resto del mundo”, porque “en el caso de conductas anticompetitivas está claro que deben ser reguladas por un tribunal independiente, pero en el caso de fusiones la ley actual no deja espacio para que pueda haber alguna consideración distinta a la estrictamente técnica de la Comisión de Defensa de la Competencia, que emane del interés general e incluya al poder político”. Según explicó el jefe de la Comisión, la reforma que impulsa el Palacio de Hacienda “no permite que el poder político haga lo que quiera, sino que apunta a que cuando las operaciones afectan servicios públicos o áreas sensibles, pueda observar la decisión o emitir opinión sobre la decisión del organismo técnico”.