El primer registro de una importación en Buenos Aires data del 1º de junio de 1586, y corresponde a un ingreso de mercaderías procedentes de Santos, Brasil. Es el antecedente más lejano de la Aduana Argentina. Tan antiguo como esa institución es el contrabando, una de las más arraigadas actividades delictivas que existen por estas tierras. Sin embargo, no es necesario remontarse al tráfico de esclavos ni a la flota inglesa del siglo XVIII para encontrar ejemplos de la “institucionalización” de este delito; alcanza con evaluar el funcionamiento de la Aduana durante la década del 90, cuando el organismo fue bautizado “El Colador”.

“En 1991 el gobierno de Carlos Menem se planteó bajar la inflación a cualquier costo. Para ello abrieron de par en par las puertas a la importación, sin realizar controles de ningún tipo. Era una política de Estado permitir el ingreso, con aval oficial, de miles de containers de contrabando o subfacturados”, señala Norberto García, titular de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, uno de los sectores más perjudicados por estos delitos. En la actualidad, con una economía orientada hacia la producción nacional y el fortalecimiento del mercado interno, la Aduana vuelve a cobrar importancia como herramienta para defender la industria, pero no resulta fácil convertir al colador en filtro.

Según estadísticas de la Dirección General de Aduanas, a las que accedió Cash, sólo durante 2005 el organismo realizó en todo el país más de 42.000 denuncias de casos de contrabando y subfacturación. Sumando el perjuicio para el fisco por impuestos no recaudados y las multas mínimas pretendidas por el Estado para cada caso, los expertos de la Aduana valuaron los ilícitos en 231 millones de pesos en infracciones aduaneras, 761 millones de pesos en subfacturación y 1269 millones de pesos en contrabando. Lo que en total representa unos 2262 millones de pesos reclamados por la Aduana. Números igual de voluminosos son los que maneja la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco), organismo que con sólo 11 causas como querellante acumula una pretensión fiscal mínima de 630 millones de pesos.

Si bien la Cámara Argentina de Comercio denunció en 2004 que la venta de productos de contrabando y subfacturados ascendía a 7000 millones de pesos, desde la Aduana prefieren ser más cautos a la hora de cuantificar el daño: “Sólo es posible hacer un análisis serio y responsable de la incidencia del contrabando y la subfacturación de importaciones en la economía argentina, si tomamos en cuenta los ilícitos detectados”, señaló Ricardo Echegaray, titular de la Dirección General de Aduanas. “Pero nuestras denuncias dan una idea no sólo del grave perjuicio al Estado en sus facultades de control, como un impedimento al cobro de tributos aduaneros, sino también del obstáculo al desarrollo, crecimiento y permanencia de la industria nacional en el mercado interno que representan”, agregó. Este último punto es el que más preocupa al gobierno nacional, ya que existen rubros que casi llegaron a su desaparición durante la convertibilidad y que hoy requieren de protecciones especiales. Según la Ufitco, los sectores de la economía nacional más sensibles a estos delitos son: textil e indumentaria, electrónica, cigarrillos, computación, calzado y juguetes.

Golpeados

Un estudio realizado por la firma Nobleza Piccardo estimó pérdidas por 1100 millones de pesos para las tabacaleras nacionales por el contrabando de cigarrillos. Según los datos manejados por la empresa, durante 2005 desembarcaron 8500 millones de cigarrillos de manera ilegal, provenientesen su mayoría de Paraguay. La prevención del ingreso de productos por lugares no habilitados –en este caso a través de fronteras fluviales y pistas de aterrizaje clandestinas– le corresponde a Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía Federal. Algo similar ocurre en el sector del calzado, donde se calcula que el 25 por ciento de las zapatillas que se comercializan son fabricadas en el extranjero e ingresadas a la Argentina desde países limítrofes a través de pasos fronterizos no habilitados. “Por lo general son productos chinos, réplicas de primeras marcas, que se venden en el mercado local a unos 40 pesos”, señaló Alberto Sellaro, presidente de la Cámara del Calzado.

Distinto es el caso de la subfacturación de importaciones, delito que consiste en ingresar una mercadería por la vía legal de la Aduana, pero declarando un valor muy inferior al precio internacional. De ese modo el despachante reduce los aranceles por derechos de importación. “Es muy común la entrada de productos del sudeste asiático a valores ridículos. Por ejemplo un suéter de lana que ingresa a 3 dólares, cuando en el mercado internacional vale 13 o 14 dólares. De esa forma se reducen los aranceles un 70 por ciento”, explicó Mariano Kestelboim, economista de la Fundación Pro Tejer.

Medidas

Luego de varias reuniones con el grupo denominado Sectores Industriales Sensibles, la Dirección General de Aduanas dictó las resoluciones 1907 y 1908, tendientes a evitar y penalizar la subfacturación. De ese modo, ahora el importador debe pagar aranceles en función de Valores Criterio, regidos por el precio internacional de un producto y no por el monto declarado en la operación, y el despachante sólo podrá reclamar un reembolso de esos aranceles de importación si logra justificar el bajo precio de la mercadería. También, en el caso de que un producto ingresare declarando un precio inferior al 20 por ciento de su valor internacional, se disparan aumentos en el IVA y el impuesto a las ganancias con el fin de que el importador sólo recupere esos tributos si la mercadería es vendida en blanco. Además de evitar la subfacturación e incrementar lo recaudado por el fisco, estas medidas buscan reducir o al menos evitar el crecimiento de las importaciones, objetivo que se está cumpliendo parcialmente.

Con esta orientación fue reformado el Código Aduanero determinando un aumento en el valor de las multas y en las penas por contrabando, y la prohibición total del ingreso de mercadería con marcas falsificadas. Dentro de ese paquete de disposiciones, varias tendieron a agilizar la tarea recaudatoria de la Aduana: por ejemplo, antes de la reforma si el valor de una mercadería de contrabando no superaba los 5000 pesos se consideraba infracción; ahora sí se considera infracción hasta los 100.000 pesos. De esta forma se buscó recaudar en el momento por vía administrativa y evitar los prolongados litigios en la Justicia.

Sin embargo, más allá de los perfeccionamientos en la norma, la aplicación todavía es ineficiente. “Se necesitan organismos encargados de la persecución penal, y a esos organismos darles las herramientas necesarias. En mi caso, todavía no tengo acceso al Sistema María, la base de datos de la AFIP”, señaló Mariano Borinsky, titular de la Ufitco. El ejemplo más contundente de las falencias en la aplicación de la ley lo muestra el propio sistema judicial: en el ámbito metropolitano, la Aduana se presentó como querellante durante 2005 en 200 causas, de las cuales sólo 8 tuvieron sentencia, es decir, el 4 por ciento.