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Por Fernando Krakowiak

Durante los últimos cuatro años los empresarios del campo acumularon una rentabilidad extraordinaria. El tipo de cambio competitivo, el precio record de los principales cultivos y los aumentos en la productividad posibilitados por las innovaciones tecnológicas le permitieron al sector disfrutar de uno de los mejores momentos de su historia. Desde entonces, su principal preocupación han sido las disputas por la renta agraria. El Estado fue el primero en participar de una parte de la torta a través de las retenciones. Sin embargo, no es el único interesado en los millones de dólares que se generan detrás de las tranqueras. En lo que va del año, la multinacional Monsanto incautó en Europa cuatro embarques de harina de soja provenientes de Argentina. La empresa asegura que las semillas que dieron origen a ese producto contienen el gen RR, una invención tecnológica de su propiedad resistente al herbicida glifosato que permitió casi cuatriplicar la producción nacional en los últimos nueve años. Una vez que comprueba la presencia del gen, demanda al importador exigiéndole entre 15 y 18 dólares por tonelada en concepto de regalías. El Gobierno y los productores aseguran que Monsanto no tiene derecho a reclamar esa compensación porque el gen no está patentado en el país. Sin embargo, el conflicto pone en riesgo las exportaciones del principal commoditie. A continuación Cash plantea cinco preguntas clave para entender la compleja trama de intereses que se esconde detrás de la guerra de la semilla.

1. ¿Qué reclama Monsanto?

El gen Round Ready (RR) ingresó a la Argentina luego de una negociación entre las empresas norteamericanas Asgrow y Monsanto, que le permitió a Asgrow acceder al gen para utilizarlo en sus variedades. Luego la semillera Nidera adquirió Asgrow Argentina y amplió la difusión del gen en el país. De ese modo, la invención perdió el carácter de novedad y el derecho a la protección de patentes. No obstante, a partir de acuerdos privados en los que se le reconoció la titularidad de la patente, Monsanto licenció la comercialización del gen con las semilleras y cobró la correspondiente regalía por cada bolsa vendida por Nidera, Don Mario y otras empresas. El cobro de esas regalías y la venta del herbicida glifosato que le otorga sentido al gen le permitieron a la multinacional estadounidense ganar millones de dólares mientras la soja transgénica se expandía a pasos agigantados en el suelo argentino, hasta superar el 90 por ciento de la siembra. El problema surgió cuando los productores comenzaron a utilizar una parte de los granos obtenidos como semilla para la cosecha siguiente, amparados en la ley de semillas 20.247 que en su artículo 27 afirma que “no lesiona el derecho de propiedad (...) quien reserva y siembra semilla para su propio uso”. A ese grupo se le sumaron quienes, además de utilizar el grano para uso propio, comenzaron a comercializarlo en el mercado negro. Por lo tanto, el porcentaje de semillas fiscalizadas vendidas fue cayendo, a tal punto que en la actualidad sólo entre un 20 y un 25 por ciento de las semillas utilizadas en cada cosecha son compradas a las semilleras que le pagan la regalía a Monsanto.

Esta situación, sumada a la caída en las ventas de su glifosato, fue la que llevó a la multinacional a formular un reclamo por el cobro de regalías. A los importadores a quienes les confisca la mercadería les está pidiendo entre 15 y 18 dólares por tonelada. Pero la mayoría de las fuentes consultadas por Cash sostuvieron que la intención de la transnacional es presionar para negociar un acuerdo que le permita cobrar un porcentaje menor de regalías sobre el conjunto de la producción argentina de soja. Ernesto Ambrosetti, economista jefe de la Sociedad Rural, señaló a este suplemento que “si Monsanto tuviera la patente en el país el conflicto no sería muy diferente al actual, porque lo que no se terminó de acordar es cuál es el mecanismo más eficiente para restringir el uso propio gratuito que realizan los productores locales amparados en la ley de semillas”. En las negociaciones que tuvo con las distintas entidades del sector hace algunos meses, Monsanto manifestó estar dispuesta a aceptar un dólar por tonelada producida, situación que deja más en evidencia el carácter de posición de fuerza para negociar los 15 dólares que reclama en Europa.

2. ¿Por qué inició la demanda en Europa?

Los primeros reclamos fueron realizados en el país donde desde hace varios años Monsanto viene negociando con los distintos actores del campo y con el Estado la posibilidad de implementar un sistema que le permita cobrar regalías sobre el conjunto de la producción y no sólo sobre el porcentaje que cosecha con semillas fiscalizadas. Dos de las alternativas que se evaluaron son las “regalías extendidas” y las “regalías globales”. La primera opción es un sistema de contratos privados por el cual los productores renuncian de manera voluntaria al derecho del uso propio y acuerdan el pago a Monsanto de una regalía, pese a que para sembrar utilizan los granos obtenidos de su cosecha. El precio siempre es menor al canon que se paga cuando se adquieren semillas fiscalizadas. Algunos productores acordaron este sistema con las semilleras.

La propuesta de las regalías globales, en cambio, implica un cobro único realizado en la etapa de comercialización del grano, con una lógica similar a la de las retenciones. La propuesta fue impulsada por la Secretaría de Agricultura, quien propuso cobrar un porcentaje de entre 0,35 y 0,95 por ciento por bolsa vendida y destinarlo a un fondo fiduciario encargado de pagar las regalías y financiar el desarrollo de investigaciones que contribuyan al mejoramiento vegetal de especies. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por la mayoría de los actores del sector. La falta de acuerdo hizo que la indefinición se prolongara. Por lo tanto, Monsanto decidió concretar la amenaza de incautar los embarques provenientes de Argentina en aquellos países donde tiene patentado el gen.

3. ¿Qué posibilidades tiene de ganar los juicios?

Es difícil saberlo. La Secretaría de Agricultura difundió un informe donde afirma que Monsanto “está actuando con métodos coactivos y haciendo un uso abusivo de la patente al pretender cobrar regalías sobre la harina de soja, cuando la protección otorgada en territorio europeo está circunscripta a la función de siembra y propagación”. Según este argumento, la patente alcanza a toda materia en la que se incorpore el gen y en la que contenga y ejerza su función la información genética. Es decir, es en el suelo argentino donde ejerce su función de resistencia al glifosato y no en la harina que se exporta. Por lo tanto, la demanda de Monsanto no debería prosperar. Sin embargo, fuentes del sector consultadas por Cash aseguraron que “no todos comparten la doctrina del acotamiento del derecho. Por lo tanto, la demanda de Monsanto puede prosperar”.

4. ¿Cuál es el impacto económico de las acciones llevadas adelante por Monsanto?

La Sociedad Rural informó la última semana que, por la incertidumbre que genera el conflicto, el precio de la soja podría caer 7 dólares por tonelada, generándoles a los productores una pérdida de 280 millones de dólares anuales. A su vez, la Secretaría de Agricultura señaló que la actitud de Monsanto podría hacer disminuir el área sembrada, afectar la producción de harina de soja y, en el caso de que se debieran pagar los 15 dólares por tonelada que exige por las exportaciones de harina y granos a Europa (en el aceite no se detecta el gen), se deberían desembolsar 155 millones de dólares. La pérdida de dinero es mayor a la que se tendría en caso de llegar a un acuerdo con la multinacional pagándole un dólar por tonelada (cerca de 40 millones de dólares, pues la producción alcanza los 40 millones de toneladas). Sin embargo, varios productores y el Gobierno consideran que aceptar implicaría ceder a la maniobra de la multinacional.

5. ¿Qué impacto tendrá el enfrentamiento con Monsanto en el acceso a las futuras innovaciones tecnológicas?

Hasta el momento, Argentina implementó en el campo las innovaciones tecnológicas desarrolladas por multinacionales como Monsanto poco tiempo después de que lo hiciera Estados Unidos. Si Monsanto decide dejar de traer sus innovaciones a la Argentina, los productores sentirán el impacto en el mediano plazo. El problema sería mucho mayor si su conducta fuera imitada por otras transnacionales como Dow Agro-Science, Dupont-Pionner y Syngenta. En Argentina hay instituciones públicas y privadas que llevan adelante innovaciones biotecnológicas y mejoramientos varietales, pero ninguna tiene los recursos suficientes como para realizar las pruebas de toxicidad crónica y aguda en animales y humanos, los estudios de medio ambiente y para gestionar la patente en los distintos países.

El caso Monsanto deja en evidencia la fuerte dependencia de las multinacionales que tienen algunos países en desarrollo. Especialistas del sector destacan que, para superar esa dependencia, es necesario que los países de la región impulsen políticas conjuntas, porque la escala nacional no es suficiente para desarrollar innovaciones al margen de los grandes grupos empresarios. Otros son más escépticos y señalan que lo mejor es tratar de negociar.