En nuestro país los temas ambientales nunca alcanzaron la importancia que están adquiriendo en los medios en la actualidad. Esto se debe pura y exclusivamente al accionar de la Asamblea de Gualeguaychú, aunado por diversas circunstancias que transformaron el problema de las papeleras en un problema binacional. Sabemos de los efectos perniciosos de los desechos nucleares, la soja transgénica depredadora de los campos y la biodiversidad, de la minería que utiliza cianuro y ahora de la contaminación del agua, el aire y la tierra como consecuencia de la instalación de enormes papeleras en la vera del río Uruguay.

Algunos están muy enojados con los vecinos de esa localidad entrerriana y de sus símiles de Colón y posiblemente Concordia, porque cortan la ruta y han inducido un auténtico problema binacional. Pero no cabe duda de que son los asamblearios los que están defendiendo la institucionalidad democrática, avalada por el artículo 41 de la Constitución Nacional que dice: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”. Los perjuicios que involucran a las papeleras en el largo plazo nada tienen que ver con los perjuicios coyunturales que podrían estar creando los cortes de ruta en determinados sectores de Uruguay o Argentina.

No cabe la menor duda de que si siguen adelante con sus planes las papeleras van a arruinar el medio ambiente de múltiples maneras. Por supuesto que los empresarios involucrados y sus “expertos” lo van a negar, como lo han hecho siempre. Tomemos en cuenta algunos comentarios realizados en el pasado de empresarios y funcionarios respecto de actividades propensas a dañar el medio ambiente o la salud, auténticas joyas señaladas por la organización ETC.

En 1953 la Ford Motor Company aseguró al público motorizado que los “desechos gaseosos” de los automóviles “no representan ningún problema de contaminación del aire”. En 1960, un ejecutivo de la compañía farmacéutica William S. Merrell confirmó que la talidomida era absolutamente segura. En 1974 la CIA advirtió sobre el “enfriamiento” global, y en 1980 el presidente de EE.UU. aseguró a los estadounidenses que los desechos anuales de una planta de energía nuclear se podrían guardar sin problema debajo de su escritorio en la Oficina Oval (sic). ¿Y los beneficios terapéuticos del tabaco? Cuando en 1996 el gobierno estadounidense trató de regular los cigarrillos como un “sistema de distribución de droga”, las compañías tabacaleras alegaron que los “efectos farmacológicos” de la nicotina “no son sustanciales”. A fines de 1999, Philip Morris, la compañía que 37 años antes había declarado que fumar era benéfico, confesó que la nicotina es una amenaza para la salud humana. (Pat Roy Mooney, El Siglo ETC, Erosión, Transformación Tecnológica y Concentración Corporativa en el Siglo 21, página 17.)

El conflicto ambiental que se ha generado es también una de las consecuencias del neoliberalismo implantado a rajatabla en nuestros países. En esta era de los procesos de globalización, la preocupación básica de los gobiernos se orientaba a darles piedra libre a las grandes empresas transnacionales para que hicieran lo que quisieran al margen de las presuntas “trabas” que en materia ambiental pudieran existir en diversos países. De allí que surgieron tecnologías más “eficientes”, pero también más contaminantes. Por ejemplo, la minería que utiliza cianuro, mucho más eficiente desde el punto de vista empresarial, pero no desde el punto de vista del medio ambiente, y de las necesidades de la gente. Otro tanto puede decirse respecto de la soja transgénica, que induce la utilización masiva del glifosato, un agrotóxico que mata las malezas y todo lo demás que se encuentra en su camino, induciéndose, asimismo, la pérdida de la biodiversidad. No es de extrañar que los estados nacionales, o bien no intervinieron para defender el medio ambiente, o lo hicieron en función casi excluyente de los intereses de las grandes empresas transnacionales. De allí que los conflictos por los recursos naturales, por una parte, y por el mantenimiento de un ambiente sano y vivible para todos, por otra, surgen como consecuencia de estos desarrollos.

* Investigador Superior del Conicet y profesor de la UBA.