La suba del precio de la carne puso al Mercado de Liniers en la mira del Gobierno. En ese predio se comercializa apenas el 15 por ciento de la faena total, pero los precios acordados sirven de referencia para todo el país, convirtiéndolo en un enclave estratégico del sector. Todas las mañanas operan allí 55 consignatarios, encargados de rematar la hacienda de los productores, y más de 70 compradores autorizados entre matarifes, frigoríficos y supermercados. Los defensores del mercado sostienen que el número de participantes evidencia una “gran atomización” y garantiza la transparencia. Sin embargo, quienes lo cuestionan, aseguran que apenas un puñado de firmas ejerce fuertes distorsiones, incidiendo en la formación de precios. En noviembre del año pasado, el secretario de Agricultura, Miguel Campos, realizó una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, donde señala que “el libre juego de la oferta y la demanda podría estar siendo distorsionado por las conductas de los intermediarios”. Luego de una inspección realizada por Defensa de la Competencia, en diciembre, la investigación se detuvo, pero el viernes los funcionarios volvieron a la carga instalándose en el predio. Cash estuvo en Liniers para contar quiénes son y cómo operan los principales jugadores del mercado.

Por el lado de los consignatarios, apenas 10 de las 55 firmas concentran cerca del 60 por ciento de las ventas, entre las que se destacan Sáenz Valiente, Madelan, Monasterio, Alzaga Unzué y Mendizábal. Estos operadores se benefician cuando los precios suben, pues cobran una comisión del 3 por ciento por la venta de los animales. Fuentes del sector señalaron a Cash que los consignatarios suelen incidir en la oferta al recomendarles a los productores, por ejemplo, que no envíen hacienda al mercado porque el precio estaría por subir y conviene esperar. Esas intuiciones operan como una profecía autocumplida, ya que la caída de la oferta, incentivada por la recomendación inicial, es lo que termina provocando la suba de precios.

“Manejan el mercado con el teléfono”, afirmó a este suplemento un industrial de la carne, que vio en la subida de precios una respuesta a la prohibición de faenar ganado de menos de 280 kilos. Ernesto Ambrosetti, economista de la Sociedad Rural y productor, afirmó a Cash que “es normal que el consignatario asesore al productor. Es como cuando un agricultor llama a su operador para ver cómo viene el Mercado de Chicago y le recomiendan esperar debido a las expectativas de suba, pero en la ganadería, cuando el animal está listo, no se puede esperar más de dos o tres días porque, si no, perdés plata”.

A los consignatarios también se los acusa de llevar adelante un remate holandés porque el precio no se fija a partir de las ofertas iniciales de los interesados, para luego ir subiendo, sino que lo establece el rematador vociferando con su megáfono. Cuando los compradores no están dispuestos a legitimar el valor anunciado, el rematador baja sus pretensiones, aunque en algunos casos retira el lote, impidiendo que opere el libre juego de la oferta y la demanda en subasta pública. De ese modo, los consignatarios evitan que el precio de referencia baje. Luego terminan vendiendo la mercadería de todos modos, pues la misma es transada de manera privada al final de la jornada a un precio menor al exigido en el remate.

La denuncia de Agricultura también destaca como distorsivo el hecho de publicar como precios de referencia los que se ofertaron sin explicitarse las condiciones de dicha venta, que son establecidas por cada consignatario y que tienen plazos de pago de hasta 60 días. Por ejemplo, el supermercado Coto suele comprar a precios altos, pero estira los pagos a por lo menos 30 días. Sin embargo, quienes luego comercian en el resto del país toman en cuenta el precio de Liniers como si fuera en efectivo, ya que la aclaración sobre el período de pago no figura.Otra práctica para mantener los precios altos es el acuerdo entre consignatarios y frigoríficos o supermercados. En ese caso, el comprador se compromete con el consignatario a adquirir algunos lotes en el remate a un precio alto para legitimar un nuevo piso a cambio de que una vez terminado el remate se le vendan el resto de los lotes que necesita a un precio sustancialmente menor en lo que se conoce como “venta privada” o “venta al oído”, práctica que fue constatada por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), tal como consta en el acta 002-02606.

Esos acuerdos entre compradores y vendedores podrían explicar por qué el último miércoles el consignatario Carlos Pujol logró vender un lote de 18 terneros al estratosférico precio de 3,80 pesos por kilo, marcando un record que levantó el piso y colaboró para que el kilo promedio llegara a 2,948. Ese día, la carne subió 7,63 por ciento y acumuló una suba de 22 por ciento en el año. Fue entonces cuando el Gobierno decidió suspender las exportaciones de casi toda la carne y elevar las retenciones. El viernes, con esa iniciativa oficial, la hacienda bajó en promedio 15 por ciento.

El miércoles, los principales compradores fueron la Ganadera Nueva Escocia, Frigorífico Penta, el supermercado Coto y Ganadera San Roque. Entre los cuatro concentraron el 31,2 por ciento de las compras. Nueva Escocia y Penta pertenecen a Juan Carlos Delaney, Esteban Ruocco y Carmelo del Regno, quienes también son dueños de Ganadera Arenales, que ese día compró otro 2 por ciento. San Roque pertenece a Eduardo Iezzi, quien también posee el Frigorífico Las Heras, que sumó 1,2 por ciento más. Así fue como tres grupos, propietarios de cinco frigoríficos, llegaron al 34,5 por ciento de las ventas. Un porcentaje similar se repite a lo largo del año (Penta, Coto y Nueva Escocia fueron los tres principales compradores del 2005) y, según los críticos, demuestra que si bien los consignatarios son más de 50 y los frigoríficos y supermercados más de 70, en la práctica quienes acaparan el mercado se cuentan con los dedos de las manos.

Un dato llamativo es la cantidad de personas que compra a nombre de los frigoríficos en Liniers. Penta autorizó a 34 operadores a comprar a su nombre; Nueva Escocia, propiedad de los mismos socios, a otros 30; y Arenales, la tercera empresa, a 2 más. En total son 66 personas comprando para el mismo grupo. Especialistas del sector aclararon a Cash que eso se debe a que esas personas no son empleados de los frigoríficos sino matarifes que no están registrados en la Oncca y que operan bajo el paraguas de los frigoríficos para evadir IVA, Ganancias e Ingresos Brutos. Pese a la irregularidad que eso representa, el mercado les otorga autorización para operar y el Estado no reacciona. Así es como en Liniers todos los días se terminan juntando cientos de personas que fortalecen la idea de “atomización” que los administradores del mercado quieren transmitir.

En la mayoría de los casos, esos matarifes son quienes tienen el capital suficiente para comprar la hacienda y los frigoríficos sólo se limitan a prestar un servicio de faena por el que suelen cobrar quedándose con el cuero y las vísceras, además de pagar un “recupero” por la diferencia, ya que el servicio que prestan es más barato que los subproductos que reciben. Los frigoríficos que hacen faena propia sólo utilizan a cinco o seis personas con las que se encargan de cubrir los diferentes remates que se suceden en el mercado.

La evasión de los compradores autorizados por los frigoríficos para operar en Liniers es fácil de detectar, pero las prácticas distorsivas que alteran la transparencia del mercado necesitan de un rastreo más fino. La Comisión Nacional de la Competencia dio un primer paso al instalarse en una de las oficinas del mercado para controlarlo de cerca.