Por Alejandro López Mieres y Claudio Lozano *

En Economía sostienen que el costo fiscal del plan Bonos de Lavagna se ubicará entre 3500 y 4000 millones de dólares. Monto necesario para financiar el traspaso de ahorristas atrapados en el corralito al menú de títulos optativos. La profunda diferencia entre ese número y el calculado por nuestro instituto de más de 24.000 millones de dólares exige una serie de consideraciones.
El lobby bancario, sobre todo ABA, presionó para imponer al Gobierno un esquema compulsivo de canje, arguyendo la imposibilidad de los bancos de devolver en tiempo y forma los depósitos reprogramados actualizados por el CER sin requerir más redescuentos por parte del Banco Central. El esquema implica el canje del 100 por ciento de los depósitos, maximizando el costo fiscal, reduciendo la exposición de los bancos frente a sus ahorristas y transfiriendo el riesgo de cambio al Estado. A las críticas a este plan se sumó también Roberto Lavagna, quien lo rechazará por considerar excesivo su costo. De ahí su insistencia por imponer un esquema optativo, que le diera consistencia legal a la operación y redujera sensiblemente su costo fiscal.
Sin embargo, la simulación que la Secretaría de Financiamiento incluye dos planillas: una, asumiendo el éxito total del canje (100 por ciento), que reprocesamos considerando un tipo de cambio a 3,60 (la oficial asume una paridad de 3 pesos por dólar); otra, considerando un canje del orden del 30 por ciento. En base a esta última, Economía realiza su proyección, pero sin mencionar los supuestos con los cuales trabaja:
a. Aceptación parcial del canje del orden del 30 por ciento.
b. Tipo de cambio de 3 pesos por dólar.
c. Omite el costo fiscal por la compensación a los bancos por la pesificación asimétrica. La misma Secretaría estima 1000 millones de pesos en Boden 2007 y 9000 millones de dólares en Boden 2012.
En nuestro cálculo el plan oficial abría la puerta para que el Estado y los argentinos asumiéramos una nueva deuda por 24.420 millones de dólares. Asumiendo entonces una aceptación del orden del 30 por ciento, el nuevo endeudamiento será de 13.820,4 millones de dólares. Se puede ver que el costo por el canje de depósitos será de 4542,6 millones de dólares.
En síntesis, Economía omite un pequeño detalle: la compensación es independiente de la aceptación del plan y es considerado como “hecho consumado”. Que le costará al país casi 10.000 millones de dólares.
Para concluir, debemos señalar lo paradójico de las declaraciones oficiales: el mejor plan sería la ausencia de plan. Si ningún ahorrista optara por los Boden, los bancos debieran honrar los depósitos –seguramente capitalizando sus filiales– y el costo fiscal sería mínimo. La pretensión de arribar a una “solución de compromiso” repartiendo los costos de la crisis entre las instituciones financieras y el Estado desnuda la impotencia del Gobierno para disciplinar a quienes siguen siendo los ganadores y que una vez más lograron transferir sus potenciales pérdidas al conjunto de la sociedad. Impotencia que se hace máxima al observar el proceso que se abrirá en los próximos días donde la decisión de los ahorristas se efectuará en el marco de las discusiones con el Fondo y bajo la aplicación de una política económica subordinada a los criterios de dicho organismo. Las posibles opciones-presiones a las que se verá sometido el Gobierno son:
1. Que al no producirse una masiva adopción de los bonos, los pesos que sigan saliendo del sistema presionen sobre el mercado cambiario, poniendo al Gobierno ante la opción de seguir debilitando su posición externa (venta de reservas) o agudizar el proceso inflacionario por vía de la elevación del valor del dólar. Es decir, si no hay costo fiscal las condiciones vigentes permiten perpetuar la presión de los bancos sobre el Gobierno sobre la base del traslado concreto de efectos negativos sobre la sociedad.
2. Que para evitar el dilema anterior, el Gobierno deba optar entre cerrar la asistencia financiera a las entidades bancarias o retornar a la implementación del bono compulsivo. Tanto por vía de una imposición o haciendo crecer el temor sobre los ahorristas respecto de que la caída eventual de algunos bancos podría implicar quedarse incluso sin los nuevos bonos dolarizados situación ésta contemplada en el propio decreto oficial.
En suma, las supuestas expectativas oficiales de “minimizar el costo fiscal”, de ser ciertas, chocan contra la inconsistencia general de una política económica que, paradójicamente, sólo vería menguar las presiones en caso de que el costo fiscal sea máximo. Entre otras cosas, parece difícil que el Ministerio de Economía deje de asistir a las entidades financieras privadas y obligue a los bancos extranjeros a capitalizarse. ¿Será cierto que el Ministerio de Economía quiere minimizar el costo fiscal? O estamos en presencia de un intento más inteligente de gestionar una crisis que supone perpetrar el robo a los ahorristas y cargar a la sociedad argentina con un mayor endeudamiento. ¿No será que lo que se pretende es minimizar el costo político?

* Economistas de Idef-CTA