CASH en Salamanca, España

Defiende el Estado de Bienestar como el mejor modelo para las economías de mercado, aunque advierte que la política social debe adaptarse al contexto en que se implanta. Rafael Muñoz de Bustillo Llorente, investigador de la Universidad de Salamanca, dejó constancia en diálogo con Cash de la falta de una política social comunitaria en la Unión Europea, y criticó el modelo de protección social estadounidense por ineficiente e individualista.

¿Cómo caracteriza el comportamiento de las políticas sociales en la UE?

–No hay una política social comunitaria vinculante que moldee un compromiso entre el mercado y sector público, sino políticas nacionales de países específicos que son resultado del azar, del compartir una visión del mercado, de la historia. Pero nunca hubo una política social de convergencia dirigista desde la UE y se ha confiado en el devenir del régimen económico, el incremento de la renta y la producción de cada país.

¿A qué responde esta divergencia en política social?

–Un elemento es el grado de desarrollo relativo. Cuanto más rico es un país, mayor es el porcentaje del PIB que se gasta en política social. No todas las diferencias se explican por esto. Hay países que gastan por encima de su nivel de renta y otros, por debajo. Es decir, la política importa. El planteo ideológico de lo justo o no justo cambia de una sociedad a otra.

Frente a estas diferencias, ¿piensa que la convergencia económica lleva a una convergencia en política social?

–La UE demostró que no hay un mecanismo automático de convergencia. Nunca se la planteó como uno de sus objetivos. ¿Qué duda cabe de que habría otras posibilidades de intervención, como la inclusión de normativas? Esto no se hizo, en parte, porque los países han sido muy celosos de mantener las competencias nacionales en materia de política social. Ahora, la UE tiene un papel importante en cuanto es cómplice y respalda el modelo de protección social haciéndolo compatible con la competitividad.

¿Cómo evalúa el modelo de protección social estadounidense?

–Estados Unidos tiene menor compromiso en política social, complementado por sistemas privados. La seguridad social se crea con la crisis, se mantiene desde entonces, pero con debates sobre su privatización. Cubren sólo a los pobres y los ancianos. El resto tiene que buscar su propia protección. Y una parte importante de la población –entre 30 y 40 millones– no tiene cobertura sanitaria o es parcial. Estados Unidos gasta alrededor del 14 por ciento del PIB en protección sanitaria, mientras que en España es del 7 por ciento aproximadamente. Sin embargo, los resultados en términos de tasas de mortalidad no son mejores en Estados Unidos que en Europa. No parece que ése sea un sistema muy eficiente, genera inseguridades y tiene impacto negativo sobre el bienestar. Detrás de eso, hay una acción política que deja en el individuo la responsabilidad fundamental de la protección, frente al europeo que piensa que es responsabilidad de la sociedad.

¿Es posible –e incluso necesaria– una política social de este tipo en América latina?

–Creo que el Estado de Bienestar es una buena forma de generar mecanismos de seguridad y redistribución de riesgos en economías de mercado. Es un buen sistema que, con adaptaciones para distintos niveles de desarrollo, debe estar presente en los países menos desarrollados o en proceso de desarrollo. Pero las instituciones viajan mal, tienen que estar adaptadas a los contextos donde se implantan, a sus estructuras productivas y sus mercados de trabajo. En México o Brasil, con mercados de trabajo altamente informales, no se puede pegar la seguridad social al trabajo formal. Hay que identificar los riesgos fundamentales y diseñar programas que no generen incentivos perversos.