Dom 11.02.2007
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NOTA DE TAPA

Se le escapó la canasta

› Por Maximiliano Montenegro

“Al Napia se le escapó la canasta”, admiten cerca del despacho presidencial. El Napia es Guillermo Moreno, el otrora todopoderoso secretario de Comercio, que en los últimos días debe soportar las críticas que, en privado, expresan sobre su gestión el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y la ministra de Economía, Felisa Miceli. Durante los últimos cuatro meses el costo de la canasta básica de alimentos aumentó 8,6 por ciento, la mayor suba en un cuatrimestre desde que Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada. Nunca antes, ni siquiera antes de los controles instrumentados por Moreno, los alimentos habían subido tanto en tan poco tiempo.

“Los datos del IPC de enero son definitivamente escandalosos para el sistema de control de precios oficial”, afirma Artemio López, el sociólogo favorito de Kirchner, a quien nadie puede acusar de haberse mudado a la oposición. López defiende sin sonrojarse la credibilidad del polémico 1,1 por ciento difundido esta semana por el Indec (ver aparte). Sin embargo, en un documento (“Evolución de la Canasta Básica Alimentaria e impacto sobre la indigencia por ingresos”) que llegó a manos del Presidente, deja en claro cuál debería ser hoy la mayor preocupación de la administración K: “las subas de la canasta básica de alimentos desde octubre proyectan más aumentos de los que manifestaban antes de los controles de precios”, explica el consultor.

El incremento del costo de la canasta básica de 7,6 por ciento en el último trimestre (noviembre, diciembre 2006, enero 2007) es superior al 4,2 por ciento que mostró la canasta en el trimestre (noviembre, diciembre 2005, enero 2006) en que Kirchner decidió la eyección de Roberto Lavagna del Ministerio de Economía (ver cuadros). Como se recordará, uno de los motivos esgrimidos entonces para justificar el despido fue, precisamente, que el ex ministro no contaba con una estrategia para enfrentar el alza de la inflación, y en particular las remarcaciones de precios de los alimentos.

Según los cálculos del director de la consultora Equis, de continuar la tendencia, la inflación de la canasta básica del último trimestre proyecta una inflación anual de alimentos superior al 30 por ciento: “Son números muy graves, que cuestionan por sí solos la eficacia de la estrategia oficial de control de precios de los alimentos”, insiste.

Y agrega una advertencia inquietante: “de persistir el ritmo de aumento de la canasta básica de alimentos el Gobierno desandará en el 2007 el camino en materia de baja de la indigencia”. Si no se frena la estampida de los alimentos, “transcurrido un año, 1,5 millones de personas caerán por debajo de la línea de indigencia; y todo esto en el mismo momento en que la economía acumula más de cuatro años de crecimiento a tasas chinas”. La indigencia, que en el segundo semestre de 2006 descendió al 9 por ciento de la población, volvería a trepar hasta alcanzar al 13 por ciento durante el segundo semestre de 2007.

El encuestador oficial dice que el impacto de los precios sobre la pobreza podría ser compensado por la creación de nuevos empleos, y/o mejoras salariales. En tanto, sugiere que el Gobierno debería trabajar en nuevas aumentos en la jubilación mínima y en el monto de los planes Jefes de Hogar, congelados desde el 2002 en apenas 150 pesos.

En el Gobierno les quitan dramatismo a los pronósticos del señor López. Y confían en la creación de nuevos puestos de trabajo que compensen el impacto inflacionario en los bolsillos de los más pobres. Según los datos del Indec que maneja Kirchner, el desempleo cayó al 8,6 por ciento en el cuarto trimestre de 2006, frente a un 10,2 por ciento en el tercer trimestre, y al 10,1 por ciento en el cuarto trimestre de 2005. Siempre considerando ocupados a los beneficiarios de planes Jefes de Hogar. Si se los contabiliza como lo que son, desocupados, entonces la tasa de desempleo seguiría a fines del año pasado arriba del dígito.

Igualmente, en Economía admiten que la situación es delicada.

En enero, en casi todos los alimentos relevados por el Indec los precios superaron largamente los “precios de referencia” publicitados a fin de diciembre por la Secretaría de Comercio Interior para que la gente “no pague de más”. Por ejemplo:

  • Papa: el “precio sugerido” era de 0,53 pesos el kg y el Indec registró 1,02 peso el kg. Un 100 por ciento más.

  • Zapallo: el precio sugerido era de 1,07 peso el kg y el Indec detectó un promedio de 1,67 peso, 56 por ciento más.

  • Limón: según el Indec el precio en enero fue 170 por ciento mayor al publicitado por Comercio Interior.

A pesar de los acuerdos de precios supuestamente prorrogados hasta fines de 2007 por Moreno, en los últimos cuatro meses las verduras se encarecieron un 21 por ciento y las frutas un 15 por ciento. El asado, uno de los 12 cortes populares acordado por Moreno con el sector cárnico, trepó 11 por ciento; el pollo voló un 14 por ciento, y la merluza un 12 por ciento. También hubo aumentos importantes en lácteos.

Moreno, el sheriff, no atraviesa por su mejor momento. La versión que circula en los propios despachos oficiales es que el escándalo del Indec lleva su sello. Desconcertado a principios de año por el salto en los precios de los alimentos, forzó el cambio de la metodología de medición de los otros dos rubros conflictivos en enero (prepagas y turismo) para disimular el desastre de la canasta alimentaria. Como explica el diputado Claudio Lozano (ver aparte), en las prepagas se contabilizó el 2 por ciento acordado para los planes con copagos. En turismo se dejó de lado la muestra de campo del Indec, y se tomó como válida una encuesta de la Secretaría de Turismo: según esa fuente, las tarifas del turismo en enero de 2007 fueron casi las mismas que en enero de 2006 (un “ajuste” de 0,03 por ciento). Pero además, se habría decidido revisar todo aumento de precios de productos estacionales (frutas y verduras) superior al 15 por ciento, antes de incluirlo en el índice.

Para un cambio semejante de metodología habría sido necesaria una discusión transparente de académicos y técnicos, y, sobre todo, la publicación de los nuevos procedimientos. Sin aquellas modificaciones el índice habría rondado, a lo sumo, el 1,8 por ciento. Nada que hubiera hecho temblar a la política económica. “¿Para qué tanto quilombo?”, se pregunta un funcionario que cada vez simpatiza menos con Moreno. Después de todo, más allá del IPC, el problema es la canasta de alimentos. Nadie cree que Kirchner vaya a soltarle la mano. No es el estilo presidencial. Pero, por primera vez en mucho tiempo, el sheriff ya no está al ataque.

OPINION

Defensor del índice oficial

Por Artemio Lopez
Director de Consultora Equis

Parte de la oposición política supone que privatizando el Indice de Precios al Consumidor (IPC), hasta ahora en manos exclusivas del Indec, va a construir argumentos convincentes. Es la contracara de la famosa inflación reprimida que agitaron con escasa fortuna hasta hace un par de meses. Ni lerdos ni perezosos ya lanzaron el “IPC PRO”. Mañana vendrá el “PBI UCR”, y el viernes, el CER “El General”. Este grotesco cuadro surge tras el desplazamiento de Graciela Bevacqua, la funcionaria sospechada de manejos intencionados para elevar el índice y con ello la rentabilidad de los bonos que ajustan por CER (más de 54 mil millones de dólares, un 40 por ciento de la deuda externa al 30 de junio pasado), que a pesar de estas sospechas mantiene su puesto y cargo. Este corrimiento disparó los intereses cruzados de grupos de presión sectorial perjudicados por la política oficial de control de precios y su “club de consultores amigables”.

Se sumaron, a su vez, la notable ausencia de ideas de un amplio espectro de la oposición política para construir una alternativa confiable al Gobierno, y unidos intentan ahora desacreditar la información oficial. Al respecto debe recordarse que el IPC tan cuestionado releva desde el año 1999 la nada desdeñable cifra de 80 mil precios en 6 mil puntos de ventas sólo en Capital y conurbano (190 mil precios en 17 mil puntos de observación cuando se expande a nivel nacional). Su mayor “inconsistencia” es y fue siempre su uso para comunicar periodísticamente un IPC “nacional”, cuando su localización en el caso cuestionado es metropolitana. Pero más allá esto no hay dudas serias sobre la calidad de su metodología y menos de su representatividad. Por otra parte, ¿quién puede desplegar mayor cobertura y desarrollo tecnológico adecuado para competir con este índice entre las consultoras privadas?

Las críticas puntuales que algunos analistas dispararan respecto del impacto atenuado del incremento en la medicina prepaga son inconsistentes, el ponderador se modificará en el IPC de febrero cuando la Secretaría de Comercio autorice los aumentos, pero no influirá sobre la magnitud final del índice como algunas consultoras suponen. El IPC seguirá entonces tan confiable y con similares limitaciones a las de hoy. Igualmente de insostenibles son las detectivescas “dudas” con respecto a la ponderación del rubro “Turismo”. Considerando la peor de las hipótesis de aumento de tarifas de los subgrupos “alojamiento” y “excursiones y paquetes”, el rubro turismo hubiera agregado apenas 2 décimas adicionales al índice.

Esta sarasa, prolijamente disfrazada de duda cartesiana por gran parte de la “patria consultora” de la década de los ’90, no impide señalar con contundencia que los datos de la canasta básica de alimentos de enero son definitivamente escandalosos para el sistema oficial de control de precios.

OPINION

El índice Moreno

Por Claudio Lozano
Economista de la CTA y diputado nacional

El resultado del “sainete Indec” de los últimos días ha redundado en una concreta modificación metodológica que, si bien no ha sido discutida públicamente ni sometida a una evaluación académica profunda, ha hecho emerger el “nuevo índice Moreno”. La premisa básica de esta nueva modalidad consiste en que el “índice de precios al consumidor no puede medir aumentos no autorizados”. Por esta razón, en lo relativo a los “sistemas de salud” se consideró un aumento del 2 por ciento cuando no era ésa la información relevada de la manera habitual. En idéntico sentido se operó con el ítem “turismo”, donde se reemplazó el relevamiento de siempre por la información de la Secretaría de Turismo o, lo que es lo mismo, los aumentos “acordados” para cada destino turístico. Parece obvio concluir que ésta es la única razón que explica que en materia turística la variación interanual diera un ridículo incremento de apenas 0,03 por ciento, y lo que hasta aquí se expone define por qué el índice dio un 1,1 por ciento y no arriba del 1,6. Cabe imaginar que para el mes de febrero la aplicación de la premisa metodológica vigente implicará discutir, por ejemplo, si los aumentos en medicamentos están permitidos o no. Además de lo expuesto, pareciera que de ahora en más en lo relativo al ítem “frutas y verduras” los aumentos superiores al 15 por ciento serán analizados por una comisión que dictaminará su veracidad. La primera consecuencia de lo ocurrido es que el cambio metodológico rompe la serie histórica y transforma en incomparable el “nuevo IPC Moreno” con el anterior. Es más: una mínima dosis de seriedad requeriría el mantenimiento de ambas mediciones en simultáneo, a efecto de poder hacer comparaciones válidas y realizar un empalme adecuado. La segunda consecuencia es que el nuevo índice define que todo lo que se actualice por inflación tendrá una pauta más baja (bonos, créditos, salarios) y deprime, aún más, la línea de ingresos que determina el umbral de pobreza. Este último punto es crucial porque abre la puerta al señalamiento de un hecho que revela, en profundidad, la cuestión de la manipulación política de las estadísticas. Hace ya tres años, los equipos técnicos del Indec han realizado una revisión metodológica acerca de cómo se mide la pobreza y la indigencia. El resultado es la existencia de una nueva metodología superadora de la actual publicada por el organismo y presentada internacionalmente, que aún no ha recibido la autorización política para poder aplicarse. Su puesta en vigencia nos indicaría que el principal drama de la Argentina de la desigualdad es mucho mayor que lo que se piensa, y exhibe, además, situaciones regionales y por edad distintas a las actuales. En realidad, la mención de estos temas sirve para decir que “la estrategia de romper el termómetro no sirve para combatir la fiebre”.

Está claro que, aun con los toqueteos oficiales al índice, éste evidenció un aumento de la canasta alimentaria del 2,6 por ciento que se inscribe en la disparada que estos productos exhiben desde octubre pasado en adelante.

Este punto es clave en términos interpretativos, ya que el problema de la inflación en la Argentina no tiene que ver con la amenaza de un futuro descontrol sino que remite al profundo daño social presente, y lo que un movimiento de apenas el 1 por ciento genera sobre un país donde el 40 por ciento de su población se ubica por debajo de la línea de pobreza. A igual situación en materia de ingresos, lo ocurrido en enero de 2007 implica 220 mil indigentes más.

La tercera consecuencia de todo lo ocurrido es que si el Gobierno es el principal responsable de la confianza pública sobre las instituciones del Estado, queda claro que la actitud oficial ha lesionado el funcionamiento del Indec, y esto no refiere ni a la remoción de una dirección, ni a la necesidad de revisar metodologías. Remite a que el Gobierno operó en ambos casos no con el objetivo de construir un Estado capaz de expresar y representar el interés público sino que buscó (tal cual hacían otros en el pasado) subordinar una institución a sus necesidades políticas.

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