Durante 2006 el sector forestal-industrial siguió con preocupación el creciente debate instalado en la sociedad respecto del emplazamiento de las plantas de celulosa en Uruguay. El conflicto por las pasteras excedió a la industria del papel y golpeó de lleno en la actividad forestal. Incluso en Entre Ríos se cristalizó en un proyecto de ley provincial para impedir la exportación de rollizos y chips madereros hacia tierras charrúas.

Manuel Climent es presidente de la Asociación Forestal Argentina (AFOA), entidad que nuclea a compañías forestadoras o dedicadas a la industria del aserrado y la celulosa, entre las que se destacan Alto Paraná, Celulosa Argentina, Forestal Las Marías y Papel Prensa. En su opinión, la industria forestal “no funciona sin asociarse con otras como la maderera o la del triturado (celulosa y papel), pero el Estado debe arbitrar claramente los medios y recaudos necesarios para que estas industrias se establezcan cumpliendo todos los requisitos que aseguren una producción ambientalmente sustentable y sin deterioro en la calidad de vida de las personas”.

Así lo entiende también María Cristina Area, directora del Programa de Investigación de Celulosa y Papel de la Universidad Nacional de Misiones, al afirmar que “hay que trabajar en una legislación nacional que ponga en igualdad a todas las provincias y tratar de trabajar en una legislación que haga que la industria de pulpa celulósica en la Argentina sea una industria sostenible y ambientalmente compatible”.

Para Roberto Fernández, director regional del INTA y docente de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones (UNAM), “comparadas con otros usos productivos, las plantaciones forestales tienen escaso impacto negativo sobre el suelo, siempre y cuando se apliquen prácticas de manejo adecuadas al sitio”.

Madera, maderita

Argentina tiene un millón cien mil hectáreas cultivadas, el 80 por ciento de las cuales se concentra en la Mesopotamia. “Hace tan sólo 20 años más del 90 por ciento de la producción industrial forestal provenía de los bosques nativos. Pero la superficie mundial de estos bosques sigue retrocediendo y, para expandir el uso de la madera sin aumentar su intensidad de explotación, es necesario incrementar la superficie de bosques cultivados”, afirma Climent.

En Argentina los bosques de cultivo proveen al 90 por ciento de la industria de base forestal, representando sólo el 4 por ciento de los bosques totales de Argentina y el 3 por ciento de la tierra cultivada.

Para el titular de AFOA “tenemos la oportunidad de expandir la superficie forestada, su industria asociada y crear un motor de desarrollo regional y nacional económicamente viable, socialmente beneficioso y ambientalmente sostenible”.

Actualmente Argentina exporta 760 millones de dólares por año en productos surgidos de bosques cultivados. La actividad emplea a medio millón de personas y existen 2300 pymes que viven de la madera. “Pero según las proyecciones económicas estamos perdiendo la oportunidad de incrementar los volúmenes de exportación hasta los 3500 o 4000 millones de dólares anuales y de expandir una actividad generadora de mano de obra en una de las zonas más necesitadas como es el NEA”, sostiene Claudia Peirano, especialista en agronegocios.

Por su parte, la Dirección Nacional de Programación Económica Regional, bajo la órbita del palacio de Hacienda, admite que “existen en el país alrededor de 20 millones de hectáreas adicionales con aptitud forestal, de las cuales, 5 millones no compiten con otros cultivos. De ese total, el 75 por ciento se ubica en las regiones Pampeana, Mesopotamia y Patagonia, con 6, 5 y 4 millones de hectáreas, respectivamente”.

Argentina es un importador neto de productos forestales con alto valor agregado (láminas, muebles y papeles de impresión) y un exportador de bienes primarios o semielaborados (rollizos, madera aserrada y pasta para papel).

“Esta situación ha comenzado a modificarse con la maduración de nuevas inversiones, tanto extranjeras como de origen nacional, dirigidas a la elaboración de productos de mayor valor tales como tableros de fibra y partículas, láminas y molduras”, explica un documento del Ministerio de Economía.

Hecha la ley

La Ley 25.080 de Promoción de Bosques Cultivados, sancionada en 1998 y promulgada en 2000, preveía una serie de beneficios para impulsar la producción de madera similares a los que existen en otros países. Entre esos estímulos se destacaban la estabilidad fiscal por 30 años y subsidios para los pequeños forestadores. El objetivo era lograr un área forestada de 2 millones de hectáreas para 2010. Pero los números muestran claramente la magnitud del fracaso. De una tasa de forestación de 100.000 hectáreas, durante 1999 y 2000, se disminuyó a un promedio de 40.000 anuales en el 2004. Esto refleja, según AFOA, que “se dejaron de invertir alrededor de 60 millones de dólares por año, lo que impidió la creación de unos 22.000 puestos de trabajo directo”.

“Los datos muestran que se está forestando menos que cuando la ley no estaba sancionada y que no se logra impulsar inversiones industriales que permitan aprovechar al máximo los recursos forestales que el país actualmente posee”, afirman desde la entidad.

También la norma establece reintegros de un 80 por ciento a los productores que cultiven hasta 300 hectáreas y de un 20 por ciento para aquellos que siembren entre 300 y 500 hectáreas.

Peirano afirma que “el pago de los reintegros ha sufrido los vaivenes de la crisis económica y de los serios problemas de implementación que tuvo esta ley desde su vigencia. Y fue un completo fracaso para promover inversiones vinculadas a la industria forestal”.

Los problemas se hicieron visibles en junio de 2004, cuando desde el propio gobierno se investigó una denuncia anónima sobre presuntas irregularidades en algunos expedientes forestales. En ese marco, el por entonces secretario de Agricultura, Miguel Campos, decidió desplazar a los responsables del área y designó en el puesto a la abogada Ester Malacari, una experta en auditorías que puso bajo una lupa a todo el sector. A mediados del año pasado, la intervención finalizó y asumió el nuevo director de Forestación de la Secretaría de Agricultura de la Nación, Omar Tesolín.

El funcionario explica que “a partir de la auditoría comenzada en 2004 se suspendieron muchos beneficios, en especial los otorgados a grandes empresas, pero luego de trabajar en forma coordinada con Aduana, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Legales de la Secretaría, ya estamos en condiciones de resolver los expedientes”. Con respecto a la vigencia de la ley, que rige hasta 2009, el director de Forestación explicó que el objetivo del Gobierno es prorrogar la norma tal como está por otros diez años. Esta posición no es bien vista por la cámara forestal-industrial, cuyos representantes señalan que “antes de pensar en extender la ley deberíamos analizar si es posible que cumpla sus objetivos de la forma en que está redactada. Hasta ahora, no lo ha hecho”. Tesolín retruca que “es lo que estamos haciendo. A partir de la campaña 2006, el monto del incentivo forestal se actualiza de acuerdo con los costos del momento de pago”. De esta manera –apunta el funcionario– “los productores que presentaron planes a partir de este año percibirán el aporte no reintegrable según los costos de plantación registrados a la fecha de cobrar el incentivo, es decir que el plantador que hizo una presentación en 2006 por una determinada cantidad de hectáreas recibiría el subsidio en 2008 de acuerdo con los valores de plantación que se actualicen ese año”.