Cuartel V, una de las localidades más pobres y alejadas de la comunidad de Moreno, creció aceleradamente en los últimos años, arrastrando importantes deficiencias en la prestación de los servicios públicos como agua, electricidad y gas. Luego de una investigación social, económica y técnica de tres años, la mutual de transporte El Colmenar y la Fundación Pro Vivienda Social junto a los vecinos, definieron que la necesidad prioritaria de la comunidad era contar con gas natural, ya que representaría un cambio radical en la calidad de vida y un significativo ahorro frente al costo de la garrafa de gas envasado. A partir de ese diagnóstico, más de cuarenta organizaciones sociales realizan desde hace casi cinco años una obra de extensión de la red de gas natural, tarea que históricamente ha quedado en manos del Estado o de empresas privadas.

En septiembre de 2001 se creó la cooperativa Comunidad Organizada, una red integrada por El Colmenar, Pro Vivienda Social y entidades de los barrios de Moreno. Este espacio asumió las acciones de promoción y difusión del proyecto “Obra Pública con gestión social”, encargado del tendido de la red de gas. El objetivo de Comunidad Organizada era abaratar los costos de la inversión y facilitar así el acceso de la población al servicio. Para que cerraran las cuentas era indispensable que siete de cada diez familias aceptaran conectarse a la red y firmaran el contrato de adhesión al fideicomiso, creado para llevar a cabo la gestión del proyecto y otorgar los créditos a las familias que debían pagar la conexión. Con ese nivel de adhesión, el costo de las obras –gastos materiales, administrativos, de promoción, de personal y eventuales riesgos– estaba estimado en 844 pesos por hogar, a pagar en un máximo de 120 meses.

Tradicionalmente, el costo de las redes se deduce de hipótesis de conexiones futuras, a partir de una estimación de rédito comercial. Las empresas y los municipios suelen calcular un máximo de 40 por ciento de futuros conectados. Esta ecuación hace que el valor de la conexión por usuario sea muy elevado. Por ejemplo, seis años antes en José C. Paz, la red externa llegó a cuatro de cada diez familias y le costó 1500 pesos a cada una. Además, con esta dinámica todas las casas por donde pase la cañería externa están obligadas a pagar la conexión, prendando de deuda al lote.

Según el proyecto de Cuartel V, en cambio, sólo se endeudan aquellos que firman el contrato de adhesión para conectarse a la red y el crédito que otorga el fideicomiso es personal y no pone el lote como garantía. De esta forma, el plazo de devolución de los créditos se fue estabilizando en un promedio de 48 meses y muchas familias ya cancelaron sus deudas. Al principio, conseguir la conformidad de la población fue difícil, por la poca credibilidad de los vecinos. “Las obras públicas suelen traer mucha desconfianza”, opinó ante Cash Silvia Ebis, del Colmenar. Pero con el tiempo, se logró la participación activa de la población en la discusión de los planes y precios de la red, en el control del fideicomiso y en la elección de la empresa constructora y de los vecinos que trabajarían en las obras. El otro obstáculo vino del municipio, que se opuso a invertir en las obras e impuso muchas condiciones para aprobar el proyecto. “El apoyo del Municipio al proyecto llegó una vez avanzadas las obras”, contó a Cash Luly Avellaneda, presidenta de Comunidad Organizada.

Después de sortear tantos escollos, en 2003 lograron comenzar el tendido de la red en los primeros cinco barrios de Cuartel V, a partir de un préstamo del Banco Mundial de 250 mil dólares y otro del Foncap (dependiente del Ministerio de Desarrollo Social) de tres millones de pesos. Dos años más tarde, 2500 hogares accedieron al gas natural. Y para fines de este año, se pretende incorporar a otras 2000 familias. En Comunidad Organizada hacen el siguiente cálculo. Una familia gastaba como mínimo unos 60 pesos por el gas envasado, hoy paga menos de siete pesos, es decir, un ahorro anual de 600 pesos. “Si lo multiplicamos por 2000 familias, son 1.200.000 pesos”, estimó Ebis. Y si se suman panaderías, casas de comidas y otros comercios que usan gas para sus emprendimientos, el ahorro es mayor a dos millones de pesos por año.