Las islas Malvinas se sitúan a 650 kilómetros de la costa argentina y a 8 mil kilómetros del Reino Unido. Están rodeadas por cuatro cuencas sedimentarias con potencialidad petrolera: al sur y en sentido este-oeste, las denominadas Plateau Malvinas, Cuenca Malvinas y Cuenca Malvinas Sur; al norte, la Cuenca Malvinas homónima. La capacidad exploratoria offshore del archipiélago malvinense comprende un área de aproximadamente 400 mil kilómetros cuadrados (semejante en superficie a las provincias de Buenos Aires y Catamarca), 50 por ciento mayor que la de los campos petroleros ingleses del mar del Norte (British Geological Survey) y equivalente a un 11 por ciento de la capacidad exploratoria nacional.

La Cuenca Austral es actualmente la única cuenca marina productiva del país. Su volumen de reservas offshore a fines de 2004 ascendía a 8.366.000 metros cúbicos de petróleo (un 3% de las reservas totales nacionales a diciembre de 2005). Según revelaron los últimos análisis sísmicos disponibles, se encuentra interconectada con las tres cuencas al sur de las islas, dentro del área de exclusión. En otras palabras, existen altas probabilidades de que las cuencas malvinenses presenten hidrocarburos en cantidades semejantes o aun mayores que los presentes en la Cuenca Austral.

Atraídas por estas perspectivas, tres compañías petroleras se encuentran trabajando en plena fase exploratoria: Falkland Oil and Gas Ltd. (FOGL), Hardman Resources Ltd. y Borders & Southern Plc. La primera posee una participación del 77,5 por ciento en siete licencias exploratorias, mientras que el restante 22,5 por ciento corresponde a la empresa australiana Hardman Resources. Son accionistas de FOGL la isleña Falkland Islands Holdings Plc. (18%), la australiana Global Petroleum (16%) y el hedge fund inglés RAB Capital Plc. (31%). La tercera compañía es la inglesa Borders & Southern, la cual detenta el ciento por ciento de cinco licencias por un área aproximada de 20 mil kilómetros cuadrados.

A diferencia de las aún inexploradas cuencas de la franja sur, la Cuenca Malvinas Norte fue estudiada en 1998 y arrojó resultados esperanzadores: apenas un año después, la revista oficial de la Geological Society of London le asignaba un reservorio probable de 60 mil millones de barriles de crudo. En la actualidad, tres compañías petroleras se reparten la licitación de sus bloques: las isleñas Argos Resources y Desire Petroleum, y la inglesa Rockhopper Exploration. Esta última –la mayor operadora de la Cuenca Norte– anunció oficialmente a sus accionistas que recuperará entre 130 y 190 millones de barriles de petróleo (Rockhopper Exploration, 5/02/07).

Las seis compañías que exploran ilegalmente el subsuelo del territorio argentino iniciaron su cotización accionaria entre 2004 y 2005 bajo el Mercado de Inversión Alternativa (AIM) de la Bolsa de Valores de Londres. El AIM permite la flotación accionaria de pequeñas compañías gracias a un dudoso sistema regulatorio, mucho más “flexible” que el del mercado principal. A modo de ejemplo, las críticas más severas al funcionamiento de esa entidad provinieron de Roel Campos, comisionado de la US Securities and Exchange Commission (SEC). Campos afirmó que las reglas del AIM para el mercado accionario crearon una suerte de mercado-casino (The Guardian, 10/03/07).

El Gobierno canceló el convenio sobre exploración y explotación conjunta de hidrocarburos suscripto con el Reino Unido. Dicho acuerdo se remonta a 1995 en el que se definió un Area Especial de Cooperación (AEC) de 17.854 kilómetros cuadrados al sudoeste de las islas. La AEC comprende tanto aguas dentro de la zona de exclusión como no disputadas. Abandonar la política menemista con relación a la exploración y futura explotación de los hidrocarburos en Malvinas, significa lisa y llanamente paralizar las actividades prospectivas de las seis operadoras citadas.

Si el Gobierno nacional persigue dicho objetivo, deberá comenzar por definir un paquete de medidas de ejecución simultánea que, entre otros actores, inhiba la banca que capitaliza las inversiones de riesgo y asesore a los accionistas, las empresas proveedoras de insumos y plataformas semisumergibles, las petroleras involucradas y sus respectivas nacionalidades, y los activos que estos países presentan en la Argentina.