Por Martín Abeles *

Entre las empresas endeudadas con el exterior que pretenden transferirle, aunque sea en parte, sus pasivos al Estado se encuentran Telecom y Telefónica, dos de las principales beneficiarias de la licuaciónpesificación de deudas con el sistema bancario local. La magnitud de la deuda de las compañías telefónicas con el exterior es tal que excede el valor al que podrían ser vendidas en el mercado, particularmente en el caso de Telecom, que ya se declaró en default por cerca de 3200 millones de dólares. Si bien, como en tantos otros casos, las dificultades financieras de las telefónicas se pusieron en evidencia recién luego de la devaluación, sería incorrecto atribuir –como pretenden las empresas– semejante vulnerabilidad sólo a la implosión de la convertibilidad.
Como se desprende de los balances de las compañías telefónicas, la crisis que atraviesa el sector es fundamentalmente el resultado de su estrategia de financiamiento, basada casi exclusivamente en la toma de crédito. De haber reinvertido en mayor medida sus propios dividendos, los accionistas habrían podido evitar el insostenible grado de endeudamiento actual, que los expone a la posibilidad latente de perder su capital.
Entre 1993 y 2000, Telecom y Telefónica obtuvieron conjuntamente algo más de 8400 millones de pesos-dólares de ganancia, de los cuales 6600 millones fueron distribuidos entre sus accionistas, y sólo 1800 millones reinvertidos. Es decir que más del 80 por ciento de los 9700 millones de pesos-dólares invertidos entre 1993 y 2000 se financiaron vía endeudamiento, y no mediante fondos aportados por los propios accionistas. Esta tendencia por parte de las compañías telefónicas (mejor dicho, de sus accionistas) a endeudar a la empresa en lugar de reinvertir su propio capital fue acentuándose a medida que avanzaba la convertibilidad. Entre 1993 y 1996, por ejemplo, las telefónicas obtuvieron conjuntamente cerca de 4200 millones de pesos-dólares de ganancia. De dicho monto, algo más de 2600 millones (el 62 por ciento del total) se distribuyó entre los accionistas. Así, sólo el 30 por ciento de la inversión productiva de este período, de aproximadamente 5400 millones de pesos-dólares, fue financiada con fondos de sus accionistas, mientras que la mayor parte (el 70 por ciento restante) fue financiado vía endeudamiento.
La tasa de reinversión de utilidades sería aún menor durante el cuatrienio siguiente. Entre 1997 y 2000 las telefónicas obtuvieron un volumen de utilidades semejante al período anterior, de cerca de 4200 millones de pesos-dólares. En esta oportunidad alrededor de 4000 millones de pesos-dólares, el 95 por ciento del total, fueron distribuidos entre sus accionistas. Es decir que prácticamente la totalidad de la inversión del período (sin discriminar entre activos productivos y financieros) fue financiada vía endeudamiento.
La decisión de no arriesgar capital propio es una decisión genuinamente privada. También lo es la decisión de adelantar capital a una empresa, aun en el caso en que sus accionistas no estén dispuestos (a pesar de contar con los fondos) a capitalizar dividendos. En eso consisten, precisamente, los derechos de propiedad en una sociedad capitalista. Lo que no queda claro es por qué los accionistas de las compañías telefónicas consideran que es la sociedad argentina en su conjunto la que debe hacer frente al resultado de esas decisiones cuando las mismas dan lugar a pérdidas, y no a ganancias.
Una empresa puede obtener los fondos necesarios para afrontar una inversión de distintas fuentes: recurriendo a los propios accionistas, sea mediante aportes de capital o bajo la forma de dividendos no distribuidos; emitiendo nuevas acciones y sometiéndolas a oferta pública; recurriendo al sistema financiero a través de, por ejemplo, la emisión de obligaciones negociables; o directamente endeudándose con algún banco, local o internacional. Todas estas fuentes de financiamiento son igualmente legítimas. En la medida en que los accionistas de una empresa optan por financiar una parte de sus inversiones con fondos que no aportan ellos mismos, y recurren, por ejemplo, a un banco, o a un fondo de inversión, establecen una sociedad con la entidad que les otorga el crédito, que se convierte así en una suerte de socio financiero. Se trata de una sociedad en la que ambas partes asumen un riesgo, dado que ambas dependen, directa o indirectamente, de la rentabilidad de la empresa; es decir, de la capacidad de la empresa para generar un excedente.
Si la totalidad de los fondos invertidos por la empresa fue aportada por sus accionistas, éstos tienen derecho a la totalidad de ese excedente, que pueden reinvertir o distribuir, total o parcialmente. Si, en cambio, sólo una parte de los fondos fue aportada por los accionistas, y el resto por los socios financieros, sólo parte de ese excedente corresponde a los accionistas de la empresa –lo que resta luego de pagar los intereses correspondientes a los socios financieros–.
De allí que la dificultad de una empresa para afrontar sus compromisos financieros constituya un conflicto eminentemente privado: entre los accionistas de una empresa y sus socios financieros. Un conflicto en el cual el conjunto de la sociedad, a través del Estado, no tiene por qué involucrarse. Menos aún cuando una parte significativa de esos compromisos corresponden a autopréstamos, como en el caso de Telefónica, que debe alrededor de 900 millones de dólares a su propia casa matriz.
Es en este sentido que resulta crucial distinguir a las empresas de sus accionistas. Las compañías telefónicas no dejarán de operar, ni de prestar el servicio, ni despedirán a más personal del que de todos modos hubieran despedido, como consecuencia de sus dificultades financieras. Es probable, sin embargo, que cambien sus dueños.
En el caso de, por ejemplo, Telecom, deberían ser los accionistas, y no el Estado argentino, quienes respondan por los compromisos incumplidos, con las propias acciones de la empresa si fuera necesario. El problema en este caso particular es que ni siquiera el 100 por ciento del paquete accionario de Telecom resulta suficiente para saldar el pasivo. De allí que sea plausible que el lobby en favor de la estatización de la deuda externa de las telefónicas –y de otras grandes empresas en situación similar– concite el apoyo de sus propios acreedores. Para éstos podría ser más redituable un rescate estatal que la ejecución de sus deudores.

* Investigador del Area de Economía y Tecnología de FLACSO, coautor del libro El Oligopolio Telefónico Argentino.