Alberto Devoto es uno de los funcionarios de más confianza de Roberto Lavagna. Por ese motivo, el ministro le pidió que se hiciera cargo de la Secretaría de Energía cuando comenzara la negociación de las tarifas de servicios públicos. Entrevistado por Cash, Devoto aseguró que “algunos servicios no tienen por qué aumentar” y que los que suban sólo podrán corregir sus tarifas en menos del 10 por ciento. El funcionario señaló que las privatizadas quieren mantener la rentabilidad que tenían antes de la devaluación “sin tomar en cuenta que sus empresas ahora valen la mitad que el año pasado”. Además de encargarse del ajuste tarifario, Devoto espera dejarle al próximo gobierno un nuevo marco regulatorio de los servicios públicos y del mercado de combustibles. “No puede ser que las petroleras quieran cobrar las naftas a precio internacional, si durante la convertibilidad costaban mucho más caras acá que en otros países”, advirtió.
¿Los requerimientos de aumentos que realizaron las empresas contemplan el total de la incidencia de la devaluación en sus costos o son un incremento a cuenta de una suba mayor?
–Son un primer aumento a cuenta.
Entonces a la mayoría se le fue la mano.
–Sí, corto no se quedó ninguno.
¿Justifican sus pedidos con un detalle de los incrementos de costos?
–La comisión que trabaja en el tema les viene pidiendo información desde que comenzó a trabajar. Ahora se comparará con lo que piden.
¿Se va a tomar en cuenta que algunas empresas tuvieron, durante una década, utilidades que duplicaban las internacionales?
–En la primera gestión, a principio de año, se habló de hacer una renegociación de contratos en 120 días. Ese tiempo pasó y no se hizo. Ahora sólo planteamos alguna recomposición que asegure la sustentabilidad del servicio. La responsabilidad es del Estado. Tenemos que asegurarnos de que dentro de dos años no nos quedemos sin luz. Vamos a compatibilizar dos cosas: la permanencia del servicio y la capacidad de pago de la población. Ninguna tarifa va a ser más alta de lo que la gente pueda pagar. Por eso nos vamos a dedicar sólo a asegurar esta ecuación. No estamos decidiendo cuál va a ser el incremento final que se concederá.
El ministro dijo que las tarifas actuales les permiten operar a todas las empresas. Lo que no pueden pagar con este cuadro tarifario son sus deudas dolarizadas. ¿Es lógico que carguen ese costo sobre los usuarios?
–Eso ni lo vamos a estudiar. Las deudas que hayan contraído no son problema del Estado.
Pero los aumentos que pidieron reflejan el aumento del costo financiero. ¿O no?
–Por lo que pidieron, parece que sí. De todas maneras, pueden pedir lo que quieran. No se lo vamos a dar. Eso tendrá que ser parte de negociaciones futuras en las que deberían tomarse en cuenta las conductas de cada empresa en particular.
Ni las audiencias públicas ni la opinión de la comisión bicameral son vinculantes. ¿Para qué se hacen entonces?
–Están previstas en los marcos regulatorios, y los entes de control que trabajaron bien siempre las tomaron en cuenta en sus decisiones. Si se leen las resoluciones del ENRE, que yo presidía, se verán las consideraciones de las comisiones expresadas en cada decisión.
Pero en este caso ustedes prácticamente ya dijeron lo que están dispuestos a conceder.
–El ministro dijo que va a dar aumentos de un dígito, como máximo. Pero en algún caso puede justificarse que no haya ningún aumento. Por eso es importante un estudio a fondo. Acá no se están debatiendo tarifas, sino ingresos. Las empresas dicen que perdieron ingresos, veremos cómo recomponer una parte. Los sectores de menores recursos no deben tener aumentos de tarifas.
¿Hay servicios que a pesar de la devaluación no deberían aumentar?
–En el caso del agua, por ejemplo, se pueden rever los plazos del plan de inversión, y no aumentar la tarifa. En electricidad se pesificó la tarifa de empresas y campos que exportan toda su producción en dólares. Esto quiere decir que se pueden recomponer ingresos de las empresas de servicios públicos cobrándoles a los que pueden pagar. Lo mismo ocurre con las comunicaciones internacionales. Las multinacionales están recibiendo llamadas entrantes con pago aquí. Quiere decir que hay mucho para buscar ingresos sin subir tarifas generales. Además, las privatizadas tienen que entender que en el país hubo pérdida de valor. Ellos quieren ganar lo mismo que antes, pero habría que ver sobre qué capital están calculando la rentabilidad, porque acá todo vale menos y las empresas también. La rentabilidad justa y razonable ahora hay que estimarla sobre algo que vale la mitad que antes. Sobre esa base, quizá haya empresas que no tengan por qué aumentar nada.
¿Qué espera conseguir al frente de la Secretaría de Energía?
–Tengo varias metas por cumplir. Siempre sostuve que energía es uno de los sectores que requieren políticas de mediano y largo plazo. Cualquier inversión lleva varios años. Si falta energía, no se repone al día siguiente. En consecuencia, mi objetivo es consensuar con determinados sectores para dejar instaladas algunas alternativas de políticas a largo plazo. El próximo gobierno tiene que encontrar este camino despejado.
¿Cuáles son las principales metas?
–Un eje importante es la integración en el Cono Sur. Debemos interconectarnos con todos los países que podamos de la región. Seguir con proyectos conjuntos. Aprovechar las sinergias para ganar competitividad en nuestras producciones. Por eso creo que debe ser tratado como política de Estado.
¿Y cómo se insertan las privatizadas en esta estrategia?
–Creo que en los ‘90 hubo servicios que fueron muy funcionales a la economía y otros no. Por ejemplo, en los ‘80 teníamos cortes de electricidad y ahora exportamos energía. A las empresas que no aportaron a la competitividad general hay que crearles el marco regulatorio adecuado para que en el futuro sí lo hagan. Por eso me interesa trabajar en proyectos de largo plazo. De eso me voy a ocupar estos meses.
Las petroleras vieron caer sus costos en dólares y aumentar el precio internacional del crudo en pocos meses. Incrementaron fuertemente sus ganancias, pero al mismo tiempo le restan competitividad a la economía aumentando los combustibles. ¿El Estado no va a intervenir?
–El problema del mercado de petróleo debe ser un tema de agenda de largo plazo. Es una de las cosas que me gustaría dejar encaminadas. La política energética no debe ser sólo el desarrollo de las fuentes, sino el aprovechamiento por parte de la sociedad de esos recursos. El negocio petrolero requiere grandes inversiones en exploración que el Estado no podía afrontar. Pero, de todas maneras, me parece que no es importante la propiedad del capital, sino el marco regulatorio. Con el combustible hay que poner en la balanza que durante la convertibilidad teníamos los precios muy altos en dólares. No puede ser que ahora nos digan que tienen que cobrarlos lo mismo que en otros países.
¿Y qué van a hacer?
–Por ahora, estamos dándole combustible barato al transporte público y al de carga. De aquí en más, vamos a seguir subsidiando sólo al transporte de pasajeros. Y las petroleras tendrán que mantener igual el precio que pagan los camiones. Yo quiero dejar una ley de hidrocarburos que revea el funcionamiento del mercado de combustibles y la explotación de los hidrocarburos en general. Además, estamos intentando dejar avanzada la implementación del sistema de transporte público de pasajeros funcionando a gas comprimido.