En agosto de 2005 se presentó un programa de apoyo a las pymes que consistió en la asignación de montos destinados a la capacitación de recursos humanos, a la optimización de procesos productivos y al fomento de las exportaciones. Ese programa nació de la ley 25.924 promulgada por el Poder Ejecutivo un año antes, que establecía un cupo anual de 1200 millones de pesos para incentivos de los cuales 200 millones tenían como destino exclusivo las pymes. Se definió también que los proyectos prioritarios serían aquellos que promovieran el empleo y la incorporación de insumos nacionales.

Los mecanismos que posee el Estado para incentivar el desarrollo y crecimiento de pymes y productores agropecuarios incluyen asistencia técnica, créditos a tasa subsidiada, aportes no reembolsables, beneficios impositivos y/o fiscales y facilidades financieras. Esas iniciativas son de alcance sectorial, regional u horizontal, según el beneficiario y abarcan aspectos como la inversión, la competitividad y las exportaciones.

Existen 29 clusters en funcionamiento que agrupan a 476 micropymes. Foto: Gustavo Mujica

Esos instrumentos se concentran principalmente en la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, en la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y en el Consejo Federal de Inversiones. Estimaciones realizadas a partir del Censo Económico Nacional 2004/2005 muestran que actualmente alrededor de 15.000 pequeñas y medianas empresas acceden a los programas de subsidio de los costos financieros sobre un total de 1.200.000 firmas.

De acuerdo con el Informe sobre la utilización de Programas Públicos entre las pymes industriales, publicado por la Fundación Observatorio PyME en noviembre de 2007, entre el 40 y el 50 por ciento de esas firmas conoce la existencia de programas públicos de asistencia, los cuales son utilizados sólo por entre el 2 y el 4 por ciento de ellas. Según esa encuesta, las empresas encuentran incongruencia entre los temas que se pretenden atender con los programas públicos y sus necesidades, así como remarcan lo burocrático y desestimulante que resultan los procesos para acceder a ellos. Por eso proponen, por ejemplo, como mecanismos de política pública para el fomento de la inversión en tecnología, mayor acceso al financiamiento de mediano y largo plazo (46 por ciento), medidas arancelarias y fiscales (38), mayor vinculación con universidades y centros de investigación (8) y actividades que amplíen la información sobre las nuevas tecnologías (6 por ciento), ente otras.

Por su parte, el Observatorio PyME propone seguir los caminos internacionales ya consolidados, como desgravar del impuesto a las ganancias la reinversión de utilidades sin cupos y de manera automática y también la inversión en capital humano.

Existe una base de datos online administrada por la Subsecretaría de Coordinación Económica con los instrumentos mediante los cuales el Estado intenta incentivar el desarrollo productivo, que posee información sobre los distintos programas en vigencia y se encuentra actualizada al 13 de septiembre de 2007.

Por otra parte, desde fines de 2006, la SEPyME está impulsando la creación de clusters regionales mediante la integración de empresas en redes productivas, con el objetivo de aprovechar la heterogeneidad de las industrias locales del mismo sector y región para el desarrollo de ventajas competitivas. Actualmente, existen 29 en funcionamiento, distribuidos por distintas partes del país y que agrupan a 476 micro, pequeñas y medianas empresas. Los de madera y muebles son los que más firmas concentran con 98 distribuidas en 4 agrupamientos, seguidos por los de software, apícolas, avícolas, turismo y maquinaria agrícola.

Un estímulo adicional con que cuentan las empresas para incrementar su producción, actualizar su tecnología y avanzar con exportaciones de mayor valor agregado proviene de la política de tipo de cambio alto de los últimos años.