En materia de debate no puede negarse que las minicrisis tienen la virtud de sacudir un poco la modorra propia de los períodos de bonanza. Mientras algunos economistas, espantados por las vívidas imágenes del pasado que ofrecía el presente, se abocaron a explicar al prójimo qué cosa eran las retenciones móviles, otros siguieron sacándole punta al lápiz para ajustar cuentas y mirar qué trae el futuro. Dieron por descontado, con sabiduría, que las nuevas medidas llegaron para quedarse, aunque aún no pueda proyectarse el costo de los subsidios que insumirá aplacar el descontento del campo.

En su informe del pasado 31 de marzo, redactado durante el fragor del lockout, el Estudio Bein recordó que finalmente las retenciones “no son más que la decisión de adoptar una estructura de tipos de cambio de exportación diferencial”. Ninguna novedad, pero lo interesante son los números. Con las nuevas medidas la “industria no agropecuaria” recibe un tipo de cambio de 2,99 pesos por dólar, las carnes 2,68 (aunque con restricciones para exportar), el maíz 2,39, el trigo 2,30, los combustibles 2,17, la soja 1,73 y los lácteos 1,57. Ahora bien, si estos valores corrientes se transforman en reales, es decir, si se los deflacta de la inflación local y se los ajusta por la inflación de Estados Unidos, se tiene que los dos últimos productos, soja y lácteos, reciben un tipo de cambio menor al de la convertibilidad. La mayor ganancia de estos sectores resulta hoy de los mejores precios internacionales, no de la política cambiaria. Además, aunque muchos de los insumos recuperaron o incluso superaron sus valores del 1 a 1, otros, como los combustibles, siguen por debajo. El problema, destaca el informe, es que la brecha cambiaria entre sectores parece haber alcanzado un límite sobre el que no podrá seguir operándose, más cuando en un contexto es el aumento de los costos locales en dólares con salarios que también crecen en divisas.

Pero lo que está en discusión, continúa el trabajo de la consultora que dirigen Miguel Bein y Marina Dal Poggetto, no es la presunta existencia de una rentabilidad negativa, sino la distribución de una torta que se agranda. “Resulta evidente que el esquema actual genera una transferencia creciente de recursos entre sectores, entre Nación y provincias, y un impacto distributivo progresivo, aunque no demasiado significativo”.

Si se consideran por separado estas tres redistribuciones se tiene que la transferencia entre sectores opera vía la diferenciación cambiaria (distintas alícuotas por producto) y su objetivo es beneficiar la producción de maíz y trigo en detrimento de la soja y el girasol. También la industrialización en detrimento de la exportación primaria. De todas maneras, esto ocurre cuando las señales de precios internacionales fueron positivas prácticamente para todos los sectores y, en el caso de muchas industrias, trasladados directamente a los precios internos.

La transferencia Nación provincias se produciría porque las retenciones son un impuesto nacional que no se coparticipa y, a juicio del informe, se gasta en las provincias de manera discrecional y no en su totalidad. La argumentación es controvertida en tanto los beneficios del mantenimiento del actual esquema económico, basado en los diferenciales de tipo de cambio y en la consistencia fiscal generada vía retenciones, trasciende las fronteras políticas internas.

El último tipo de transferencia es la redistribución progresiva que, siempre según el informe se produciría vía subsidios y no por los sectores que resultan gravados. Si bien se ve aquí un avance, se lo considera limitado. La razón, ahora sí, es que los subsidios no llegan a quienes más lo necesitan.

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