Dos miembros del gabinete adelantaron que ya está tomada la decisión política de descongelar las tarifas de gas y electricidad, y que si bien la oportunidad está supeditada al criterio de oportunidad de la Presidenta, dan por seguro que el anuncio se hará pronto.

Una medida de estas características figuraba como primer punto del paquete antiinflacionario que Martín Lousteau ventiló cuando se vio con un pie afuera del gabinete. Sin embargo, es probable que el esquema a aplicar no sea el propuesto por el ex ministro. Su idea –que según figura en el documento había sido planteada puertas adentro del Gobierno dos meses antes– era dejar fuera del alcance del aumento a los usuarios pobres, afectar con un incremento sustancial del 40 por ciento de los clientes de mayor poder adquisitivo, y “ajustar sólo por inflación” a la clase media baja. Esto último no cuenta con el aval de varios influyentes funcionarios, que argumentan que esa imprecisa categoría de clase media baja no debería verse afectada de manera significativa.

Más allá de los detalles de diseño, el argumento para justificar la medida es común a todos. Dicen, tal como lo dejó por escrito Lousteau, que resulta inequitativo que los ricos paguen la luz y el gas tan barato (una familia de clase media-alta paga alrededor de 2 pesos por mes por cada uno de esos servicios) a costa de los subsidios que el Estado desembolsa para satisfacer la elevada demanda de energía derivada de precios bajos. Además de redistributiva, sostienen que la medida contribuiría a frenar los precios por dos vías: desde el punto de vista fiscal, por la reducción de subsidios; y desde el punto de vista de la demanda privada, porque debilitaría el consumo de los usuarios afectados.

Esto último es indiscutible: si una familia paga más por la luz y por el gas, dejará de gastar en otras cosas.

Pero en relación con el impacto fiscal de la medida, para que sea efectiva en disminuir los subsidios se requiere que los mayores precios provoquen un menor uso, y no es nada seguro que la demanda de servicios por parte de segmentos de alto poder adquisitivo sea significativamente elástica a la señal de precios.

Por supuesto que el efecto sería directo y seguro, si parte o el total del adicional tarifario asume la forma de impuestos en lugar de ir pleno a la caja de las concesionarias.

En cualquier caso, no hay duda de que la medida algo aportaría a la política antiinflacionaria en el sentido que aconsejó Joseph Stiglitz en su breve paso por el país. Pese a que todos los medios que lo entrevistaron destacaron que el Premio Nobel desaconsejó enfriar la economía y se pronunció a favor de mantener la mayor tasa de crecimiento posible, también dijo que en la actual situación es recomendable moderar la demanda en sectores puntuales.

En otras palabras, Stiglitz rechaza las tradicionales recetas ortodoxas de brocha gorda del tipo suba generalizada de la tasa de interés o baja indiscriminada de gasto público, pero no niega la necesidad de poner paños fríos de manera selectiva. Y eso puede hacerse apuntando a sectores productivos que muestran desequilibrios (como en el caso energético), o a sectores de la población de elevado poder adquisitivo que, como sostuvo Lousteau en el mencionado documento, tiene el consumo “con más componentes importados y de servicios suntuarios”.

En igual sentido, otra de las medidas antiinflacionarias propuestas por el ex ministro es inducir mediante la rebaja de encajes una suba en la tasa de interés de los plazos fijos y una extensión de las colocaciones, de manera de estimular el ahorro de los que tienen excedentes y el otorgamiento de préstamos a mayor plazo.

Un financiamiento más accesible es un factor clave para que prosperen políticas destinadas a aumentar la oferta, que es otra de las recomendaciones que dejó Stiglitz. Al respecto, el Banco Central podría desentumecerse e intervenir con normativas e instrumentos para que los bancos canalicen una porción más grande de su capacidad prestable al sector productivo, en lugar de concentrarse cada vez más en los muy redituables créditos personales.

Los ejemplos anteriores son apenas una muestra para ilustrar que el abordaje al problema de la inflación no supone asumir una posición a favor o en contra del “enfriamiento”, como pretende instalar el “relato” oficial. La inflación es un proceso lo suficientemente complejo como para tratarlo con superficialidad y maniqueísmo.

Pero más allá de las simplificaciones binarias desde una tribuna, la principal novedad es que “por fin reconocen que la inflación existe y es un problema”. Lo dijo uno de los principales hombres del Gobierno refiriéndose a la gente que está a su mismo nivel y por encima.

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