Un insumo fundamental del control de precios que pretende ejercer el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno es la información que le proporciona la empresa Tomadato, que como su nombre lo indica releva los precios de alrededor de 1200 artículos en las principales cadenas de supermercados. En esa lista figuran, por ejemplo, trece variedades de mayonesa, catorce de fideos, cinco de jamón cocido, dos de crudo, dieciséis de hamburguesas congeladas, cuatro de atún en lata, cuatro de aceituna y veinte tipos diferentes de edulcorantes. El mismo Moreno suele ocuparse de llamar por teléfono a los ejecutivos supermercadistas si considera que algún aumento relevante que detecta en los listados no corresponde y debe ser corregido.

A juzgar por los resultados, la estrategia no funciona satisfactoriamente hace ya largo tiempo. La ineficacia se percibe en el incremento que registran en general las góndolas, pero, lo que es peor, también se percibe en las variaciones de los artículos de primera necesidad. De acuerdo al relevamiento de la Canasta Básica de Alimentos que realiza la consultora Equis de Artemio López, en los diez meses transcurridos a partir de julio del año pasado, la CBA de Coto subió un 27 por ciento. En el desagregado sobresalen alzas desmesuradas como en harina de trigo (117 por ciento), fideos (116), galletitas saladas (84), mermelada (63), tomate en lata y arroz (59), huevos (58), dulce de batata (46) y cuadril (41 por ciento).

No hay duda de que las grandes cadenas de supermercados son socias del selecto club de formadoras de precios, tal como señaló acusatoriamente la Presidenta en su discurso del lunes pasado, cuando con más claridad que nunca reconoció que la inflación existe y es un problema serio. Y siempre y cuando lo hagan dentro de la legalidad, los grupos piqueteros afines al Gobierno tienen todo el derecho de manifestar frente a los supermercados tal como lo hicieron dos días después. No hay razón para horrorizarse de que gente organizada reclame en la calle para que bajen los precios.

Pero el discurso acusatorio y la escasamente nutrida acción militante de nada sirven si no hay una política de control efectiva en un marco de condiciones macroeconómicas compatibles con cierta estabilidad. Suponiendo que esto último se cumpla (supuesto que está en bulliciosa discusión), la experiencia y el sentido común llevan a pensar que la pretensión de controlar mucho termina sirviendo de poco.

Resulta más que interesante contrastar lo que se viene haciendo últimamente con la política de control de precios que la misma Secretaría de Comercio aplicaba antes. Hasta hace un año, el eje de la política consistía en acuerdos de precios que comprendían a unos cuarenta artículos de primera necesidad. Esos precios eran publicados en solicitadas de amplia difusión que servían como guía para la población y, además, el organismo publicaba quincenalmente en su página de Internet los precios de esa canasta acotada correspondientes a varias sucursales de las principales cadenas. Hasta el día de hoy figura en la página web la información quincena por quincena desde principios de 2006 hasta marzo de 2007.

Comparando para una de esas cadenas los precios de los mismos artículos (marca y tamaño) de la segunda quincena de marzo de 2007 con los actuales, surgen las siguientes diferencias: 99 por ciento de alza para el arroz blanco simple grano fino; 75,3 en la lata de arvejas; 62 para los duraznos en conserva; 53 para el café torrado La Morenita; 43,4 para la Pepsi de litro y medio; 34,5 para la yerba mate con palo común; 33 para el azúcar; 32,6 para el sachet de leche entera y 25,1 por ciento para el kilo de pollo entero fresco.

Tal vez sea posible (y hasta quizás deseable) que el Estado cuente con la capacidad burocrática para controlar un enorme universo de precios, que atraviese cada una de las cadenas productivas desde la materia prima hasta la góndola del súper.

Pero a la vista de lo sucedido, parece más sensato y conducente recomenzar con pretensiones más modestas y con probabilidad mayor de éxito, concentrando los recursos en garantizar el acceso a precios bajos y rigurosamente controlados de una canasta básica de primera necesidad. Que no es otra cosa que lo que se hacía hasta que la omnipotencia y la prepotencia desplazaron a la sensatez.

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