El Estado es un instrumento esencial para el desarrollo económico, político y social. Más allá de las discusiones acerca del tamaño y de su ámbito de actuación, los países con experiencias exitosas le reservaron un papel protagónico. Para que el Estado pueda cumplir eficientemente con cualquiera de las tareas asignadas (productor, regulador, árbitro, planificador), se requiere la concurrencia de algunos requisitos. En primer lugar, la mejora de la gestión estatal es el resultado de una decisión política. Sin embargo, la capacidad del Estado para llevar a la práctica esas decisiones exceden la voluntad dirigencial.

La posibilidad de que el Estado regule, arbitre y negocie eficazmente dependerá, en gran medida, de la capacidad de sus funcionarios políticos y de carrera. En términos del modelo burocrático weberiano, la profesionalización del cuerpo de funcionarios resulta esencial para el correcto despliegue del andamiaje estatal.

La consolidación de un elenco burocrático estable y capacitado dependerá, entre otras cosas, del nivel de remuneraciones. Si bien la permanencia en el Estado no se reduce exclusivamente a una lógica económica, una paga deficiente provoca incentivos para la migración al sector privado. En ese sentido, en las últimas décadas se demostró que los funcionarios más capacitados son seducidos para abandonar el plantel estatal.

En la actualidad, la principal fuente de información disponible es el Indice Salarial para el Sector Público del Indec. Ese indicador es calculado sobre la base de una encuesta ad hoc realizada en algunas dependencias del sector público. Se pondera la participación de las masas salariales del sector público nacional, provincial y municipal en el total de la del sector público (26, 60 y 14 por ciento, respectivamente). De acuerdo a esos datos, los trabajadores del sector público registraron un incremento salarial el año pasado por encima del obtenido por los del sector privado (formales y no registrados). El aumento alcanzó el 28,4 por ciento, versus 20,0 por ciento para los privados registrados y 24,1 para los no registrados.

Sin embargo, la favorable evolución de los salarios públicos no debe llevar a conclusiones apresuradas. El incremento salarial solamente permite una parcial recuperación del atraso acumulado desde el colapso de la convertibilidad. En el período 20012006, los trabajadores del sector público tuvieron una evolución nominal del 45,1 por ciento, mientras los asalariados privados no registrados tuvieron un crecimiento del 57,2 por ciento y los registrados del 126,2.

En el documento “Las inconsistencias del indice salarial del sector público. Un análisis a la luz de los datos oficiales”, elaborado por el equipo del Instituto de Estudios y Formación de la CTA (Claudio Lozano, Ana Rameri, Tomás Raffo), se señala que “al constatar todo el período postconvertibilidad, y aun con el quiebre de tendencia que en materia salarial arroja el índice, los trabajadores del sector público son los que presentan la mayor caída de su poder adquisitivo (22,5 por ciento), seguido de los asalariados privados no registrados (que acumulan una caída del 18,8) y, por último, los asalariados privados formales, que son los únicos que han alcanzado un poder adquisitivo real superior al del 2001 en un 12,9 por ciento”.

Además, el equipo de trabajo de la CTA objeta la metodología utilizada para construir ese indicador. Concretamente, los economistas explican que la muestra se construye de acuerdo a las ponderaciones que surgen de la masa salarial de los escalafones de mayor nivel y, dentro de éstos, seleccionando a las cargos con retribuciones más elevadas. Lozano, Rameri y Raffo advierten que “la situación anteriormente descripta reviste gran importancia porque la representatividad de un indicador se legitima cuando ‘representa’ la composición real del conjunto. Es decir, que si la evolución de los componentes salariales fue mayor en un escalafón que agrupa a poco cantidad de trabajadores, tal evolución lógicamente que debe ser considerada pero sólo en el grado de importancia que se relaciona con la cantidad de trabajadores que contiene, no para el conjunto del sector público. Así, el Indice Salarial para el Sector Público tiende a reflejar más la evolución de los ingresos del personal de mayores ingresos (pero que representa una parte importante de la masa salarial), antes que a ser un indicador idóneo del conjunto de los trabajadores estatales”.

Realizando un análisis comparativo de los dos últimos períodos publicados (enero y julio 2007), esa troika de economistas demuestra que se incrementó la proporción de la masa salarial para el pago de remuneraciones a los tramos de mayores ingresos (más de 6000 pesos), que representan una porción minoritaria (16 por ciento) del plantel total.

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