Desde que se anunció el sistema de retenciones móviles hasta el día noventa del más violento lockout de la historia argentina el Gobierno ha cedido una y otra vez en las negociaciones. Sólo quien pretenda, convencido o confundido, la subordinación total del Estado a intereses corporativos de la trama multinacional sojera puede seguir insistiendo con reestablecer “el diálogo” con rutas cortadas como forma de resolución del diferendo. Muchos pronunciaron esa convocatoria con evidentes gestos de buena voluntad. Otros, en cambio, con nada de inocencia. Quien a esta altura desconozca las motivaciones de la extensión del conflicto por el núcleo duro de los dirigentes de base, con epicentro en Gualeguaychú, que están arriando a las patéticas cúpulas de las entidades reunidas en la Mesa de Enlace, le resultará complicado comprender la actual dinámica del enfrentamiento. Esto no significa que los miles de productores no sepan qué están demandando: algunos por el precio de la leche, otros por el de las vacas y todos por las retenciones. Otros, en cambio, quieren otra cosa. Un sector que no es minoritario en esta protesta, el más reaccionario reunido en Carbap, quiere otro gobierno, deseo expresado en “democráticas” solicitadas, mientras los negocios de empresas de medios se mezclan con el reclamo. Pero existe un grupo de dirigentes que se considera la vanguardia de una larga marcha que, como expresó su líder público Alfredo De Angeli, lo que quiere es que no haya retenciones y un cambio de modelo económico, que aún no lo exponen con claridad. Hablar de “diálogo” como si se tratara de una discusión de consorcio, sin transparentar los poderosos, ocultos y mezquinos intereses que están en juego sólo colabora a la confusión general.

Ya fueron enumeradas en otra oportunidad (Panorama Económico de PáginaI12, sábado 17 de mayo pasado), pero vale la pena reiterar las concesiones del Gobierno en la negociación con un sector del campo para aquellos desorientados que solicitan marcos de “diálogo”:

1. Sistema de reintegros, luego flexibilizado, para los pequeños productores de soja y girasol con devolución de un porcentaje de retenciones.

2. Subsidos a los fletes para pequeños productores.

3. La creación de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar.

4. Apertura parcial de las exportaciones de carne.

5. Estudiar un régimen para que el productor reciba el precio pleno del trigo.

6. Ajustes en las retenciones móviles al establecer un techo, además de la disminución de la alícuota marginal que había sido fijada en 95 por ciento para un precio de la soja por encima de los 600 dólares la tonelada. Lo mismo para el trigo, girasol y maíz. De esta forma volverá a funcionar el mercado a futuro de cereales.

7. El jubileo de una deuda de 710 millones de pesos con el Banco Nación que beneficia a unos cinco mil pequeños productores que están en categoría “incobrable” y con riesgo de ejecución de sus campos. La entidad financiera estatal transferirá ese pasivo a las provincias donde residen esos productores a cambio de un bono a 20 años, pagadero recién en el último año. A la vez, las provincias se ocuparán de cobrar esa deuda. Nadie piensa que vaya a haber mucho empeño en esa tarea.

8. Renuncia del ministro de Economía que diseñó el sistema de retenciones móviles.

Después de esas concesiones y otras más, donde hay reconocimiento de supuestos “errores” y respuesta a demandas de los dirigentes del campo, el motivo de la prolongación del lockout habría que buscarlo en otro origen que no es precisamente en la falta de “diálogo”. En realidad, a esta altura, aunque el consenso y el sentido común dominante indiquen lo contrario, el Gobierno debería reparar el error de una de esas medidas entregada bajo la fuerza del piquete en las rutas. En general, cuando un sector está necesitado recibe subsidios del Estado sin cuestionarlos. Los acepta y, en todo caso, reclama luego por un incremento del monto involucrado. Cuando la situación es holgada existe el margen para no aceptarlos, lo que significa que no los necesitan. Esto es lo que está sucediendo con el sistema de reintegros para los denominados pequeños productores de soja, girasol, trigo y maíz. Se presentaron no más de 350 de un universo de más de 64 mil. Además de que conceptualmente es un error esa devolución porque distorsiona uno de los objetivos de las retenciones móviles que es el de desalentar la producción de soja para favorecer otros cultivos, se presupuestaron unos 500 millones de pesos para distribuirlos en agentes económicos que se ubican en la franja superior de la pirámide de ingresos. Los verdaderos pequeños productores necesitan la asistencia del Estado en otras cuestiones y no para consolidar el negocio de la soja, como el acceso a la tierra, a semillas y fertilizantes y a capacitación para mejorar los canales de comercialización de sus cultivos.

Como las retenciones a las exportaciones apuntan a redistribuir ingresos, ese dinero que los productores del cordón sojero no quieren aceptar, entre otras razones porque gran parte opera en negro, puede ser asignado a un sector de la población que sí está padeciendo urgencias. Por ejemplo, esos 500 millones de pesos rechazados por las entidades agropecuarias pueden pasar a constituir un fondo especial para atender situaciones de indigencia, destinando 100 pesos por mes (1200 pesos anuales) para casi 420 mil familias que tienen poco y nada. La administración kirchnerista podría avanzar también en el diseño de un plan de seguridad alimentaria para los grupos más vulnerables de la sociedad debido al contexto de alarma mundial por el crecimiento de los precios de los alimentos a nivel internacional, que gracias al lockout y la especulación local han provocado un alza de la canasta básica. Esas personas excluidas no son rentistas y no van a rechazar ese dinero.

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