En momentos de turbulencias políticas, que en estos meses han sido intensas por el conflicto con el sector del campo privilegiado, aparecen incertidumbres sobre las perspectivas de la economía. Las traumáticas experiencias de las últimas décadas provocan la previsible inquietud y miedo sobre el futuro. En un contexto de mucha presión y cruces intensos, el juego de las expectativas asume un papel relevante, más aun en una sociedad con agentes económicos hipersensibles. Situación que se explica por reflejos defensivos ante crisis pasadas o por la particularidad del poder económico de despreocuparse por el destino local, acostumbrado a fugar capitales y a ganar con los desequilibrios de las variables macroeconómicas. Sin embargo, a diferencia de otros episodios dramáticos, economistas cercanos al Gobierno y otros ubicados lejos del kirchnerismo, pero con un mínimo de decoro intelectual, coinciden en que no están presentes las tradicionales fuerzas que han provocado históricamente descalabros de proporciones. No piensan lo mismo los eternos profetas de pronósticos equivocados, secta que tiene la gracia divina de seguir siendo consultada por el establishment pese a que se dedican a realizar diagnósticos fallidos.

De todos modos, que factores usuales que provocaron la debacle de la economía argentina ahora no se desplieguen, como la restricción externa que es un implacable mecanismo de transmisión para precipitar una crisis, no significa que no existan frentes abiertos. La dinámica de formación de precios en un escenario de destrucción de la credibilidad del Indec deriva en un potente perturbador de las expectativas. En ese sentido, en el debate Causas actuales de la inflación: ¿Qué hacer?, que se desarrolló la semana pasada en la Universidad Nacional de General Sarmiento, Abraham Gak, director del Proyecto Estratégico Plan Fénix de la UBA, afirmó que “existe una expectativa inflacionaria que el Gobierno no ha sabido controlar y la intervención del Indec ha provocado un gran daño a la credibilidad de las estadísticas oficiales”. Igualmente mencionó que “hay una intencionalidad mediática de presentar al país en una crisis que no existe”.

Para acercarse al nudo del problema se debe considerar que las expectativas y la credibilidad van de la mano. La administración kirchnerista se empecina en agudizar esa tensión al no asumir el costo político del grosero error que implicó la intervención del Indec bajo el mando del secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Las diferentes experiencias de países con tasas de inflación elevadas muestran la confluencia de una estrategia consistente en la política fiscal, monetaria y de ingresos (precios y salarios). Pero también toda política antiinflacionaria tiene como una de sus herramientas principales la influencia sobre las expectativas.

En general, la población evalúa que la inflación futura será igual –en el mejor de los casos– o mayor que la que perciben. Las tensiones políticas, las batallas con los medios de comunicación y la ineludible incertidumbre sobre lo que vendrá ayudan a construir ese tipo de expectativas. Entonces, la estrategia no debería ser profundizarlas si se quiere eludir la autodestrucción, sino que, por el contrario, lo que se debe buscar es persuadir a la mayoría de que la evolución de precios futura será más baja que la actual. En esa instancia, el Gobierno se enfrenta a un límite estricto: para convencer debe tener credibilidad, y ésta es golpeada mes a mes con la difusión del índice de precios al consumidor del Indec. La desconfianza en la medición oficial y la publicación de índices privados mediocres que exacerban las expectativas inflacionarias impulsan conductas defensivas, comportamiento que termina sobreestimando la inflación futura. Incluso si se superara el conflicto del Indec, que es una condición necesaria pero no suficiente, se requeriría la recuperación del equilibrio de la política económica para controlar las presiones inflacionarias.

El exitoso golpe a la minicorrida cambiaria, primero con una intervención activa del Banco Central vendiendo dólares y luego dejando que retroceda la cotización del billete, ofrece la tentación de apostar al retraso del tipo de cambio para contener a los precios. Y se sabe que es un sendero que ya fue transitado en dos oportunidades (Martínez de Hoz y Cavallo), con resultados inmediatos en la tasa de inflación pero con elevadísimos costos en materia de empleo y desestructuración productiva. A la vez, un tipo de cambio alto ha demostrado que es un potente motor de expansión de la demanda y de creación de empleo, virtud que encierra el pecado de generar presión inflacionaria, más aún en la economía argentina que manifiesta deficiencias en la estructura de la oferta. Por ese motivo, se necesita consistencia técnica para alcanzar el objetivo político.

La discusión en el Congreso por las retenciones móviles será un escalón más de la puja en continuado que seguirá con el campo como aglutinador de las fuerzas políticas de oposición. Frente a ese escenario, la batalla por el aumento de los precios resulta tanto o más relevante que el conflicto con el campo, que es cierto que en estos meses de amenazas y cortes efectivos de rutas para desabastecer resulta más complejo abordar, pero es imprescindible para cuidar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables, que no son precisamente los que apoyan el reclamo de los productores agropecuarios privilegiados.

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