El componente políticamente correcto de la disputa por la renta sojera agudizada desde el 11 de marzo, el que rezaba que la pelea corporativa de los exportadores era en realidad en defensa de los pequeños productores, trajo algunas “externalidades” positivas. La principal fue reflotar para el debate público aspectos que permanecían invisibles. En particular, la revaloración de que los tironeos por el excedente agropecuario no eran sólo una cuestión entre el campo y el Estado recaudador, relación sintetizada por el cobro de retenciones, sino que también existen tensiones al interior del heterogéneo bloque campero. Que ahora exista un cerrado alineamiento transitorio detrás de la “contradicción principal”, verdadera lección práctica para la lucha política sectorial, no elimina la existencia de las contradicciones internas.

Una de estas contradicciones reside en la relación del productor primario con las firmas altamente concentradas que intermedian las exportaciones. Todavía es temprano para prever el destino final de las investigaciones iniciadas por la revitalizada Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), pero no faltan indicios sobre la opacidad de muchas operaciones de las principales cerealeras, firmas que a su posición dominante en el mercado habrían sumado acciones probablemente ilícitas, como declarar anticipadamente exportaciones para fijar retenciones más bajas sin contar efectivamente con el producto a exportar. Si esto logra comprobarse no se trataría sólo de ilícitos sino también de corrupción, pues la acción presupone, amén de la inocencia del controlador, que las exportadoras contaban con inside information sobre la suba de las alícuotas. Dicho esto al margen del enmarañado procedimiento para calcular las retenciones a pagar.

La segunda externalidad positiva no se vincula a probables ilícitos sino a ciertas lógicas del funcionamiento natural de los mercados libres en economías capitalistas. Como es sabido los capitales van allí donde las tasas de ganancia son más altas. Los precios internacionales de los alimentos hicieron del campo un sector de altísima rentabilidad y, en consecuencia, hacia allí fluyeron los capitales, entre ellos los financieros. Ello se produce en paralelo a otro proceso de largo plazo: el aumento en la escala de la producción como resultado del cambio técnico. En pocas palabras, las superficies necesarias para amortizar las nuevas tecnologías y maquinarias son crecientes. Esto explica también el surgimiento de las pymes de servicios para la producción. Quien, por ejemplo, no tiene las hectáreas suficientes para una sembradora “directa”, contrata el servicio. También ocurre al revés: tener más maquinaria que tierra. Si se combinan estos datos con la existencia de empresarios emprendedores se tiene un cóctel de variantes que explica el fenómeno de los arriendos. Si se dan por ciertas las exposiciones del reciente debate legislativo, los tierras arrendadas ocuparían en la zona núcleo cerca del 70 por ciento de la superficie total. Los rentistas, entonces, serían el nuevo sujeto social preponderante del campo argentino, la contrapartida necesaria del fenómeno de los pools de siembra y fondos de inversión agraria.

El problema es que estas fuerzas del mercado funcionan también con una lógica cortoplacista, lo que da lugar a situaciones de degradación del recurso tierra y al monocultivo del producto más rentable. Al mismo tiempo, por la propia lógica que gobierna todos los sectores de la economía, el proceso juega en contra de los actores más débiles, quienes en el mejor de los casos se ven compelidos a convertirse en pequeños rentistas y en el peor, a quedar fuera del sistema arrasados por el monocultivo y la gran explotación. Para algunos representantes de la dirigencia agraria, esta dinámica podría morigerarse con la intervención puntual del Estado en los contratos de arriendo y, por eso, proponen una nueva “ley de arrendamientos y aparcerías rurales” menos flexible y bajo el control de la Secretaría de Agricultura.

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