El sistema de salud argentino se apoya en tres subsistemas: de seguro social (obras sociales), público y privado. Mientras que el privado está reservado para los sectores de altos ingresos, las obras sociales cubren a los trabajadores formales y el sector público se encarga del resto. Esa diferenciación se agudizó con las políticas de desregulación aplicadas en los ‘90, que habilitaron la subcontratación de gerenciadoras privadas por parte de las obras sociales. De esa manera, se abrió la puerta para que los trabajadores con mayores salarios emigraran hacia la medicina prepaga. La fragmentación existente entre trabajadores formales e informales se trasladó al interior de los empleados “en blanco”. Los asalariados de altos ingresos accedieron a una cobertura superior a la recibida por los afiliados a obras sociales desfinanciadas. En definitiva, se consolidó un modelo de cobertura de salud profundamente asimétrico.

El informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda), El sector salud en la Argentina post-convertibilidad. Falencias y desafíos, plantea que “la situación en términos de equidad se vio severamente agravada en estos años, ya que quedó configurado un sistema perfectamente segmentado: un sistema de salud para pobres basado en el hospital público, un sistema para la clase media baja o para la población con enfermedades crónicas de obras sociales desfinanciadas y un sistema para población joven y rica basado en la medicina privada y las obras sociales que se asociaron a las empresas de medicina prepaga”.

El último Censo Nacional de Población de 2001 reveló que el 48,1 por ciento de los habitantes no tenía cobertura de obra social, mutual ni prepaga. Ese porcentaje se había elevado sustancialmente con relación al anterior registro censal: 1991, el 36,9 por ciento. “Si bien la población sin cobertura aumentó en un 33 por ciento entre 1991 y 2001, el gasto público consolidado en salud pública se mantuvo prácticamente inalterado: para el año 2000 era apenas un 5 por ciento superior al del año 1994”, detalla el informe de Cenda.

Actualmente, el crecimiento del empleo formal engrosó el padrón de afiliados a las obras sociales. Por lo tanto, el porcentaje de personas sin cobertura de salud registró una leve baja: 41 por ciento del total de la población. Los 1200 hospitales públicos con internación distribuidos en todo el territorio nacional contabilizan un crecimiento sostenido de la demanda ciudadana. Se calcula que los 33 hospitales porteños reciben 9.500.000 de consultas anuales.

En un marco de demanda creciente, el gasto estatal consolidado en salud (hospitales nacionales, provinciales y municipales) como porcentaje del PIB ha descendido con relación al 2001 del 1,90 por ciento actual al 2,12 por ciento. Esas limitaciones presupuestarias no tienen un reparto homogéneo en el territorio nacional. De acuerdo con los datos brindados por la Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales, organismo dependiente del Ministerio de Economía y Producción, el gasto por habitante en las provincias de Neuquén y Santa Cruz quintuplica el de provincias como Córdoba, Corrientes o Misiones.

La decisión oficial de destinar cuantiosos fondos a la construcción de hospitales y centros de salud adquiere una dimensión básica. Su necesidad es una obviedad. Silvia Montoya y Manuel Willington en su trabajo El Financiamiento de los Hospitales Públicos: un Análisis de las Alternativas para Argentina señalan que “el sector público dispone de 2,3 camas por cada 1000 habitantes, que representa aproximadamente el 60 por ciento de la oferta total de camas en el país”. Ese indicador es notoriamente inferior al registrado en los países desarrollados: 8,5 camas por cada 1000 habitantes.

La mayoría de los usuarios de los hospitales están ubicados en el quintil inferior de ingresos. En ese sentido, la redistribución progresiva del gasto en salud pública admite poca discusión. De todas maneras, es sólo un primer paso para garantizar el acceso universal y equitativo a esos servicios.

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