Durante el conflicto agrario los intérpretes dijeron dos cosas, de más a menos disparatadas. Primero: que el Gobierno le cargaba culpas al campo por el freno de la economía, cuando en realidad el parate relativo no respondía a los cortes de ruta y el clima de zozobra, sino a la acumulación de tensiones no resueltas del modelo. Segundo y con mayor viso de realidad: que la disparada de las tasas de interés, que entre otros efectos terminaron con la fiesta de los largos plazos en cuotas sin costo adicional, se debía ante todo a la crisis financiera en el hemisferio norte. Pasado el conflicto, al menos hasta que los hombres de campo se pongan al día con las exportaciones y terminen el relax de La Rural, los dos procesos muestran síntomas de reversión. La tasa interbancaria, que había pasado del 8 al 18 por ciento, ya está en el 12 por ciento y la economía, a la luz de las medidas pro demanda que anunciará el Poder Ejecutivo y de la mayor liquidez por exportaciones, se prepara para dar un nuevo salto expansivo.

Esto es posible, sin dudas, por el contexto de precios internacionales, pero también porque los “fundamentos” son sólidos, más allá de las tensiones, que las hay. A la luz de los resultados, el conflicto del campo demostró dos cosas. La primera fue la capacidad de una corporación de infligir daños sin pagar costos incluso a una economía con fundamentos sólidos. La segunda fue la capacidad del Gobierno para dejar que esto suceda, incluso alimentando al monstruo.

Según sus críticos más acérrimos, la Resolución 125 sólo perseguía fines recaudatorios. Según el Gobierno, además de desalentar la sojización nunca desalentada, también buscaba fines antiinflacionarios. Bajo estos argumentos resulta interesante el análisis contrafáctico. De acuerdo al último informe de Estudio Bein & Asociados, probablemente el mejor de los informes que circulan por la city, el argumento antiinflacionario habría quedado desarmado por la caída de los precios de los commodities en las últimas semanas. La importancia de Argentina en estos mercados no fue ajena a las oscilaciones, especulativas y reales. Vale recordar que el país “es el tercer exportador mundial de poroto de soja, pero el primero en aceites y derivados, con casi la mitad del mercado mundial. En el caso del trigo y el maíz, se ubica en segundo y cuarto lugar” del ranking de exportadores con una participación de 9 y 15 por ciento, respectivamente. Así como el conflicto se tradujo hacia afuera en retracción de oferta y mayores precios, su fin significó lo contrario.

Desde los picos registrados a fines de junio, los precios del maíz, la soja y el trigo cayeron 17, 12 y 12 por ciento, respectivamente. A los precios actuales, reseña el informe del Estudio Bein, la diferencia entre el esquema de alícuotas móviles y fijas asciende a 2,4, 9,2 y 2,5 puntos porcentuales, respectivamente.

En términos de recaudación y a la luz de la baja de los precios internacionales, en tanto, el rechazo del esquema móvil y el mantenimiento del existente antes del 11 de marzo significa menores ingresos por alrededor de 1200 millones de dólares (contra 2300 millones extra calculados en el pico de precios). Ello no quita que, también por aumento de precios, ahora interanual, y de las alícuotas elevadas en noviembre pasado, para 2008 se calculen ingresos totales por retenciones (todos los rubros) de 41.000 millones de pesos, el doble que el año anterior, valor que debe contextualizarse en un Presupuesto que, también según las predicciones, sumaría una recaudación total de 276.000 millones de pesos, 38 por ciento más que en 2007.

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