Dom 07.09.2008
cash

INFORME ESPECIAL

Pantriste

Pese a indicadores macroeconómicos favorables, en el último año y medio creció la indigencia o, en el mejor de los casos, se estancó, según estudios privados. Pasó lo mismo con la pobreza. La principal razón para explicar ese comportamiento es el aumento del precio de los alimentos. Ese incremento tiene su origen en el alza de los commodities en el mercado internacional y en que la producción de alimentos en el país está fuertemente concentrada.

› Por Roberto Navarro

Argentina creció 8,7 por ciento en 2007 y otro 8,5 por ciento en el primer semestre de este año. La recaudación tributaria de agosto acaba de marcar otro record, al superar los 24.000 millones de pesos. También las exportaciones de los primeros siete meses del año alcanzaron un máximo histórico, al subir 37 por ciento respecto del mismo período del año pasado. De las 24 empresas del panel líder de la Bolsa de Comercio que presentaron balances del primer semestre, 23 dieron ganancias y 19 registraron utilidades superiores a las de 2007. La paradoja de ese favorable escenario económico es que, en base a datos de consultoras y centros de estudios cercanos al pensamiento del Gobierno, en el último año y medio creció la indigencia o, en el mejor de los casos, se estancó. Según la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), entidad con 15 años de experiencia en la medición de la inflación, el incremento de los precios de los alimentos en los últimos doce meses fue del 27,5 por ciento. Con ese registro, la indigencia se mantendría en niveles similares a los de principios de 2007, alrededor del 8,7 por ciento.

La principal razón para que se sostenga la paradoja de que en un año y medio la economía haya crecido un 18 por ciento sin haber podido disminuir la indigencia es el aumento del precio de los alimentos. Este tiene origen en el incremento de los commodities alimentarios en el mercado internacional. “La razón por la que el Gobierno quiso instrumentar las retenciones móviles fue desacoplar los precios internacionales de los internos. Argentina exporta lo que come y tiene un salario aún bajo en dólares. Era imprescindible esa herramienta. Y aunque hoy han caído un poco esos commodities, existe un gran consenso en que se van a mantener en un nivel alto por mucho tiempo. Ahí está el origen del alto precio de los alimentos en el país. Es imprescindible volver sobre el tema de las retenciones”, señaló a Cash Guillermo Wierzba, director de Cefid-AR.

Los precios de los alimentos de mayor ponderación en la canasta básica de esos productos están relacionados con el valor de los granos. La carne vacuna representa el 8 por ciento de esa cesta mínima. En 2007 se volvió a registrar un record histórico de consumo, con 80 kilos por persona en el año. El 60 por ciento del ganado se alimenta con granos, fundamentalmente soja, por el sistema de feedlot. Las aves y cerdos se alimentan de maíz. También el precio de los huevos depende del precio de ese cereal. El pan depende del valor del trigo, igual que el de la mayoría de las pastas. El precio de los aceites, del girasol, la soja y el maíz. Y el de los lácteos tiene una relación similar a la de la carne vacuna. Y la lista sigue. Desde principios de 2007, el precio promedio de los cuatro principales granos –trigo, soja, girasol y maíz– se duplicó. Sin fuertes retenciones que desacoplen el precio de esos productos del precio internacional de los granos, su aumento es inevitable.

Definido el precio de los insumos, viene la conformación del valor agregado. La producción de alimentos en el país está fuertemente concentrada. Abraham Gak, titular del Plan Fénix, explicó a Cash que “el aumento del consumo no fue acompañado por un incremento de la oferta, que está concentrada en muy pocas empresas. Estas tienen un poder de conformación de precios muy grande. El Gobierno eligió negociar con un grupo de grandes compañías, a las que consideró amigas. Esta estrategia ha fallado. Eligieron mal los socios para la política de precios. Además, falta calidad en la política del Estado, por eso no se pueden controlar los acuerdos que firman con las empresas. Un ejemplo es el acuerdo lácteo que se firmó hace tres meses y ahora hay que renegociarlo de nuevo”.

En el último ejercicio anual, cerrado el 30 de junio pasado, Molinos Río de la Plata, la alimentaria más grande del mercado doméstico, ganó 174 millones de pesos, un 70 por ciento más que en el año anterior. En el balance de junio de 2007 había registrado utilidades por 107 millones, monto con el que había superado sus ganancias de 2006 en un 75 por ciento. La empresa maneja el 60 por ciento del mercado de aceites, el 55 por ciento del de harinas y el 89 por ciento del negocio de alimentos congelados. La segunda empresa en importancia, pero con mayor expansión en el exterior, es Arcor. En su último balance obtuvo utilidades netas por 345 millones de pesos, un 40 por ciento más que en el período anterior. Esta cifra significó un 11 por ciento sobre sus ventas y un 31 por ciento sobre su patrimonio neto. Arcor maneja más del 50 por ciento de los mercados de galletitas, mermeladas, tomates, arvejas, duraznos y otros alimentos enlatados y la mayor parte de las golosinas.

Entre las empresas manufactureras y los consumidores existen dos canales de distribución: las cadenas de supermercados y los autoservicios y almacenes, que se abastecen mediante intermediarios. Los supermercados comercializan el 50 por ciento de los alimentos y los cinco más grandes concentran el 85 por ciento de esas ventas. El resto se desempeña en un sistema logístico de escasa eficacia dada la enorme extensión del territorio nacional. El economista Roberto Dvoskin detalló al respecto que “un problema grave en los costos de distribución es que Argentina es un país muy grande con una población concentrada en grandes urbes. Esto implica un gran gasto de intermediación. En los lugares de bajos recursos los sistemas de distribución son ineficientes. En Brasil, el Estado y las ONG trabajan con las empresas para que sus productos lleguen en forma directa. Así el mercado opera en forma inteligente, en beneficio del consumidor. El Estado debe trabajar sobre procesos de distribución del ingreso con procesos que vayan más allá del salario. En el caso de las cadenas de supermercados, se les debe exigir que distribuyan sus filiales por todo el país. Si se las deja, elegirán los lugares de mayor consumo y de alto poder adquisitivo. Cuando piden esos sitios, hay que negociar aperturas en los lugares en donde son más necesarias”.

En Italia, Alemania, España y Japón, entre otros países desarrollados, los alimentos han aumentado tanto como en Argentina. Pero no tienen la misma ponderación en el índice de inflación ni el mismo impacto en el bolsillo de la población. En promedio, un europeo gasta el 15 por ciento de sus ingresos en alimentarse. Aquí la participación de los alimentos en el total del índice de inflación es casi del 40 por ciento. Y los sectores de menores ingresos gastan prácticamente todo su salario en alimentos. Por eso un sendero persistente de aumento de estos bienes convierte a un pobre en un indigente. Así, mientras los principales países el mundo están entrando en recesión, la palabra indigencia no aparece en los diarios: sus ciudadanos se quejan del aumento de la gasolina. En Argentina, en cambio, luego de más de cinco años de crecer a más del 8 por ciento anual y con una producción de alimentos capaz de satisfacer las necesidades de 450 millones de personas, la pobreza y la indigencia continúa en niveles elevados.

POBREZA, INDIGENCIA Y EPISODIOS DE HAMBRE

El plato vacío

De cada 100 chicos y adolescentes de 0 a 17 años, 9 han sufrido algún episodio de hambre durante julio pasado. El dato surge de la última encuesta anual del Observatorio de Deuda Social Argentina de la Universidad Católica (UCA) y fue suministrado a Cash por su titular, el sociólogo Agustín Salvia. En julio de 2003, apenas asumió la presidencia Néstor Kirchner, la encuesta anual registró que 22 de cada 100 niños había sufrido algún episodio de hambre en el mes anterior a la medición. En 2004 esa severa situación aún se mantenía. Pero en la medición de 2006 ya eran 4,5 niños cada 100 los que decían haber sufrido hambre en el mes anterior a la medición. El crecimiento del empleo y la masa salarial, en un contexto de evolución de precios bajo control habían hecho retroceder el hambre. En 2007 comenzó a darse vuelta la situación y fueron 7,5 niños cada 100 los que manifestaron haber sufrido episodios de hambre.

Salvia señaló a Cash que el porcentaje de niños que dicen haber experimentado algún episodio de hambre en los últimos treinta días volvió a crecer: “Nueve de cada 100 chicos afirman que han padecido hambre, por lo menos una vez en julio pasado”. Para el sociólogo, que también es investigador del Conicet, “el avance en la lucha contra el hambre durante los primeros tres años de la gestión de Néstor Kirchner estuvo directamente relacionado con un fortísimo crecimiento del empleo. Empezó a deteriorarse con el aumento del precio de los alimentos y hoy se le sumó el parate en la generación de nuevos puestos de trabajo”.

El trabajo realizado por el equipo de la UCA se realizó en los principales centros urbanos: Gran Buenos Aires, Gran Mendoza, Gran Córdoba, Gran Rosario y resto del interior urbano. El informe se basa en niños de 0 a 17 años. En esa franja, los que peor están son los que tienen de 6 a 12 años. En ese segmento, el 9,8 por ciento confesó haber sufrido hambre. El estudio de la universidad muestra otro dato preocupante: los niños que están en el umbral de caer en esa situación. El 44 por ciento de los niños, niñas y adolescentes viven en hogares que han tenido que restringir su consumo de alimentos en el último año. En los aglomerados de Gran Córdoba y Mendoza se detectó un panorama más grave. El Observatorio de Deuda Social de la UCA elabora su propia canasta básica e índices de pobreza e indigencia. Según ese relevamiento, en los últimos tres trimestres el aumento de esa cesta fue de 26 por ciento. Así, sitúa la pobreza en el 30 por ciento y la indigencia en el 11 por ciento. Para Salvia, “lo más preocupante es que si el Estado no los reconoce como pobres no son objeto de políticas sociales”.

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