El orden económico y social vigente está inmerso en una grave crisis. Esta es la cuestión central que no se puede ni debe soslayar y sobre la cual ya no hay contradictores. Lo que no sabemos son sus alcances a nivel global y el grado de desarrollo que tendrá en las diversas regiones del planeta. En el mundo y obviamente también en nuestro país, aparecen claros indicios que muestran a quienes se intenta hacer pagar los platos que en realidad otros rompieron. Estamos hablando de los trabajadores. Los trabajadores que ninguna responsabilidad tienen en la crisis son puestos en la mira por quienes la generaron. Es así que desde los gobiernos de los países centrales se sale al salvataje del capital financiero y a la vez se producen despidos en masa. Nuestro país no es ajeno a esta dramática realidad que se pretende descargar esencialmente sobre los trabajadores.

Por tanto y a fin de evitar que el remedio llegue cuando la enfermedad ya sea incurable, resulta necesario tomar medidas urgentes y concretas para proteger las fuentes y condiciones de trabajo y el salario de los trabajadores. En este sentido es fundamental avanzar más allá del mecanismo que en su momento implementara el artículo 16 de la Ley 25.561, estableciendo la efectiva prohibición de los despidos e implementando eficaces cláusulas que garanticen la estabilidad laboral. También deben prohibirse las suspensiones masivas de trabajadores y garantizar el pleno empleo. Resulta necesario extender la protección a los trabajadores desocupados, estableciendo un fondo de desempleo que los abarque en su totalidad, solventado por los empresarios y que realmente cubra las necesidades básicas. El salario y las condiciones de trabajo no pueden ser una variable de ajuste de la crisis. La cuestión no es fuentes de trabajo o salarios como lo plantean algunos sectores, sino fuentes de trabajo, condiciones de trabajo y salarios.

La participación de los trabajadores en la discusión y enfrentamiento a la crisis resulta esencial, por lo que la democratización de las relaciones laborales dentro y fuera de la empresa, como una amplia libertad y democracia sindical no pueden estar fuera de este debate.

En este marco nos permitimos resaltar algunos aspectos de la declaración de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo que ante la crisis mundial han manifestado que “en vista de tantos peligros, los operadores del Derecho del Trabajo debemos proseguir sosteniendo las banderas de un sistema jurídico protector, destinado a compensar jurídicamente una realidad de desigualdades que, siendo inherentes al conjunto de las relaciones sociales de trabajo, tienden a multiplicarse y a profundizarse en la crisis. Y los jueces del trabajo, encargados de la resolución de conflictos surgidos en ese contexto, debemos renovar nuestro compromiso con la defensa de los principios del Derecho del Trabajo, en especial el de progresividad; con el constitucionalismo social, con los derechos humanos y con sus garantías”. En el mismo sentido, la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, en su declaración de La Habana de octubre de este año, destacó que “otro mundo no sólo es posible, sino absolutamente necesario (Foro Social Mundial, Porte Alegre, 2003). Y en ese mundo los trabajadores y sus derechos deben tener preferente tutela, especialmente en las épocas de crisis”. En estas circunstancias, la Asociación de Abogados Laboralistas reafirma su compromiso como siempre lo ha hecho, con la defensa de los intereses de los trabajadores desde el derecho protectorio.

Rosario, 1º noviembre de 2008