Ya se conocen las primeras medidas energéticas de Barack Obama, que responden, por fin, a las necesidades imperiosas de una rigurosa orientación ecológica: reducción de las emisiones de CO² y menor dependencia de los combustibles fósiles. El nombramiento de Steven Chu como secretario de Energía nos lo indica con claridad: Obama impulsará lo que se conoce como la nueva energía del azúcar. La tecnología en cuestión parece razonable. De la misma manera que podemos obtener combustibles líquidos a partir de maíz, caña de azúcar o palma africana, podríamos obtener energía de todas las plantas y en su totalidad, no sólo del grano o del fruto. Extraer azúcares que después pueden ser convertidos en gasolina a partir de la celulosa de los troncos, tallos, hojas verdes, pastos y también residuos de cosechas. De ahí que también defina esta fuente energética como los agrocombustibles de segunda generación.

El proceso ya venía gestándose desde hace unos años y hay grandes inversiones para el desarrollo de esta tecnología, fusiones entre empresas de sectores complementarios y alianzas entre empresas y centros de investigación. Ahora contamos ya con el impulso político que faltaba, aunque quedan obstáculos técnicos por salvar y enigmas aún por descifrar. Por el momento –dicen los informes del ETC Group–, los costos energéticos para hacer esta transformación son superiores a la energía que se genera (de hecho, un aspecto tampoco resuelto con los primeros agrocombustibles), aunque este escollo espera solventarse con la creación –digámoslo así– de microorganismos vivos producidos sintéticamente capaces de transformar eficientemente la celulosa de todo vegetal en algo que nuestros coches puedan beber.

Entonces, si se resuelve ese aspecto puntual, que se resolverá, ¿cuál es el problema? Pues varios y muy serios a mi entender. De entrada se dará un paso más en la concentración empresarial, pues estamos hablando de tecnologías que llevarán sus patentes incluidas, lo que reducirá el uso al antojo de sus amos. Y cuando enfrentamos el saber colectivo, común y público, a la tiranía del control corporativo ya sabemos a que nos lleva. Ahí están los transgénicos para demostrarlo: una novedad tecnológica, publicitada para apoyar a los agricultores, que barrió de un plumazo no sólo la biodiversidad de semillas y cultivos, y con ella la independencia de los pequeños agricultores, sino también a miles de pequeñas empresas y cooperativas dispersas por el mundo dedicadas a la mejora de los cultivos tradicionales y a la venta de muchas variedades de semillas. Ello convirtió el sector agrícola en el de mayor concentración corporativa del mercado global.

Mientras que en los años sesenta casi la totalidad de las semillas estaban en manos de agricultores, instituciones públicas y pequeñas empresas, hoy el 82 por ciento del mercado comercial de semillas está bajo propiedad intelectual y 10 empresas controlan el 67 por ciento de ese rubro. Las mismas que monopolizan la totalidad del mercado de semillas transgénicas y las mismas que controlan el 89 por ciento del mercado global de los agrotóxicos que se diseñaron especialmente para usar con estas semillas.

No perdamos de vista los aprendizajes. En las últimas cuatro décadas, las políticas que favorecieron el modelo actual de los agronegocios provocaron que los países en desarrollo pasaran de ser países con excedentes agrarios a ser actualmente países importadores netos de alimentos, porque, entre otras razones (liberalización del comercio, privatización de otros recursos productivos y desmantelamiento de las ayudas a la pequeña agricultura nacional), en la misma medida en que se aumenta y concentra el poder corporativo se debilitan las capacidades productivas de los pequeños campesinos para producir alimentos. En los dos últimos años hemos pasado de 850 millones de personas en precariedad alimentaria a ya casi 1000 millones, y –según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos– la cifra aumentará a 1200 millones para el año 2017.

* Director de Veterinarios Sin Fronteras.
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