Uno de los desafíos pendientes para el proyecto nacional popular es el fortalecimiento del Estado. Ninguna nación que se precie tiene estructuras estatales débiles. Incluso, en estos días, ello tiene un carácter dramático cuando se observa al Estado socorrer a los principales operadores del mercado para que no sucumba el sistema a nivel mundial. En los noventa, nuestro país fue víctima de un camino inverso. A veces, con argumentos justos en lo que hace a elefantiasis, ineficiencia, burocratización y privatización de hecho, se llevaron adelante los procesos por todos conocidos en los que se vendieron las principales empresas del Estado: ferrocarriles, petróleo, teléfonos.

Pero se fue más allá aspectos en los cuales el liberalismo tradicional cree que son funciones propias del Estado tendieron a tercerizarse de manera escandalosa. Los que negociaban nuestra deuda externa con los acreedores eran operadores privados que le cobraban millonarias comisiones a nuestro país. Se desarrollaron policías privadas en organismos públicos: ¡hasta el personal que controlaba la entrada de la Casa Rosada era de una empresa privada!

Un buen ejemplo de esta política es la regulación en materia de trabajo rural. Resulta que, con buen criterio, está normado originalmente por la ley 22.248, que crea una Comisión Nacional de Trabajo Agrario que, en principio, fija las remuneraciones y condiciones laborales de los trabajadores del sector. En esta Comisión participan el Estado nacional, empleadores y sindicatos. Años después se creó el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre). Es un ejemplo tardío porque recién fue creado en noviembre de 1999, unos días antes de la asunción de Fernando de la Rúa. Se trata de un ente autárquico, que actúa en jurisdicción del Ministerio de Trabajo.

Sus funciones son amplísimas. Expide una libreta de trabajo a cada trabajador rural, coordina acciones para facilitar la contratación de trabajadores en ese sector, realiza estadísticas sobre trabajadores permanentes y no permanentes, desarrolla el papel de policía del trabajo en el área y hasta puede poner en funcionamiento un sistema de prestaciones por desempleo. Sin embargo, lo más importante no es que sea autárquico, sino quiénes son sus integrantes. Ocho directores, la mitad de los cuales pertenecen al gremio respectivo, interesado natural en un incremento permanente de la registración de los trabajadores y en su dignificación. La otra mitad pertenece a la Mesa de Enlace: Sociedad Rural, Federación Agraria, CRA y Coninagro.

Esto significa que mientras la política en materia de trabajo agrario la fija un organismo tripartito, la institución encargada de su aplicación está puramente en manos de los sindicatos y los empleadores, siendo el Estado el gran ausente, pues apenas designa los síndicos. Para colmo, el Renatre se financia con el 1,5 por ciento de lo que los empleadores pagan a sus empleados. Lo cobra la AFIP y lo deriva a este organismo. Esa cifra hereda lo que antes se abonaba para un Fondo Nacional de Desempleo, al cual no accedían los trabajadores rurales. Es conocido que la informalidad laboral en el campo argentino es muy importante: se estima entre un 57 y un 62 por ciento. En una época en que se hace hincapié en la transparencia de la gestión, en un momento histórico en el que es posible que la tecnología brinde detalles de información que antes eran imposibles de lograr, se hace imprescindible el conocimiento pormenorizado de los logros de este tipo de organismos. Fueron creados contra la burocracia, el inmovilismo y la ineficiencia. Pues bien, para este caso, ¿han logrado disminuir la informalidad en sus nueve años de existencia? ¿En qué proporción? ¿Sus estadísticas están a disposición de todos? ¿Las prestaciones por desempleo constituyen un porcentaje importante de sus gastos? ¿Estos significan un costo menor que el existente en el pasado?

Por principio, cuesta creer que un organismo estatal que aplica una política esté a cargo de los propios privados. Sin embargo, más allá de prejuicios, puede haber formas novedosas de la organización del Estado, pero esas formas necesitan legitimarse al menos cumpliendo con los parámetros que lo justificaron. Sería interesante que el organismo en cuestión se pusiera metas cuantitativas: por ejemplo, reducir la informalidad en un 5 por ciento anualmente, de modo tal que en 12 años se llegue a la formalidad total. Este es un punto en que todavía se está en deuda y ejemplifica las debilidades de un Estado cuya fragmentación requiere revertirse.

* Profesor de la Universidadvde Quilmes.