En ciencias sociales, económicas, biomédicas, farmacéuticas, entre otras, que elaboran investigación original, informe, revisión, y que se precie de serio, imparcial y objetivo debería dar a conocer –por parte de sus autores– el denominado “conflicto de intereses”. A propósito, el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas define la existencia de “conflicto de intereses para un determinado manuscrito cuando un participante en el proceso de arbitraje y publicación (autor, árbitro y editor) tiene vínculos con actividades que inadecuadamente podrían influir su juicio, afecte o no afecte al juicio mismo. Las relaciones financieras con la industria (empleo, consultorías, tenencia de acciones, honorarios, testimonio experto) ya sean directas o a través de la familia inmediata, se consideran usualmente los más importantes conflictos de intereses. Sin embargo, los conflictos pueden ocurrir por otras razones, tales como relaciones personales, competencia académica y pasión intelectual”. En este sentido, vista la ausencia de mención de “conflicto de intereses” en el reciente informe energético y, más aún, examinado quiénes son sus firmantes (ocho ex secretarios de Energía de la Nación), su legitimidad y objetividad es como mínimo dudosa.

¿Existe algún tipo de relación entre sus autores y la industria del sector, las fuerzas político-partidarias en danza, que puedan influir o ser percibidas como influencias en el juicio técnico y profesional expresado en el documento? De los ocho autores, Daniel Montamat, Jorge Lapeña, Enrique Devoto y Emilio Apud presiden consultoras privadas en energía o se dedican a la asesoría independiente como actividad profesional. Varios mantuvieron algún tipo de vínculo con fuerzas opositoras actuales: en 2007, Alieto Guadagni fue candidato a gobernador bonaerense por Adolfo Rodríguez Saá; Emilio Apud fue referente de Recrear en la provincia de Buenos Aires en 2004. Uno de ellos, Daniel Montamat, fue testigo ante el Ciadi por El Paso Energy contra el Estado argentino.

¿Puede considerarse objetivo y por ende técnicamente relevante un informe con autores de esta naturaleza? ¿Contribuye al debate? ¿Ofrece soluciones a la problemática estructural del sector?

Desde el punto de vista técnico, en ese informe resulta llamativa no sólo la utilización de determinados períodos y valores para su justificación empírica, sino que el grueso de las críticas vertidas se contradicen con los resultados demostrados por los autores al frente de la Secretaría de Energía (en diversas ocasiones entre 1986 y 2003). Básicamente y en relación con la década del noventa y hasta la asunción de Néstor Kirchner, protestan por la falta de inversiones en exploración de hidrocarburos y en la merma de la producción de petróleo y gas natural, factores que sumados a la paulatina dependencia hidrocarburífera de las matrices energética y eléctrica colocan al país al borde del fin del autoabastecimiento.

A propósito, corresponde acercar algunas reflexiones:

1. Durante el período 1990-2006, las empresas del sector nunca lograron superar las reservas certificadas de 1989, por demás alcanzadas en un 90 por ciento por YPF Sociedad del Estado, ni reponerlas a las tasas con que sí lo hizo la estatal a lo largo de su historia.

2. La Argentina alcanzó su pico de máxima extracción en 1998 producto de la sobreexplotación irracional de sus yacimientos, una consecuencia directa del aumento casi exponencial de la extracción a partir de la privatización de YPF con una reposición de reservas prácticamente nula. En efecto, en 1998 la extracción se ubicaba cerca de unos 50 millones de metros cúbicos, pero las reservas eran las mismas que en 1990, cuando la extracción rondaba un 40 por ciento menos.

3. Al haberse planificado la extracción con el único fin de exportar, se menoscabó el horizonte de reservas del país. Desde el preciso momento que comienza a exportarse petróleo (en 1988), se afecta la futura provisión interna de este energético.

4. La exploración de pozos de petróleo y gas registró su máxima caída histórica entre 1995 y 1999, mientras que los perforados entre 2005 y 2007 figuran entre los valores más altos desde 1998. La vinculación del precio internacional con el esfuerzo exploratorio registrado por las empresas entre 1996 y 2005, intuye a suponer un claro desinterés por ampliar la frontera petrolera del país.

5. Durante el período 1990-1999, el promedio de extracción gasífera fue de un 72 por ciento superior al registrado durante la década anterior, sin que por ello se beneficiara el mercado interno sino todo lo contrario: todos los gasoductos construidos (10 en total) se destinaron a la exportación. En igual dirección, el horizonte de reservas cayó en igual período un 44 por ciento (-3,6 por ciento anual), sumado al agravante de comenzar las exportaciones de gas en 1997.

Entre 1989 y 2003 no existieron inversiones ni se concretaron obras de ningún tipo en materia de ampliación del Sistema Argentino de Interconexión, expansión del sistema de transporte de alta tensión, sistemas de transporte por distribución troncal y construcción de nuevas usinas hidráulicas, térmicas o nucleares. El resultado fue una nula diversificación de la matriz energética nacional con el agravante de un incremento de la potencia instalada del parque de generación hacia la termoelectricidad pero con la anulación de los planes nucleoeléctrico e hidroeléctrico nacionales.

La ausencia de “conflicto de interés”, la notable falta de autocrítica por parte de los ex funcionarios involucrados, sumados al usufructo que la gran prensa y la oposición hicieron del tema, perjudican sobremanera la perentoria necesidad de un debate nacional profundo en relación con esta cuestión. De igual forma que con la resolución 125, la energía queda politizada al extremo.

* Especialista en temas energéticos. [email protected]