La Argentina se constituyó como una nación de puertas abiertas. A fines del siglo XIX, el arribo masivo de inmigrantes conformó “la Argentina aluvional”, como la denominó el historiador José Luis Romero. El país se convirtió en el mayor receptor de inmigrantes de América latina. En 1895, el censo nacional reveló que más de la mitad de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires eran inmigrantes, con amplia mayoría de italianos y españoles. En la segunda ola inmigratoria –entre 1895 y 1914– ingresaron al país casi 4 millones de personas. En 1914, un 30 por ciento de la población total residente era inmigrante. A pesar de todas las complejidades de ese proceso histórico (en la que no faltaron reacciones xenófobas), los inmigrantes se integraron a la sociedad y al mercado laboral. Con la crisis del ‘30 y con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la corriente inmigratoria se detuvo, reanudándose a mediados del siglo XX, aunque con menor dinamismo que en décadas precedentes. A partir de ese momento, el mayor aporte inmigratorio fue de países limítrofes. En el último cuarto del siglo pasado, la Argentina se transformó en un expulsor neto de flujos migratorios, especialmente de mano de obra calificada.

En su trabajo Migraciones internacionales en la Argentina: un análisis de sus determinantes y de su relación con el mercado de trabajo, la investigadora Roxana Maurizio sostiene que “la reversión de estos flujos estuvo asociada al menor dinamismo económico que experimentó la Argentina luego de la Segunda Guerra Mundial y que implicó para el país un retraso respecto de otras economías con mejor desempleo económico, juntamente con una fuerte inestabilidad política a lo largo de su historia”. Ese reflujo tuvo un breve paréntesis durante los primeros años de la convertibilidad. La sobrevaluación de la moneda nacional (que elevó los niveles salariales relativos en dólares) y el inicio de un ciclo económico ascendente sedujo a algunos habitantes de los países vecinos.

El último censo de población del año 2001 relevó la presencia de 1.531.940 extranjeros residiendo en el país, que representa apenas el 4 por ciento de la población total. El 60 por ciento proviene de los países limítrofes. De ese total, el 33 por ciento son paraguayos, el 23 por ciento bolivianos y el 21 por ciento chilenos. Un caso especial es el de la comunidad peruana, que viene registrando desde la década del ‘80 un importante crecimiento, representando en la actualidad casi un 10 por ciento del total. Contabilizando todo el universo, los inmigrantes más numerosos son los paraguayos (21%), bolivianos (15%), chilenos (14%) e italianos (14%). A su vez, el 60 por ciento se radica en el Area Metropolitana de Buenos Aires.

Con respecto a su nivel educativo, poseen menores credenciales que la población nativa: el 70 por ciento no terminó la escuela secundaria. Maurizio aclara que “esta situación encubre diferencias muy importantes según la nacionalidad. En particular, los oriundos de Paraguay presentan los menores niveles de educación, seguido por Chile y Bolivia. Por el contrario, los uruguayos y, fundamentalmente, los peruanos presentan niveles de escolarización que, incluso, superan a los promedios alcanzados por la población nativa”.

En general, los inmigrantes se dedican a tareas de la construcción, reparaciones, comercio al por menor, servicio doméstico y algunas actividades industriales (textil). Esos trabajadores tienen un mayor grado de precariedad laboral tanto en lo referente a la intensidad horaria como en lo que respecta a su registración formal que los trabajadores nativos. Adicionalmente, el porcentaje de hogares pobres –encabezados por jefes no nativos– es un 10 por ciento superior al registrado en aquellos hogares con jefes nativos. Esa brecha no es explicada por diferencias en la tasa de ocupación. Al contrario, la tasa de empleo de los trabajadores no nativos es notoriamente superior a la de los nativos, lo cual resulta lógico debido a que la causa principal de esas migraciones es la búsqueda de oportunidades laborales. Por eso, Maurizio sostiene que “parecen ser los ingresos reducidos que perciben los integrantes de estos hogares más que la falta de trabajo lo que determina que las familias con jefe migrante no logren cubrir sus necesidades básicas, alimentarias y no alimentarias. Ello se debe, asimismo, a la mayor precariedad que exhiben los puestos de trabajo a los que ellos acceden, mediados en general por episodios de segregación y discriminación, fenómenos que afectan aún con mayor intensidad a las mujeres”.

Debido a la situación de ilegalidad en la que se encuentran muchos inmigrantes, algunos empleadores se aprovechan. Para atemperar esas injusticias, el gobierno nacional impulsó una legislación que facilita la regularización migratoria. Al amparo de esa norma, 700 mil personas solicitaron su radicación en la Argentina: encabezaron el listado los paraguayos (320 mil), les siguieron los bolivianos (240 mil) y los peruanos (138 mil).

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