El superávit fiscal primario que presenta Argentina como uno de los pilares del modelo posconvertibilidad es, en realidad, una política que ha logrado consolidarse a lo largo de casi dos décadas. El fuerte ajuste fiscal de 1990 llevó, en parte gracias al profundo proceso de privatización de empresas públicas, a revertir una constante presencia de resultados negativos en el sector público nacional no financiero, inaugurando una nueva tendencia signada por resultados “positivos” en este terreno.

A excepción de 1996, por el impacto de la crisis mexicana, y en menor medida en 2001, la Argentina ha mostrado un superávit fiscal primario constante desde 1991. Es cierto que esos números se han consolidado a partir de 2003, alcanzando niveles inéditos de más del 3 por ciento del PBI, pero este cuadro de situación no es privativo de nuestro país. La mayor parte de nuestros vecinos han emprendido procesos similares, con muy importantes niveles de superávit primarios sostenidos durante varios años, y que en algunos casos han superado el 4 por ciento del PBI en 2008. El propio Evo Morales suele reivindicar las bondades de que Bolivia haya alcanzado un elevado superávit fiscal, mostrando el nivel de consenso que parece tener ese “logro”, incluso entre los defensores de políticas críticas.

Sin embargo, el nuevo escenario mundial planteado por la actual crisis parece develar en su aspecto más brutal la asimetría con que funciona el sistema financiero internacional. No es que esto sea novedoso, pero la crisis nos pone hoy, en forma abierta, ante la evidencia de que no todos están sometidos a las mismas “leyes”. Mientras en nuestra región la búsqueda desesperada del superávit fiscal primario es presentada como un objetivo deseable e ineludible, en los países desarrollados vemos día a día cómo los déficit fiscales se disparan a niveles sin precedentes.

Estados Unidos acaba de anunciar que en tan sólo nueve meses del ejercicio fiscal 2008-2009 ya han superado el billón de dólares de déficit sólo a nivel federal. Los megarrescates para bancos, compañías de seguros y automotrices, entre otros, no son gratuitos. Paralelamente, estados tan importantes como California comienzan un proceso de emisión de pagarés que recuerdan bien a las cuasimonedas que circularon entre nosotros. Al menos seis otros estados de ese país podrían tomar el mismo camino en los próximos meses.

En Europa las cosas no van mucho mejor. Los compromisos fiscales asumidos en el Tratado de Maastricht han estallado en mil pedazos por los constantes incumplimientos de sus principales socios. Alemania intentó con mucho esfuerzo reducir su déficit fiscal, pero la crisis abortó el ajuste, y se estima que tendrá un resultado negativo de más de 4 puntos de su PBI en el presente año, y de 6 en 2010. En Francia las alarmas suenan hace rato por un déficit estimado en 7 puntos del PBI para el presente año, y aun superior en 2010, y una deuda pública equivalente al 88 por ciento del PBI galo. En el Reino Unido el impacto de la crisis ha generado un déficit fiscal estimado en 12,5 del PBI, con una deuda pública que rondaría el 80 por ciento del mismo y en el mediano plazo superaría el 100 por ciento. Qué decir de Italia, que hace muchos años que presenta números fiscales más propios de economías periféricas de los años ‘80: con un déficit estimado en 4,6 puntos del PBI, una economía en fuerte contracción y una relación deuda/PBI que alcanza, en el presente año, el 115 por ciento y que seguirá creciendo.

¿Pero por qué los países centrales mantienen sus elevados niveles de déficit fiscal, a pesar de que el peso de sus deudas, medido en relación a sus producciones de riqueza, es bien superior al que presentan los países latinoamericanos? Simplemente porque la reversión de los mismos significaría la latinoamericanización de sus sociedades. Si tuviesen que reducir sus gastos públicos para lograr niveles de superávit fiscales primarios como los que encontramos en nuestra región, eso sería el fin de sus políticas sociales, el colapso de sus sistemas previsionales, de salud o de sus sistemas de transporte.

Por ello, la acuciante evidencia que presenta la actual crisis mundial, al poner sobre la mesa en forma descarnada las diferencias y el doble estándar que rigen a los sistemas financieros mundiales, donde se juegan fundamentalmente las relaciones de poder político entre los países, hace trinar las contradicciones entre el discurso económico y las necesidades políticas, abriendo grietas con consecuencias aún impredecibles en el mediano plazo. ¿Los “mercados” sancionarán a las economías desarrolladas dejando de refinanciarlas? ¿Estas emprenderán ajustes que comprometan sus gobernabilidades o se terminará por admitir en forma abierta que el bienestar de los países desarrollados se sostiene sobre reglas inalcanzables para los países periféricos?

* Economista, profesor de Teoría del Estado, UBA.