Se abrió el diálogo. Ya aparecieron opiniones acerca de los temas a abordar. Los dueños de la tierra quieren discutir retenciones, o sea el sistema que grava sus rentas diferenciales extraordinarias y sus ganancias. Es lógico que así sea porque ése fue siempre, desde la fundación de la Nación, su principal preocupación. Los grandes industriales –agrupados en la UIA– pretenden que se traten las cuestiones referidas a salarios, tipo de cambio y precios. También es lógico que así sea. Un muy elevado tipo de cambio, su consiguiente efecto –baja de salarios– y la desaparición del control de precios en un mercado con estructura oligopolizada, desembocan en un crecimiento de la tasa de ganancia. Los comerciantes –representados por la Cámara Argentina de Comercio– postularán, como la UIA, que no haya aumento de salarios.

Estos actores sociales y sus peticiones reflejan al sector más concentrado de la economía, ansioso siempre de asegurarse una creciente tasa de beneficio a costa de los ingresos de los sectores populares. Con esas propuestas se provocaría una caída de salario real de los trabajadores formales e informales, el posterior deterioro del mercado interno y un creciente desempleo. La consiguiente revalorización del rol exportador en desmedro del consumo endógeno de esos sectores concentrados implicaría un retorno al modelo neoliberal. Este es el objetivo de los que controlan esas corporaciones gremiales de empresarios.

Si se definiera de este modo la mesa de diálogo se generaría un grave retroceso social y político. ¿Cómo evitarlo? Incorporando a esa instancia a las organizaciones sociales que asumen intereses de los sectores de la pequeña y mediana empresa rural y urbana. Estos defienden el mercado interno y rara vez aparecen en los medios.

Al respecto, interesa particularizar en los productores agrarios –dueños o no de la tierra– que suman más de 200 mil y pueblan nuestras áreas productivas. Si se privilegia solamente a las cuatro entidades conocidas para representar al “campo”, esas otras organizaciones quedarían excluidas del debate. Los pequeños productores y los campesinos distribuidos por todo el país (preferentemente en las regiones extrampapeanas) suman más de tres veces la cantidad de productores de carne, soja y cereales. Poseen una fuerte inserción en la producción de materias primas y alimentos destinados al consumo interno y a la exportación. Son los que apuestan a una economía integrada, basada en la expansión del consumo nacional, dedicados a la producción de frutas, hortalizas, legumbres, algodón, té, yerba mate, tabaco, uva para vino, tubérculos, aves, huevos y otros animales de granja, especies. Gran parte de ellos se encuentran en organizaciones gremiales que los representan y los defienden, entre otras, el Foro de la Agricultura Familiar, el Mocase (Movimiento Campesino Santiagueño), el Mocafor (Movimiento Campesino de Formosa), el Movimiento Agrario Misionero, Vía Campesina, el Frente Nacional Campesino, la Federación de Viñateros de San Juan y su homóloga de Mendoza, la Federación de Productores de Fruta del Valle del Río Negro. Ellas asumen el papel de respaldar el accionar de los agricultores que viven en sus fincas, con sus familias, dando alimentos a los hogares argentinos. Se han expresado claramente como acérrimos defensores de un modelo económico y social productivo e inclusivo. No poseen, en general, más que cinco o diez hectáreas de tierra por unidad productiva. Allí se concentra la pobreza rural y se manifiestan, todavía, serios problemas de títulos de propiedad de la tierra. Viven con sus familiares en los predios agrícolas, a diferencia de los dueños de establecimientos ubicados en la Pampa Húmeda. Sus dueños habitan en ciudades cercanas o lejanas a sus fincas y allí reciben los beneficios económicos de sus campos, actividad llevada adelante por arrendatarios o contratistas.

Los pequeños productores familiares, en cambio, deben vender su fuerza de trabajo fuera de sus predios para completar sus ingresos necesarios para la subsistencia. En no pocos casos acuden a la producción para el autoconsumo a fin de completar su dieta alimentaria. Las tecnologías que manejan y la estrategia para conservar la tierra suelen ser las tradicionales, sin el uso de aditamentos químicos, ni el desgaste o la destrucción de la calidad de los suelos. Hay una alta proporción que obtiene el recurso hídrico mediante el riego. Es habitual que tales prácticas técnicas no puedan ser mejoradas o renovadas por carencia de capacidad de acumulación. Por supuesto, sus reclamos no tienen que ver con los impuestos a la renta extraordinaria. Sus demandas deben ser escuchadas. Los productores familiares requieren apoyo para asegurar su subsistencia y merecen que el Estado intervenga para equilibrar su poder de negociación frente a intermediarios que los explotan. Ambicionan ingresar en sistemas de crédito de fomento para ir renovando sus saberes técnicos sin dañar la sustentabilidad ambiental de lo que producen. Aspiran a que se los asista para ingresar a mercados internos y externos sin ser expoliados por la intermediación. Confían en que la nueva ola de instituciones estatales reguladoras implantadas desde el año 2002 actúe a favor de ellos y no de los grandes empresarios que no necesitan apoyo. Reclaman la provisión de bienes públicos, que les permita eliminar enfermedades endémicas, acceder a educación de calidad y disponer de información adecuada para tomar decisiones. Es imprescindible que estén presentes en la mesa de diálogo. Es hora de dar voz a los que no tienen voz

* Economista e Investigador del CEUR/Conicet.