Seguramente la decisión del gobierno de Manuel Zelaya de elevar los salarios, incorporar a las mujeres al seguro social obligatorio, combatir a los monopolios petroleros y la voluntad de importar medicamentos genéricos desde Cuba, fueron cosechando poderosos enemigos en su contra. Sin embargo, la paciencia de los golpistas se vio definitivamente colmada con la propuesta de reforma de la ley minera.

Según numerosos ambientalistas de la región, la historia comienza poco tiempo después del paso del huracán Mitch por territorio hondureño, cuando empresas de Canadá y Estados Unidos prometieron importantes inversiones a cambio de una “adecuada” legislación minera. A fines de los ‘90 (decreto 292/98), se reforma la vieja ley de 1968, asegurando enormes beneficios a las empresas concesionarias y habilitando la utilización de métodos de extracción y explotación prohibidos en la mayoría de los países del mundo. Entre otras, se limitó el control ambiental y se garantizó que la explotación de las minas quedara reservada exclusivamente a las empresas privadas, las concesiones se declararon de carácter irrevocable y se habilitó la expropiación forzosa. A su vez se garantizó la estabilidad fiscal y la vigencia de regalías e impuestos muy inferiores a los estándares a escala mundial.

Con la entrada en vigor de la nueva norma se dispararon las inversiones y las concesiones. Así, en la actualidad, el 31 por ciento del territorio hondureño se encuentra concesionado para la explotación minera, mientras que la comercialización de oro creció a punto tal que hoy es el quinto producto de mayor exportación del país. En este marco, las empresas canadienses, encabezadas por los emprendimientos mineros, se convirtieron en uno de los más importantes inversores en Honduras.

A raíz de este crecimiento sectorial, con las primeras experiencias de explotación minera a cielo abierto, se multiplicaron las denuncias por contaminación y los reclamos por la “desigual distribución de los beneficios”. Los casos de contaminación más resonantes fueron protagonizados por dos de las empresas canadienses más importantes que operan en la región. Por una parte, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras multó a la firma Goldcorp Inc. (mina San Martín) por descargas de cianuro que provocaron, entre otras cosas, la inutilización de la tierra y la muerte de ganado. Por otra parte, Yamana Gold fue denunciada, en agosto de 2007, por derramar 5700 litros de agua con cianuro al río Lara (mina San Andrés), acción que fue interrumpida por la protesta de los pobladores.

Este proceso, negativo en términos medioambientales y de los intereses económicos de la nación, se interrumpió en 2006, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de 13 artículos de la ley de minería y sugirió la redacción de una nueva reglamentación que contemplara los intereses de la república y de los distintos grupos en disputa (empresas canadienses y organizaciones ambientalistas y políticas). Luego de casi tres años de debate, el 24 de mayo de 2009, el presidente Zelaya presentó al Congreso un proyecto de ley para reglamentar la actividad minera. Entre los puntos más importantes se proponía la actualización impositiva de la actividad, la prohibición de la utilización del método de explotación a cielo abierto, la consideración de la opinión de las comunidades locales para definir la entrega de nuevas concesiones y la prohibición de la utilización de reactivos químicos como cianuro, mercurio y arsénico.

Si bien el Congreso nacional tenía previsto comenzar el debate parlamentario el próximo 16 de agosto, el 28 de junio las Fuerzas Armadas hondureñas tomaron el control del gobierno y cerraron las puertas del Poder Legislativo. Mientras tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Minería Metálica de Honduras –que había calificado al proyecto de ley como irracional y desmedido– declaraba en el diario La Tribuna que la “situación política actual era irreversible” y que ésta presentaba “una oportunidad para producir más e invertir más”. No es lo que piensa la enorme de cantidad de referentes sociales y políticos perseguidos día a día en el país caribeño.

Lamentablemente tanto Goldcorp Inc. como Yamana Gold también operan en nuestro país, repartiéndose la mitad de las tenencias accionarias de Bajo de la Alumbrera (Catamarca), uno de los principales yacimientos metalíferos del mundo que explota a cielo abierto. Compartiendo las prácticas que despliegan en el país caribeño, han sido foco de múltiples denuncias por contaminaciones medioambientales y daños a la salud de personas expuestas a sus residuos, a punto tal que el vicepresidente primero de Minera Alumbrera se encuentra actualmente procesado por la Justicia federal, acusado de “contaminación peligrosa para la salud”.

Además de consumir el 90 por ciento de la energía eléctrica de Catamarca, Minera Alumbrera produce la generación de campos electromagnéticos, aumentando los riesgos de leucemia infantil. Incluso, el Hospital de Andalgalá confirmó que las enfermedades respiratorias de los niños se duplicaron durante los años de explotación de la mina. La preocupación de los catamarqueños se extiende por la inminente producción metalífera en Agua Rica, donde Yamana Gold detenta la totalidad accionaria de la concesión. Cabe resaltar que la exploración y explotación minera cuenta, actualmente, con significativas ventajas comparativas, producto (además de la dotación de recursos naturales del país) de un marco normativo sumamente atractivo para las empresas extranjeras, en detrimento del patrimonio nacional. Entre otras, la estabilidad fiscal, las exenciones impositivas por la importación de bienes de capital, el régimen de amortizaciones aceleradas y las insuficientes políticas arancelarias (canon y regalías del 3 por ciento del valor boca de mina), permiten inéditas tasas de rentabilidad: la ganancia neta de Minera Alumbrera fue “apenas” del 60 por ciento en 2007.

Las graves consecuencias económicas y sociales y, ahora también, políticas –que ocasiona la particular forma de explotación y los poderosos intereses extranjeros que dominan el escenario minero en la región, y en el ámbito local– constituyen elementos insoslayables para considerar la controversia actual por los fondos procedentes de la distribución de beneficios de Minera Alumbrera a las universidades nacionales de nuestro país. La aceptación de los 86 millones de pesos, que surgen de la actividad de empresas como Goldcorp Inc. y Yamana Gold, por parte de las universidades nacionales no sólo representa una actitud complaciente con prácticas contaminantes y de apropiación extranjera del patrimonio nacional sino, también, con el despliegue de sórdidas políticas desestabilizadoras en la región

* Sociólogos - UBA.