La discusión acerca de las retenciones a las exportaciones de origen agrícola, confundidas como “impuestos al campo”, tiene un origen lejano, tanto en el tiempo como en el espacio, y se retrotrae a los orígenes del capitalismo moderno. A comienzos del siglo XIX en Inglaterra, dos de los más prestigiosos economistas clásicos (David Ricardo y Thomas Malthus) debatieron un tema equivalente: los impuestos a las importaciones de alimentos. Con el marco de las primeras decepciones acerca de las limitaciones que presentaba el capitalismo a la hora de difundir bienestar y de crecer, Malthus planteaba la imperiosa necesidad de limitar mediante altos impuestos las compras de alimentos del exterior, para promover su producción doméstica. Esta prohibición redundaba en dos efectos centrales: 1) Incorporación a la producción de tierras de menor productividad relativa, y 2) Reducción del poder de compra de los salarios medidos en granos.

En ese entonces nadie creía que con un salario se podía hacer otra cosa que comer. Por lo tanto, los salarios debían permanecer en su nivel de “subsistencia”. Cualquier incremento en los precios de los granos implicaba, de permanecer lo demás constante, en una caída de la tasa de ganancia de los que contrataban asalariados para producir. Como contraparte, Ricardo pensaba que se debía tratar de tener acceso a alimentos lo más bajo posible para poder generar ganancias en los capitalistas, que de ese modo invertirían cada vez más. Para Malthus había que mantener altas las rentas de los terratenientes que serían quienes compren los productos de los capitalistas; no los asalariados que sólo gastaban en comida.

El debate ocupó la primera página de los diarios de la época y en definitiva focalizaba en un tema: la forma en que se financia el desarrollo económico y la distribución del excedente social entre las clases (capitalistas, asalariados y terratenientes) compatible con ese crecimiento.

El debate duró desde la primera década del siglo XIX hasta el año 1846 en que fueron derogadas las denominadas Corn Laws, que supervivió a ambos actores (Ricardo y Malthus murieron en 1823 y 1831, respectivamente). La derogación de la ley de granos tuvo notable influencia en nuestro país, comenzando con el período en que nos transformamos en la principal proveeduría del Reino Unido en términos de granos y luego carnes, transfiriéndonos la problemática de manera simétrica, pero al revés, a nuestro territorio. Todo el potencial productivo se puso en función del nuevo mercado de manera legítima e ilegítima.

Este debate no existió sólo en Inglaterra. En los EE.UU., la guerra civil también fue entre un modelo de agroexportadores versus el crecimiento de la nueva burguesía industrial. Este evento sedujo a Sarmiento, falazmente citado recientemente, que admiraba al Norte y sostenía que se debía utilizar el excedente agrario para desarrollar las manufacturas.

En Japón, cuando la restauración Meiji (1867) tomó la senda del desarrollo capitalista, se deja atrás el feudalismo terrateniente, no sin violencia. En la Europa continental esta transición fue más aceitada, siendo muchos de los terratenientes los que luego se convierten en industriales.

Hoy, en la Argentina tenemos nuevamente este conflicto tipo ricardiano, presente en los ciclos de stop-and-go que caracterizaron los últimos 90 años de historia, y que se jalonaban incluso en el pendular entre gobiernos militares y civiles, como expresiones políticas de los proyectos (y grupos) en pugna. Y parecería que es una dinámica que no tiene solución en el actual contexto de capitalismo dependiente.

Es cierto que han cambiado muchos los actores. Los que participaron en el Grito de Alcorta en contra de los poderosos que los explotaban con elevados arriendos por la tierra, hoy son los que entregan sus campos a los grandes pooles, o alquilan su maquinaria al vecino, o se juntan para mantener rentabilidades aceptables con una actividad que entrega una parte de la misma a los propietarios de los paquetes tecnológicos. Pero lo que se mantiene es la duda acerca de cuál es el país que queremos. Esto es, qué capacidad de generación de empleo, qué patrón de crecimiento, con qué inserción en el resto del mundo, o sea, el sendero de desarrollo económico que aspiramos para esta tierra

* Docente FCE-UBA.