El proyecto en discusión acerca de la Ley de Medios de Radiodifusión ha recibido una modificación importante: se ha excluido la posibilidad de que las empresas telefónicas tengan acceso a la difusión de contenidos. Este cambio ha sido motivado por la dinámica de la política, no necesariamente atenta a las cuestiones de fondo (sobre todo en las circunstancias actuales de la Argentina). Pero, más allá de las intenciones, puede ser auspicioso si abre el camino a una necesaria redefinición regulatoria en el campo de las telecomunicaciones.

La privatización del servicio telefónico fue acompañada por la intención de desregular totalmente la actividad. Ello se vio plasmado en la normativa: nunca fue totalmente implementado por considerarse que aún no estaban dadas las condiciones para la competencia. Esta premisa –que contó desde luego con la entusiasta adhesión de diversos analistas–- suponía que las nuevas tecnologías eliminarían la necesidad de regular un servicio naturalmente monopólico. El centro del argumento era que se podía prescindir de las redes alámbricas, a la vez que era posible prestar servicio telefónico a través de las empresas de televisión por cable.

Era fácil avizorar ya en aquel entonces que este supuesto era totalmente falso. El espectro radioeléctrico no tiene capacidad ilimitada y la red de televisión por cable no tiene la misma morfología que una red de telecomunicaciones. Por su parte, la telefonía celular es totalmente inalámbrica sólo desde la antena próxima hasta el teléfono individual.

Suponer que era posible constituir un sistema competitivo era visiblemente una falacia y hoy día esta idea va ganando aceptación. Ocurre que por ahora no se perciben efectos negativos por monopolización, por dos razones: la tecnología aún se encuentra evolucionando aceleradamente (en términos de compresión de señal y uso de conductores), y la demanda ha crecido. Pero cuando esta doble expansión se desacelere podrá percibirse cómo los operadores de redes comenzarán a explotar su posición dominante. Y la historia enseña que tarde o temprano todas las expansiones tecnológicas se desaceleran.

A la larga, la solución pasará por considerar como un único vector al espectro radioeléctrico y las redes físicas. Un vector apto para el transporte de voz, datos, imágenes televisivas e Internet, cuyo acceso deberá encontrarse regulado. Su administración deberá contar con la concurrencia del Estado y las distintas categorías de usuarios. Más vale prepararse para esta circunstancia.

La reciente reforma abre una puerta en este sentido, al separar conceptualmente al productor/consumidor de información del transportista. Es necesario que esta separación se mantenga. Se asegurará así igualdad de trato para un conjunto de servicios esenciales. Para mayor claridad un ejemplo: no puede permitirse que una compañía aérea administre el aeropuerto que ella y otras competidoras utilicen en forma concurrente.

Es de esperar que, más allá de las vicisitudes coyunturales, haya claridad sobre esta cuestión para pensar el largo plazo de las telecomunicaciones

* Economista. Cespa-FCE-UBA.