Después del anuncio de la devolución de las retenciones a los cereales, un regalo gubernamental a los productores menos grandes otorgado en aras de la concordia, y cuando todo parecía entrar en calma relativa, los ánimos volvieron a tensarse. Nadie pensaba que los conflictos que enfrentan a las corporaciones agropecuarias con el Gobierno habían terminado, pero se anhelaba un período de tregua un poco más largo. Al menos para cambiar un poco de tema. Nada de eso, la vida del militante agropecuario es un poco más agitada que la del productor a secas y las acechanzas tributarias siempre están a la vuelta de la esquina.

Esta vez los hechos no comenzaron de la mano de la administración nacional, sino en la de la provincia de Buenos Aires. Si las cuentas no cierran, como es el caso, es necesario buscar cómo ajustarlas. Desde la recomendación privada el camino suele ser ajustar los gastos de los otros. Pero el mundo no es tan simple. No hubo que esperar mucho para que alguien traiga al ruedo uno de los temas tabú del agro bonaerense: la subvaluación de la propiedad territorial. Tema tabú porque ni siquiera se tocó en los momentos de mayor auge. En 2005, durante la gestión de Felipe Solá, se realizó una revaluación de la propiedad rural, pero cuando llegó el momento de traducirla a las boletas del inmobiliario se optó por evitar el aumento de la conflictividad sectorial. Esta semana, en cambio, la Cámara de Diputados provincial le dio media sanción a una reforma tributaria progresiva que llegará directa e indirectamente al agro bonaerense.

La vía directa será a través del ajuste del impuesto inmobiliario. En términos relativos se trata de una jugada fuerte. Unas 40 mil explotaciones pagarán un 25 por ciento más en promedio. Pero como el ajuste se realiza sobre una base subvaluada, en términos absolutos la cosa suena distinta. De acuerdo con lo informado por ARBA, y redondeando cifras, el inmobiliario rural recauda poco menos de 500 millones de pesos que surgen de una base de aproximadamente 30 millones de hectáreas. Expresado de otra manera, un promedio que ronda los 17 pesos por hectárea para las tierras más productivas de la Argentina. Con el ajuste se espera que la recaudación del año próximo por este ítem pase a algo menos de 650 millones de pesos. Un incremento menor a los 150 millones de pesos o de 5 pesos por hectárea. Claro que los promedios hacen que se pierdan los matices. El ajuste no se aplicará en forma indiscriminada, las zonas más ricas pagarán más, con aumentos que en el límite llegan al 90 por ciento y en otras, como en las zonas más castigadas del sur bonaerense, alcanzan incluso a la eliminación temporal del tributo. En rigor el shock más fuerte llegará a los exportadores, ya que se pretenden obtener 500 millones de pesos adicionales gravando el tránsito. Para tener una idea de lo que significan estas cifras y el aporte que le corresponderá al “campo” vale compararlas con los 68.000 millones de pesos en que se estima el Presupuesto bonaerense del próximo año.

La respuesta sectorial fue hablar de “impuestazo confiscatorio”, del “fin de la paciencia” y de “nuevo mazazo a la actividad”. Viniendo de la Mesa de Enlace, el exceso discursivo resulta predecible. Visto desde la política económica, la situación bonaerense es una muestra más de las dificultades que enfrenta la implementación de cualquier política de redistribución del ingreso, por tenue que ésta sea. La virulencia de los afectados y el previsible encolumnamiento de la oposición política se apreciarán más acabadamente en los días venideros.

La experiencia vale para recordar que las retenciones no son per se una herramienta de redistribución del ingreso, sino un instrumento macroeconómico. También que, en materia de política tributaria progresiva, la economía local es un terreno virgen.

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