En los últimos meses, la discusión en torno de qué hacer para enfrentar la pobreza ha cobrado relevancia en la agenda pública, impulsando como principal opción de política el ingreso universal a la niñez. En el Congreso habían sido presentados varios proyectos de ley, provenientes de diversos sectores del espectro político, tendientes a garantizar un ingreso no contributivo a la niñez. En este contexto, el 29 de octubre, la Presidenta anunció la instauración de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, a través del decreto 1602/09. Consideramos que esta iniciativa constituye un avance hacia el diseño de políticas de protección social en la Argentina, al concentrar la atención y la acción política en cómo asegurar un ingreso en cada hogar.

Mucho se ha debatido acerca de si se puede hablar realmente de una asignación universal, cuando la iniciativa está dirigida a un sector específico del universo. Según el decreto, los beneficiarios son los hijos de trabajadores informales o desempleados (y los discapacitados de por vida), resultando que la potencial incorporación de varios grupos (como los monotributistas con ingresos por encima del salario mínimo; los empleados del servicio doméstico y quienes ya reciben otros planes sociales), estará sujeta a definición en la reglamentación de la norma y se definirá así el grado de universalidad de la medida. Sin embargo, consideramos interesante destacar que el decreto va en una dirección positiva al intentar centrarse en aquellos que no recibían ninguna asignación por hijo y, consecuentemente, tendiendo a universalizar a través de la focalización. Vale la pena aclarar que algunos de los proyectos presentados en el Congreso abogaban por la incorporación de todos los menores de 18 años a la percepción del beneficio. No obstante, en el contexto del decreto y en ausencia de una reforma del sistema tributario, dicha inclusión devendría en un escenario claramente regresivo.

Un segundo punto interesante se desprende de los requisitos previstos en salud y educación. Lo cual indica un reconocimiento de que la cuestión social abarca el aspecto de los ingresos, pero que no termina en ellos. El beneficio previsto (un ingreso de 180 pesos mensuales) estará relacionado, en parte (concretamente, en 20 por ciento del ingreso), con el cumplimiento de condicionalidades en el ámbito de la salud y la educación. Esta asociación nos lleva a acentuar la responsabilidad que tiene el Estado, y no solamente las familias (siguiendo el concepto de la corresponsabilidad), en garantizar el bienestar de los menores, asegurando el acceso a servicios básicos de calidad.

Un tercer punto a atender es el rol fundamental que asumirá la Anses, en calidad de organismo de aplicación, tanto por su competencia (especialmente en lo referente a las asignaciones familiares) como por su reconocida capacidad de gestión. Sin embargo, la construcción de un sistema integral de protección social requiere no sólo de la participación de la Anses, sino también de la articulación con ministerios nacionales, provincias y municipios, instancias que deberán fortalecer sus capacidades de gestión.

Otro punto a ser considerado es el referente al financiamiento. Conforme lo establece el decreto, los recursos para financiar la asignación provendrán de dos fuentes: de los recursos establecidos en el artículo 18 de la Ley Nº 24.241 (que establece el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) y de los rendimientos anuales del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional. Se estima que el costo de la asignación será de 10.000 millones de pesos. Tanto por los argumentos referidos al conflicto intergeneracional como por aquellos relacionados con reformas tributarias, el Congreso debería definir la sustentabilidad de la medida, con un tratamiento profundo, por ejemplo, del Presupuesto 2010, algo que no ha ocurrido.

Consideramos que la presente medida contribuye a mejorar la situación social de familias que hasta el momento no eran alcanzadas por prestaciones estatales (ya sean beneficios contributivos o no contributivos), o las recibieron de un modo muy precario. No obstante, en el mediano o largo plazo será necesario el desarrollo de nuevas estrategias que ordenen el abanico de políticas sociales de manera integral. Esto incluiría repensar las modalidades de financiamiento utilizadas por ellas (considerando una potencial reforma de índole fiscal).

En síntesis y aun cuando queda mucho por recorrer para articular las diversas dimensiones que hacen al bienestar de la población, es un avance que se amplíe el actual Régimen de Asignaciones Familiares por hijo, a través de un componente no contributivo. Para que esto genere un impacto real en el desempeño de las políticas de protección social, deben articularse este tipo de reformas que buscan asegurar ingreso en cada hogar, con aquellas que se han hecho, o debiesen hacerse, en cuestiones tan críticas como la capacidad de retención del sistema escolar, y el acceso universal a servicios de salud de calidad, por citar dos ejemplos. En síntesis, se requiere avanzar decididamente hacia un sistema integral de protección social

* Director y coordinadoras del Programa de Protección Social de Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).