La historia de la Cooperativa de Trabajo Maderera Córdoba es muy similar a la de otras recuperadas. En este caso el relato comienza en la década del ’50 con don Vicente, por entonces un joven emprendedor y con mucha vocación de trabajo que levantó una empresa desde la nada hasta llevarla a liderar un sector del mercado. Con el paso de las décadas, ya en los primeros años del siglo XXI, los problemas personales se acumularon junto con las deudas. La hija, quien había gozado de los estudios a los que su padre no había podido acceder, no pudo remontar la corriente y la empresa quebró en diciembre de 2003. Las maquinarias tenían destino de remate y el terreno, en una muy buena ubicación sobre el 3165 de Avenida Córdoba, probablemente habría terminado cobijando algunos de los impersonales edificios a los que se acostumbró el vecindario. Pero no: los trabajadores ocuparon la empresa y la pusieron a funcionar en 2004 bajo control obrero.

La cooperativa, explican sus socios, contó con el fuerte compromiso de sus doce iniciadores y la suerte de que entre ellos quedara gente con experiencia tanto en ventas como en producción. Sobre estas dos patas, con el mínimo paraguas legal que le daba la expropiación aprobada en septiembre de 2004 y con un préstamo inicial de 6000 pesos, el negocio comenzó a prosperar. “Es que acá, por la ubicación, tenés en mostrador no menos de 150 clientes por día. Eso te da efectivo constante, algo poco habitual entre las recuperadas”, explica el socio y ex presidente, Guillermo Sabatella, en la oficina de la administración. El grupo supo aprovechar sus fortalezas y hoy es una prueba tangible de lo que puede permitir el cooperativismo en cuanto a crecimiento económico y personal de sus socios.

Lejos de las empresas que despiden gente para asegurar ganancias para unos pocos, en la cooperativa la diferencia máxima entre los retiros (el equivalente a los sueldos de una empresa) es de sólo el 10 por ciento. Es cierto que quien se encarga de las ventas podría, en una empresa privada, llevarse más por las comisiones, pero los demás socios están un 40 por ciento sobre el promedio del rubro, además de las utilidades que se reparten dos veces por año. Y por reglamento interno está previsto que los actuales 20 socios puedan tomar préstamos de la cooperativa para afrontar gastos especiales, una práctica que no era tan extraña en las empresas de hace unas décadas. En la cooperativa funciona una escuela secundaria y un bachillerato para adultos del Gobierno de la Ciudad (al que concurren cuatro de los socios) y hacen descuentos especiales a instituciones públicas. Todo eso lo lograron en cinco años de gestión. “Crecimos más que los chinos”, resume Sabatella.

¿Cómo se explica que los obreros tengan éxito donde fracasó un empresario? “El negocio en realidad siempre funcionó, el problema fue el nivel de deudas al que llegó el ex dueño y lo terminó de matar la gestión que realizó su hija”, argumenta Sabatella. Cuando todas las decisiones quedan en manos de una sola persona, las cosas se pueden descontrolar rápidamente. “Acá las decisiones del día a día las discutimos entre los miembros de la comisión y, si el tema es grande, lo llevamos a la asamblea”, explica Celia Rodríguez, una socia de la cooperativa que se incorporó luego de la recuperación.

Por desgracia tanto esfuerzo pende de un hilo legal bastante delgado. Es que las leyes de expropiación sucesivas que se aprobaron en favor de la cooperativa, la última el año pasado, preveían que el Estado pagara una indemnización a la quiebra, que nunca se efectivizó dentro del plazo, lo que forzó nuevas leyes. Las partidas presupuestarias para tal fin fueron aprobadas en todos los presupuestos desde los tiempos de Aníbal Ibarra, pero el dinero siempre terminó con otro destino. Una de las excepciones fue, justamente, uno de los terrenos de Maderera Córdoba que el Gobierno pagó debido a que el juez siguió adelante con la orden de remate ignorando la ley de expropiación. Lo que necesitaría esta cooperativa, al igual que muchas otras, es que se vuelvan a tasar los bienes, sobre todo los costosos inmuebles involucrados, que el Estado los pague y le dé 25 años a la cooperativa para devolver ese dinero como establece la última ley de expropiación. Mucho más costoso sería para el Estado aumentar la desocupación. “Nosotros estamos en condiciones de pagar y queremos hacerlo, para que esto sea de nuestros hijos el día de mañana”, asegura Sabatella.

* Miembro de la Fundación La Base.