La cuestión de la coparticipación federal se encuentra aún pendiente de tratamiento, pese a que la Constitución promulgada en 1994 daba un plazo definido para que se votara una nueva ley. Se trata de una decisión difícil: ninguna provincia querrá ver mermada su cuota, lo que da lugar a una suerte de veto recíproco en el ámbito legislativo. Los impuestos coparticipables han visto decrecer su proporción sobre el total del ingreso del Estado Nacional: hoy representan cerca de un tercio del total recaudado. A los reclamos provinciales, el gobierno nacional ha respondido con la redistribución de parte de lo recaudado por las retenciones agrícolas.

Pero esta perspectiva es limitada. El Estado nacional no sólo distribuye recursos vía coparticipación; también lo hace mediante el gasto directo en cada unidad territorial. La ejecución de un proyecto vial, por ejemplo, representa un beneficio para una unidad territorial concreta. Es menester entonces ampliar la mirada. Debe computarse el destino geográfico de la totalidad del gasto nacional, y también el origen territorial de los tributos que los financian. Esto es, cuánto financia y cuánto recibe cada provincia.

En un trabajo en curso, en el ámbito del Cespa (con apoyo de la Fundación F. Ebert), se analiza precisamente este punto. Anticipamos algunos, para el año 2005. En términos del producto geográfico per cápita, se identifican tres conjuntos de provincias. Las más “ricas” son las petroleras-mineras: Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y en menor medida Catamarca, merced a la renta primaria (que no queda en las provincias en su totalidad, desde ya). El siguiente grupo comprende las de mayor desarrollo relativo y diversificación: Capital Federal y Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, y también La Pampa y Río Negro (aunque esta última en parte genera también renta minera de alguna significación). Finalmente, las provincias restantes integran el pelotón más rezagado, en una lista que va (según el producto per cápita) desde Entre Ríos a Santiago del Estero y Formosa.

El estudio estima que la presión tributaria es más alta en el grupo de provincias pobres, y también en las provincias mineras, situándose en torno del 26 por ciento del producto; ya el lote restante exhibe una presión tributaria del 22 por ciento. Esto ocurre básicamente porque la imposición sobre el consumo pesa más en las áreas menos ricas, porque ahorran una parte proporcionalmente menor de su ingreso. Las retenciones sobre la producción agropecuaria, que recaen básicamente en la región pampeana, no logran contrabalancear este efecto.

El gasto sin embargo compensa holgadamente el impacto del sistema tributario, y beneficia más a las provincias menos favorecidas. Estas reciben erogaciones del gobierno nacional en su territorio que representan casi el 27 por ciento del producto, aunque las disparidades internas son aquí muy importantes. Las provincias mineras muestran un impacto semejante, mientras que el núcleo restante (básicamente, las provincias de mayor desarrollo) percibe un gasto que representa el orden del 20 por ciento de su producto.

El efecto conjunto de tributación y gasto se traduce en una transferencia neta hacia las provincias menos desarrolladas: se puede estimar en 5 puntos del producto. Es claro que esto no alcanza para corregir las diferencias de desarrollo entre regiones, como muestran los números y la realidad. Pero es interesante señalar que en términos comparativos, la coparticipación federal y el gasto fiscal restante no observan patrones muy diferentes, en su distribución territorial. Estos resultados aportan algunas indicaciones concretas, que deberán profundizarse. Sobre la base de estudios de esta naturaleza es que debe discutirse la cuestión de la distribución de los recursos. Estudios que además deben cubrir falencias muy considerables de información: tanto el cálculo del producto e ingreso geográficos, como la propia información acerca de la localización efectiva del gasto, no tienen la precisión que sería deseable.

* Cespa-Plan Fénix-FCE-UBA.