LA PRIVATIZACIóN DE ENTEL Y LA ACTUAL ALIANZA DE TELEFóNICA-TELECOM
El Gobierno amenazó con retirar la concesión de Telecom si su grupo controlante no avanza en la venta. Más que voluntad de recuperar ese servicio para el sector público, la intención es forzar la desinversión.
› Por Javier Lewkowicz
Las declaraciones del Gobierno sobre la posibilidad de rescindir el contrato de concesión a Telecom reabrieron el debate sobre la capacidad del Estado como prestador de servicios públicos. En el caso de las telecomunicaciones, el discurso dominante resalta la ineficiencia del sector público y su incapacidad para mantener a la empresa en la frontera tecnológica. En los ‘90, para justificar las privatizaciones, se utilizaron los mismos argumentos que dejaron de lado las causas reales que operaron en el proceso de la venta de estos activos estatales: una nueva alianza en el bloque dominante y la consolidación neoliberal. Esos procesos tienen relevancia para analizar la actual disputa.
El Gobierno anunció que está estudiando avanzar en la quita de la concesión a Telecom. Fue luego de que la compañía obtuviera un fallo a su favor que le permitió suspender provisoriamente el cronograma de desinversión fijado por Defensa de la Competencia, que consideró que la empresa tiene una posición monopólica en el mercado a partir de la vinculación societaria con Telefónica, su competidora.
Ambas multinacionales de telefonía obtuvieron la concesión del servicio a nivel local en 1990 al adquirir el 60 por ciento del paquete accionario de cada una de las dos empresas en que se dividió ENTel. Dos años más tarde fue vendido en la Bolsa otro 30 por ciento y el 10 por ciento restante quedó en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada. La privatización de ENTel fue la primera de gran relevancia dispuesta por el gobierno de Menem y representó el caso central del neoliberalismo como esquema de disciplinamiento de la clase trabajadora. También significó un realineamiento de las alianzas dentro del bloque dominante, permitiendo desplegar el “consenso neoliberal”, cuyo fiel reflejo fue el plan de convertibilidad.
En términos laborales, después del primer año en que ENTel fue privatizada, hubo una reducción del personal de 12 mil efectivos y los puestos de trabajo creados fueron muy inferiores en cantidad y más aún en calidad, bajo contratos precarizados. “La primera gran diferencia de política de personal observada entre el antiguo y el nuevo modelo es el comienzo de la aplicación de la flexibilidad del trabajo”, indica María Elena Brinkmann, de Flacso. Esto se pudo llevar adelante a pesar de la fuerte oposición del gremio. Por las largas y sucesivas huelgas, el servicio llegó a ser operado de forma provisoria por la Gendarmería y el Ejército.
Esta precarización, sumada al aumento en la jornada laboral, una muy fuerte suba de tarifas, el espectacular avance tecnológico en telecomunicaciones y una posición oligopólica en el mercado, permitió que las compañías telefónicas incrementaran su tasa de ganancia en forma extraordinaria. El Estado acompañó el proceso, otorgando el marco jurídico desregulatorio y absorbiendo los antiguos pasivos de la compañía estatal. En términos generales, a partir de la venta de ENTel comenzó el avance de las multinacionales en el área de servicios, motivadas por el abaratamiento de la fuerza de trabajo por el deterioro en las condiciones laborales, lo que fue un rasgo distintivo de la década.
La privatización de ENTel fue además la muestra de la nueva cooperación entre los distintos bloques dominantes que se dio a partir de la instalación del modelo de valorización financiera. El investigador de Flacso, Eduardo Basualdo, señala que “para los acreedores externos, las privatizaciones han constituido la opción más interesante frente a la enorme deuda del Estado argentino, permitiendo así garantizar el pago de los intereses corrientes a través de los ingresos recibidos en efectivo (producto de la venta del servicio telefónico). Para los grupos locales y los conglomerados extranjeros, esto implica la posibilidad de acceder al control de activos muy importantes y de mercados de monopolios preservados de la competencia”.
Si bien las deficiencias en el servicio estatal fueron un hecho que hoy es ineludible al analizar la venta de estos activos, en las privatizaciones en general, y en la de ENTel en particular, se dieron una serie de procesos que exceden a los argumentos que usualmente se esgrimen a la hora de discutir el tipo de esquema más conveniente. Por ello, la recuperación del análisis de ese proceso puede resultar de relevancia a la luz de la disputa con los italianos de Telecom.
Réplica y respuesta
ECUADOR
Estimado Zaiat: leí su comentario de ayer en Página/12 (Panorama Económico, sábado 13 de febrero) sobre la deuda del Ecuador, y como en el mismo se han deslizado algunos errores, me parece importante corregirlos. Seguramente Ud. ha sido mal informado, y dada su seriedad en lo que escribe, me apresuro a efectuar las aclaraciones correspondientes:
1. La Auditoría del Ecuador estuvo integrada por diez ecuatorianos y cinco extranjeros, siendo yo el único argentino que participó. Ni el embajador Espeche Gil, ni el Dr. Salvador Lozada, ni el Dr.Alfredo Carella –todos ellos amigos míos– fueron miembros de la Auditoría. Lozada y Espeche fueron consultores para algunos casos muy específicos.
2. Carella no podía exponer la posición más dura, porque no fue nunca miembro, ni consultor ni participó en ninguna reunión.
3. El informe al Presidente se entregó en forma privada a fines de septiembre y toda la Auditoría aconsejó repudiar la totalidad de la deuda. Yo fui la excepción, sugiriéndole al Presidente que sólo podían impugnarse los bonos global, por razones largas de explicar aquí.
4. El Presidente me hizo ir a Quito en noviembre, cuando se decidió la suspensión de los pagos y me pidió que presentara al país el informe final. Con posterioridad, y con el asesoramiento del estudio de abogados Rabinowitz, Leaderman, Standar, Krinsky sugerí la impugnación en Nueva York, y que para evitar embargos, se caucionaran los pagos en una cuenta especial. Correa, aconsejado por otros abogados norteamericanos, –Paul Reichler, del estudio Foley y Hoag– decidió negociar porque éstos le habían informado erróneamente que nada se podía hacer en los tribunales de Nueva York. De todas formas, Correa pagó el 35 por ciento y la deuda se terminó, no se canjeó por nuevos bonos. Aquí se hizo al revés, se canjearon por bonos atados al crecimiento y a la inflación, lo que hizo que la deuda volviera a aumentar, a pesar de los índices dibujados del Indec.
Ojalá que Ud. pueda lograr que se publique esta aclaración, porque jamás en Página/12 se publican mis mensajes aclaratorios, a pesar de haberme hecho un extenso reportaje en el año 2008, y sabiendo que cada cosa que escribo la puedo demostrar.
Un cordial saludo
Alejandro Olmos Gaona
Nota del editor:
La celeridad por aclarar permite sumar precisiones. Es poco relevante para analizar las recientes experiencias con la deuda argentina y ecuatoriana la composición (los detalles fueron publicados en un reportaje a la ministra de Ecuador, María Elsa Viteri, en Cash del 7 de diciembre 2008) y la posición de la Auditoría (no hubo la unanimidad que Olmos Gaona destaca, puesto que él mismo detalla que fue el único que propuso negociar). La comparación de ambos procesos y resultado de renegociación de la deuda externa es lo sustancial para evitar confusiones. Para comparar el pago en efectivo con una refinanciación a plazos se requiere un cálculo sobre flujo de fondos para equiparar montos: los 900 millones de dólares pagados en efectivo por Ecuador equivalen a 2532 millones de dólares al 3 por ciento a 35 años (bono Par) o 9056 millones al 8 por ciento a 30 años (bono descuento) de esquema argentino. En cambio, sí es una decisión política comprometer un esfuerzo financiero de toda la sociedad para el pago en efectivo o la elección de estirar el plazo de pagos para liberar recursos para otros fines. Sugerir que Argentina podía pagar en efectivo no resiste un análisis riguroso cuando fue el default más grande de la historia (100 mil millones de dólares), con una quita que implicó una disminución de la deuda total en casi 60 mil millones de dólares. En definitiva, más allá de deseos, Ecuador no repudió su deuda y su proceso fue bastante similar al argentino.
Alfredo Zaiat
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