La debacle griega

Por Carlos Weitz

La grave situación financiera por la que atraviesa Grecia ha reabierto debates vinculados con el diseño y la implementación de políticas públicas, tales como la conveniencia de llevar adelante planes de rescate que alcanzan a empresas o a países, así como la necesidad de mejorar la regulación de los sistemas financieros. La reciente crisis económica mundial obligó a los Estados a multiplicar su endeudamiento para rescatar principalmente al sector financiero. Estos rescates billonarios no son gratis, generando sacrificios que deberán ser afrontados por la sociedad de cada país en años venideros. No se critica la intervención estatal, que resultó absolutamente necesaria, sino la corriente que minimiza los costos que una crisis de esta magnitud puede tener sobre la población, y la necesidad por tanto de prevenir estos sucesos a partir de una correcta regulación de los mercados.

El riesgo sistémico que genera una crisis de confianza de proporciones lleva a que unos pocos encumbrados funcionarios deban resolver –en horas– cuestiones que involucran miles de millones de dólares, produciendo situaciones “injustas”, ya que muchas veces para evitar males mayores se termina “premiando” (rescatando) a instituciones o a ejecutivos que han sido responsables del problema.

La debacle de las finanzas griegas puso como principal actor de una crisis al sector público de un país integrante de la Unión Europea. Una de las explicaciones más usuales que justifican el rescate de determinadas empresas es la teoría del too big to fail (demasiado grande para caer) que sostiene que las consecuencias de la quiebra de una empresa de gran tamaño –dado el efecto contagio o desconfianza– puede ser mucho más costosa para un país que el rescate de la misma por parte del Estado. El caso griego muestra que esta teoría no solo se aplica a empresas sino también a países. El esfuerzo de la Unión Europea por evitar el default helénico puede explicarse –entre otros factores– en el hecho de que más de dos terceras partes de las obligaciones griegas se encuentran colocadas fuera de Grecia, fundamentalmente en instituciones financieras de otros países que integran la Unión Europea.

Los problemas de Grecia abrieron también un debate referido al efecto negativo que determinados productos financieros sofisticados pueden provocar. Los llamados credit default swaps (CDS) son instrumentos que protegen a inversores ante el incumplimiento de un deudor, de forma tal que quienes compran estos productos se ven beneficiados cuando un deudor deja de pagar. Si bien estos instrumentos pueden ser utilizados para cubrir riesgos, también pueden ser comprados con fines especulativos. En su edición del jueves pasado, The New York Times informó que algunos de los bancos internacionales que habían ayudado a Grecia a colocar (y a ocultar) su deuda en el pasado, actualmente se encontraban apostando a un default griego a través de la compra de estos seguros, operatoria que aceleraba aún más el deterioro de la situación financiera del país.

Como producto de estas operaciones, la ministra de Economía de Francia, Christine Lagarde, remarcó la necesidad de regular en forma más estricta estos productos derivados. En un ataque inusual de sincericidio –nunca recomendable para funcionarios obligados a sonreír y a crear expectativas positivas– el ministro de Economía griego, George Papaconstantinou, reconoció que la economía de su país se enfrenta a un descalabro terrible (terrible mess), señalando que solucionar el déficit griego iba a resultar tan sencillo como cambiar el rumbo del Titanic