Dom 07.03.2010
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Cuesta...

› Por Javier Lewkowicz

Gobiernos europeos buscan que beneficios previsionales adquiridos por los trabajadores sean una de las principales variables de ajuste para afrontar sus problemas fiscales. Además de suba de impuestos, congelamiento de salarios u otras medidas que están llevando adelante los países más complicados en el frente financiero, casi todas las administraciones están discutiendo modificar el sistema previsional. Las opciones que se manejan, en todos los casos, van en contra de los jubilados actuales y futuros. En cambio, ninguno contempla aumentar las contribuciones patronales. Buscan llegar a un esquema previsional que sea “autofinanciable”. Es decir, que no se deba sostener con recursos públicos provenientes de otras fuentes, lo que va en desmedro de un importante mecanismo de redistribución del ingreso.

Europa analiza recortes encubiertos a los jubilados y el incremento en la edad mínima para el retiro. Además, buscan que los regímenes privados aumenten su participación en detrimento del sistema de reparto, que rige en la mayoría de los países. Pero a mediano y largo plazo se enfrentan a otro problema: la creciente inviabilidad del sistema en términos de autofinanciamiento. La baja natalidad, el aumento del empleo en negro y la relativamente escasa incorporación de mano de obra al mercado laboral reducen los aportantes en relación a los pasivos, que a su vez se incrementan por el aumento de la esperanza de vida.

La postura que comienzan a llevar adelante los distintos gobiernos europeos con el sistema previsional está siendo apoyada e impulsada desde la OCDE, la organización que nuclea a los países industrializados. En España, la crisis y la decisión de reducir el déficit fiscal llevaron a anunciar el nuevo plan previsional. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quiere elevar la edad de jubilación de 65 a 67 años y aumentar el número de años necesario para calcular la pensión. Estos cambios encuentran fuerte rechazo en el movimiento obrero, que convocado por las dos principales centrales realizó manifestaciones en todo el país. En cambio, la OCDE manifestó su apoyo y propuso medidas complementarias.

En un documento referido al “problema previsional”, esa organización resaltó que los gobiernos deben considerar “vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida”. Con ello, confeccionar un sistema donde el momento del retiro se vea paulatinamente incrementado. En Gran Bretaña también están circulando propuestas de este tipo y ya hubo manifestaciones de repudio, argumentando que discrimina a favor de los estratos sociales de mayor poder adquisitivo, puesto que la esperanza de vida está correlacionada con la posibilidad de acceso a mejores condiciones de vida. Según un informe de la Universidad de Londres, “los más ricos viven siete años más que los más pobres y gozan de 17 años extra de buena salud”.

Los británicos quieren aumentar progresivamente la edad de jubilación de 65 a 68 años. “La gente va a tener que trabajar más tiempo, debido en parte a que nosotros, como nación, no vamos a ahorrar tanto como en el pasado para la jubilación”, indicó David Norgrave, presidente del Regulador de Pensiones. Según el National Institute of Economic and Social Research, extender la vida laboral durante 18 meses inyectaría 15 mil millones de libras a la economía de la isla.

Otra opción para la OCDE sería “aumentar la edad efectiva de jubilación mediante un incremento en el número mínimo de años necesario para obtener una pensión completa”. Un esquema de este tipo tiene el sistema francés, donde la edad mínima es de 60 años –la más baja de la Unión Europea–, pero el trabajador tiene que haber aportado 40,5 años para cobrar una pensión completa, cifra que se elevará a 41 en 2012.

“Otra medida apropiada sería computar las pensiones teniendo en cuenta la vida laboral completa y no sólo los últimos 15 años”, indica la entidad. Como el salario sigue una tendencia más o menos ascendente según la antigüedad en el puesto, el promedio salarial de toda la vida laboral será inferior al de los últimos 15 años de actividad. Mediante esta propuesta se busca reducir el haber.

Son todas manifestaciones de un fenómeno de corto plazo: la necesidad de mejorar las cuentas fiscales. Tal es el caso de España y de Grecia. Pero además, Europa está encarando un complicado proceso de redefinición del esquema previsional en vistas al mediano y largo plazo, para evitar que el creciente envejecimiento de la población jaquee la autofinanciación del sistema.

Uno de los factores que explican el envejecimiento es la baja natalidad, relacionada con la integración al mercado laboral de la mujer. Por otro lado, los avances de la ciencia alargan cada vez más la esperanza de vida y además el mercado laboral tiene dificultades para el ingreso de los jóvenes. Estos elementos definen un esquema previsional donde la proporción de trabajadores activos es cada vez menor en relación con los pasivos.

Otra opción que se estudia es ir cambiando el tipo de sistema previsional, que ahora son estatales con capitalización voluntaria, aunque la vía privada es minoritaria. La OCDE destaca que las reformas deberían complementarse con “una política clara dirigida a incrementar las contribuciones a las pensiones privadas”. En concreto, buscan que el sistema de reparto vaya quedando paulatinamente relegado, a favor de un esquema de ahorro personal.

Las estimaciones técnicas más usuales marcan que se necesitan 2,5 aportantes por retirado para que el sistema se autosustente. En la Argentina, esa relación es casi 1 a 1, pero el problema mayor es el desempleo y sobre todo la informalidad laboral, que roza el 40 por ciento. Los “teóricos del ajuste económico” se quejan de las moratorias y los planes de facilidad para jubilarse, que incrementaron sustancialmente la cantidad de pasivos. En Europa pretenden que el ajuste recaiga sobre los trabajadores con medidas que reducen el haber, limitan la inserción laboral de los jóvenes y aumentan los años laborales y de aportes.

Como los grupos políticos locales identificados con la corriente conservadora han replicado históricamente las estrategias de ajuste de los países centrales, no sería una sorpresa que esas propuestas de ajuste de la OCDE lleguen a estas latitudes. Mientras tanto, la ortodoxia ni aquí ni allá contempla que la sustentabilidad se puede alcanzar a partir del aumento de las contribuciones patronales, que descargaría parte del ajuste sobre los empresarios. Tampoco considera que el sistema previsional tenga un financiamiento estructural vía recaudación de impuestos directos, que constituye una forma progresiva de redistribución del ingreso

Horacio González, abogado de la CTA experto en derecho previsional

“Una ofensiva del capital financiero”

¿Qué evaluación hace de las modificaciones que pretenden llevar a cabo los gobiernos europeos en relación con el sistema previsional?

–Es parte de una serie de medidas de ajuste dirigidas a la clase trabajadora, tanto los activos como los pasivos. Ya desde hace tiempo que la OCDE y los organismos financieros internacionales dicen que hay problemas con la viabilidad del sistema previsional, también remarcando la necesidad de incorporar más activamente al sistema de capitalización. Estas reformas constituyen una ofensiva del capital financiero sobre el sistema de pensiones.

¿Buscan así mejorar las cuentas fiscales?

–El déficit público es un tema central. Hay una fuerte directiva de la Unión Europea para ajustar el gasto público y uno de sus componentes más importantes es la seguridad social.

Los gobiernos justifican la medida porque consideran que el sistema tiene una tendencia a no autofinanciarse.

–El problema demográfico es real pero no a corto ni a mediano plazo. En realidad se está obviando la discusión central, que es el carácter del sistema previsional: si es redistributivo o no. El sistema de pensiones constituye un mecanismo redistributivo de excelencia, para lo cual el Estado debe financiarlo con impuestos directos.

¿Cuál es la visión que fundamenta las modificaciones que están realizando?

–La noción del autosustentamiento está ligada con el esquema neoliberal, que no concibe al sistema previsional de forma redistributiva, sino como una unidad en sí misma. Es una confrontación entre dos enfoques. El neoliberalismo considera los derechos sociales como derechos condicionados. Un derecho puede estar condicionado, por ejemplo, por el momento fiscal. Esto lesiona el principio de progresividad, que estipula que los avances sociales no pueden retrotraerse

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