Avanza la reforma financiera de Obama

Regular los derivados

La propuesta del presidente Barack Obama de endurecer la legislación financiera avanzó un casillero esta semana. El miércoles pasado el Comité de Agricultura del senado estadounidense aprobó y trasladó a la Cámara para su tratamiento un nuevo proyecto de ley de derivados financieros.

Los derivados son productos financieros sofisticados cuyo valor “deriva” del precio de otros activos, tales como acciones, bonos, índices bursátiles, tasas de interés, tipos de cambio o materias primas. Estos productos se han vuelto cada vez mas complejos y resultan difíciles de comprender para los inversores comunes, estructurándose de forma tal que muchas veces escapan al alcance de los reguladores.

El motivo por el cual temas eminentemente financieros se debatieron en la Comisión de Agricultura y no en la de Finanzas se debe a que en sus orígenes, fueron los agricultores quienes utilizaron estos productos derivados para asegurar el precio de sus cosechas ante eventos negativos. A modo de ejemplo, un productor agropecuario puede a través de un producto derivado garantizarse el precio al cual venderá su cosecha en el futuro, asegurando de esa forma una determinada rentabilidad para su negocio.

Pero no es esta operatoria de cobertura de riesgos comerciales la que preocupa a los legisladores, sino la que se corresponde con productos más complejos que permitieron hacer crecer los créditos hipotecarios de alto riesgo que terminaron desencadenando la crisis financiera internacional, o los derivados de deuda (CDS) que amenazan a países con dificultades, como Grecia, Irlanda, Portugal o España.

La norma prevé que quienes operen estos productos sofisticados con fines de especulación deberán canalizar sus transacciones a plataformas de negociación y mercados que cuenten con las debidas garantías, de forma tal de evitar posibles incumplimientos que terminen afectando a la economía en su conjunto. Este punto busca evitar que se repita lo que sucedió con la compañía de seguros AIG que debió ser rescatada por la banca central de Estados Unidos (FED) por comprometerse a asegurar montos exorbitantes de productos derivados vinculados a hipotecas.

El proyecto de ley excluye de estas restricciones a las operaciones efectuadas por empresas que apunten exclusivamente a cubrir riesgos comerciales en vez de especular con activos financieros. También establece que aquellos bancos que deseen recibir asistencia financiera por parte del Estado cuando lo necesiten deberán desarmar sus mesas de operaciones de derivados, canalizando esas operaciones a través de una empresa subsidiaria o de otra institución.

Todos estos productos financieros operan en un débil marco de regulación y generan comisiones multimillonarias para los bancos. Destacados representantes de Wall Street no tardaron en hacer oír su quejas. Jamie Dimon, máximo ejecutivo de JP Morgan Chase calculó el efecto negativo de esta iniciativa legislativa, haciendo oscilar el costo para la industria financiera en una cifra que va desde los 700 hasta los 2000 millones de dólares. El presidente Obama denunció “los furiosos esfuerzos de un ejército de lobbistas”, señalando que “en Wall Street se olvidan de que detrás de cada dólar negociado en estos mercados hay una familia buscando comprar una casa, educar a sus hijos, abrir una empresa o ahorrar para su jubilación”. Este debate tiene lugar en un momento especial, ya que la comisión de valores estadounidense (SEC) acaba de lanzar una investigación contra Goldman Sachs –uno de los principales bancos de inversión del mundo– por ocultar información vital a los inversores referida a productos financieros vinculados con créditos hipotecarios.