La disputa en el Congreso por el impuesto al cheque volvió a instalar en la agenda política las dificultades que enfrentan las finanzas provinciales y, paralelamente, la necesidad de modificar el régimen de coparticipación federal. Las provincias tienen sus cuentas en rojo. Según datos oficiales, en 2003 generaban el 47 por ciento de sus ingresos totales. Y en 2008, el 42 por ciento. El aumento de sus tributos en los últimos siete años fue menor que el de sus gastos. El primer año de gestión kirchnerista, entre los 24 distritos recaudaron 42.652 millones de pesos frente a erogaciones por 41.023 millones. El año pasado, en cambio, tuvieron un déficit financiero de más de 10 mil millones de pesos: percibieron 162.977 millones frente a desembolsos por 173.487 millones. A esto se agrega que con la crisis de 2001, el Estado nacional se hizo cargo de las deudas de las provincias, que deben pagar año a año. Ese stock rondaba los 75.000 millones de pesos en 2004 y superó los 95.000 millones en 2008. La provincia que encabeza esa lista es Buenos Aires con casi 41.000 millones, seguida por Córdoba con 8500 millones y Tucumán y Chaco con algo más de 4000 millones cada una.

La debilidad de las arcas provinciales de hacer frente a sus erogaciones llevó a un aumento de los fondos provenientes del gobierno nacional. Según un estudio del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra), después de la crisis de la convertibilidad, los recursos distribuidos pasaron de 13.306 millones de pesos en 2001 a 75.000 millones en 2009. Sin embargo, en los últimos años, la coparticipación federal de impuestos perdió importancia relativa con respecto al total de gravámenes nacionales, que de 44.584 millones de pesos en 2001 subieron a más de 300.000 millones en 2009. Nicolás Arceo, investigador de Cifra, señaló que “si bien el monto coparticipable cayó en términos comparativos, se crearon otros fondos. Las transferencias directas aumentaron su participación en el total, es decir que el monto distribuido se mantuvo casi inalterado.

Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, las transferencias para gastos corrientes en 2009 fueron 26.000 de los 101.000 millones totales. El investigador del Cefid-Ar, Jorge Gaggero, opinó que “no se trata de una disminución de las asignaciones a las provincias. Más allá de que después del 2001 mejoró la asignación global, lo que se redujo es la porción de recursos de libre disponibilidad y, en cambio, aumentaron los recursos discrecionales. Esas reducciones conllevan pérdidas de autonomía fiscal y política”.

El régimen de coparticipación se rige por la ley 23.548 de 1988, que modificó la Ley de Coparticipación Federal aprobada en 1973. Esa norma establecía:

- un sistema único para distribuir los impuestos nacionales coparticipados;

- asignar el total recaudado a la Nación y las provincias, por partes iguales;

- distribuir, en forma automática, el 48,5 por ciento de dicho monto entre las provincias: 65 por ciento por población, 25 por ciento por brecha de desarrollo y 10 por ciento por dispersión de población.

A diferencia de la ley del ’73, que incluía pautas de distribución objetivas, los criterios de la del ’88 surgen de la distribución efectiva concretada entre 1985 y 1987. En definitiva, de la capacidad de negociación que tenían por entonces los gobernadores. Especialistas consultados por Cash observaron que la lógica del reparto en los años ’70 se insertó en un modelo de desarrollo tendiente a lograr un equilibrio regional. Para Gaggero, “la ley del ’88 se sancionó en un período crítico, con enormes problemas fiscales y sin análisis ni discusión suficientes. Los porcentajes de distribución fijados a cada provincia fueron bastante arbitrarios”. El régimen de distribución definido en los ’70 se modificó bajo el gobierno de Alfonsín y también durante la década del noventa. Esas alteraciones perjudicaron a las provincias más grandes. Entre las que mayores ingresos perdieron se encuentran Buenos Aires, Mendoza, Chubut, Córdoba y Santa Fe.

El impuesto a los créditos y débitos bancarios se coparticipan parcialmente, definido así desde su creación. En los hechos, la actual discusión alrededor del impuesto al cheque, mejorará la distribución de fondos en términos absolutos pero no en términos relativos. En 2009, ese tributo generó ingresos por más de 20.000 millones de pesos, pero su distribución representó el 4 por ciento de los fondos que llegaron a las provincias. Su coparticipación plena significaría un reparto de más de 8000 millones de pesos, aunque seguiría siendo menos del 10 por ciento de los más de 100.000 que repartió el gobierno de Cristina Fernández el año pasado, calcula Cifra. “Las provincias tienen una conducta facilista. Prefieren peregrinar a Buenos Aires a explotar sus bases tributarias propias. Coparticipar la totalidad del impuesto al cheque antes que duplicar el tributo a la propiedad tiene una consecuencia perversa: acentúa la regresividad del sistema y les quita autonomía fiscal y política”, concluyó Gaggero